El golpe que le dio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, conformado por miembros del chavismo, a la Asamblea Nacional, elegida en forma popular, fue contundente y generó un choque de trenes de poderes en ese país.
La Sala Constitucional del citado Tribunal resolvió resolvió declarar “inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo las leyes que sean sancionadas”.
Lo anterior deja a Venezuela sin Poder Legislativo, pues su Asamblea Nacional, que es como el Parlamento, fue declarado inconstitucional, lo cual crea un limbo jurídico en esa nación.
El Tribunal, que el máximo intérprete de la Constitución venezolana, tomó esta controvertida decisión al considerar que la Asamblea cayó en “desacato”, al incorporar a los tres diputados o parlamentarios opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que representan al estado Amazonas, cuya juramentación había sido bloqueada por la Sala Electoral del mismo TSJ, atendiendo una demanda presentada por el chavismo, que los acusó de fraude en las elecciones.
«No vamos a acatar la decisión»
El Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, respondió que “no vamos a acatar ninguna decisión del TSJ ni de ningún poder que viole la Constitución”.
El legislador, opositor del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, recalcó que “nosotros estamos obligados a mantener la Constitución y oponernos a cualquier acto del poder público que la viole”.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal emitieron unos 25 fallos contra el Parlamento, limitando sus competencias y funciones.
Maduro contra la inmunidad parlamentaria
Antes de salir este fallo del Tribunal, Maduro había enfilado baterías contra los diputados de la Asamblea contrarios a su movimiento Revolucionario Bolivariano, o sea el chavismo, que están impulsando un referendo para sacarlo de la Presidencia de Venezuela.
El Mandatario anunció a principios de septiembre de 2016 que tenía listo un decreto para levantar la inmunidad de los diputados, especialmente los contradictores, con el fin de que fueran investigados.
“Aquí nadie se va a amparar en la inmunidad para cometer delitos”, dijo Maduro.
Los magistrados de ese poder judicial calificaron como “absolutamente nulas” todas las medidas que sean adoptadas por la Asamblea. De igual forma, advirtieron a los parlamentarios que sus actuaciones generarán “responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales”.
La oposición política del Gobierno chavista agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, no solo ganó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015, sino que logró hacerse con los dos tercios de la Cámara, quedándose con 112 curules. Con esa mayoría calificada, la MUD puede sancionar leyes orgánicas, aprobar un proyecto de reforma constitucional, remover a los integrantes del TSJ, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y hasta promover la instalación de una asamblea constituyente, entre otras cosas.
Pero ahora tiene las manos atadas porque el Poder Judicial les salió adelante y les «quitó» los poderes. El panorama político en Venezuela se torna cada día más difícil.
