El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que es ficha del Gobierno, firmó el contrato FP-155 de 2016 con la Presidencia de la República para asesorar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el fin de promocionar el Acuerdo con las Farc.
Antonio José Lizarazo Ocampo, quien fue ternado por el Consejo de Estado para integrar la Corte Constitucional, y acaba de ser elegido en el Congreso de la República como nuevo magistrado de ese alto tribunal, tendría una serie de impedimentos éticos y legales en ese alto cargo de la justicia colombiana.
Lizarazo, se desempeñó como miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el periodo 2002-2006, y fue apoyado para dicha aspiración por el ala del Partido Liberal que lidera el samperista Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ganó con 55 votos a favor en el Senado. Reemplazará al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, cuyo período termina el 3 de febrero de 2017.
Lizarazo firmó el contrato FP-155 de 2016 con la Presidencia de la República por cinco meses -desde el 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2016-, por un total de $69.900.000, con el objeto de asesorar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en relación con el Acuerdo firmado en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc Ep.
Había Su misión era promocionar la paz y lograr que el pacto con los rebeldes fuera posible política y legalmente. Lo puede ver completo AQUÍ. Este contrato es la causa de los impedimentos que tendría, a futuro, el magistrado y así lo reconoció el mismo Lizarazo ante los senadores que les preguntaron por el caso.
Como es sabido la Corte Constitucional será la competente para revisar las tutelas que profiera el denominado Tribunal para la Paz, estipulado en el Acuerdo de Paz, próximo a implementarse en el país, luego de la refrendación que haga el Congreso en los próximos meses.
Lo anterior significaría que Lizarazo, como magistrado de la Corte Constitucional, tendría un serio obstáculo para desempeñar su cargo, porque no sería un juez imparcial, ya que recibió un contrato del Gobierno Nacional relacionado precisamente con temas de la paz. En caso de hacerlo, sería juez y parte.
Antonio José Lizarazo tendría, necesariamente, que declararse impedido en casi todos los aspectos vinculados con el Gobierno y la paz y no sería la garantía de imparcialidad que debe mostrar la criticada justicia colombiana. El tema compromete la ética del reconocido jurista. La mayoría de sus casos, sobre la paz, los tendrían que conocer los conjueces.
