Acabar con la Vicepresidencia… ¿una cortina de humo más?

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En Colombia, cuando hay escándalos que involucran a los gobiernos, de inmediato sus miembros buscan cualquier tema que genere impacto mediático para cambiar la atención de la ciudadanía, que ya no traga entero.

¿Será este el caso de la propuesta realizada por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo?. El alto funcionario de la administración de Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno tramitará, por la vía legislativa ordinaria (en el Congreso de la República), una reforma constitucional que elimine la figura de la Vicepresidencia de la República y se regrese al designado presidencial, al igual que ampliar el mandato del Presidente para que sea de cinco años y no solo de cuatro, como es en la actualidad.

Así lo planteó Cristo ante la Comisión Primera de la Cámara, en donde explicó: “Es el momento de evaluar y estudiar volver a la figura impecable que no generó lío, el designado presidencial, que no debió tocarse en la Constitución del 91. Discutamos la posibilidad de volver a la figura del designado, es más democrática, es el momento de hacerlo”.

El anuncio se hace en un momento en que hay un supuesto gran distanciamiento entre el Presidente Santos y el Vicepresidente Germán Vargas Lleras, señalado recientemente por el Partido de La U de recibir muchos beneficios del Gobierno, pero no lo defiende.

La otra propuesta del Gobierno, que expuso Cristo en esta reforma política, es que el periodo presidencial pase a cinco años. “Esto aplicaría para la próxima elección presidencial, que tenga cinco años y se iguala a toda la institucionalidad colombiana. Siempre y cuando haya un consenso”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la ampliación del periodo, para mantener la institucionalidad del país, también será para alcaldes, gobernadores, el Fiscal General, el Procurador General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo.

Otras propuestas

El Ministro del Interior  informó que entre los proyectos de reforma constitucional,  por la vía fast track (o rápida), se buscará reducir la edad del voto de 18 a 16 años, e implementar el voto obligatorio por dos periodos.

Se adoptará la financiación pública y estatal de las campañas, lo cual viene siendo estudiado por la comisión electoral especial que sesiona en estos momentos.

Se propondrá dejar la lista cerrada como el mecanismo de elección para el Congreso, con el objetivo principal de controlar los aportes privados. Se tramitará acabar la circunscripción nacional de Senado para garantizar la representación de todos los departamentos en la corporación y que sólo mantendría para los partidos con menos votos.

Se radicará el acto legislativo que reglamenta la adquisición gradual de los derechos de los partidos. “Es un marco jurídico que permite mantener las personerías y demás beneficios a movimientos que estén poder debajo de umbral y afiliados”, aclaró Cristo.

Finalmente, se habla de un ley estatutaria de coaliciones. “Vamos a traer la ley que permite a los partidos minoritarios que si de forma conjunta no hayan superado el 15 por ciento de la votación, puedan hacer coaliciones y hagan listas”, puntualizó el MinInterior.

Luego de estas propuestas, los críticos del Gobierno murmuraron que todo parece una cortina de humo para tapar el gigantesco escándalo de la firma constructora brasileña Odebrecht, que había pagado sobornos para recibir contratos en los proyectos de la Ruta del Sol (que va desde el interior del país a la Costo Caribe), cuyos dineros habrían ido a parar a la campaña electoral de reelección del Presidente Juan Manuel Santos en 2014.

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