«Entre la norma y el dicho hay mucho trecho».
Existen normas constitucionales y legales que son un saludo a la bandera en nuestro ordenamiento jurídico, porque pesan más las costumbres políticas o porque los juicios que debieran ser jurídicos están supeditados a los intereses de pocos, lo que los convierte en políticos.
A esta conclusión llego después del real sentido práctico que tienen preceptos que en su espíritu pretenden acabar las viejas y malsanas costumbres en nuestro sistema político y jurídico, entre ellas, las normas que castigan la doble militancia y el transfuguismo, derogadas tácitamente por la autoridad electoral, porque también éste órgano es político.
Ni qué decir del “histórico” anuncio que hace el Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en cuanto a que acusará al Magistrado de la Corte Constitucional Dr. Jorge Pretelt Chaljub.
Entre la norma y el dicho hay mucho trecho. ¿Por qué?
El artículo 178 de la Constitución Política de Colombia establece que en las atribuciones de la Cámara de Representantes, está la de acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación, entre otros altos funcionarios, a los magistrados de la Corte Constitucional.
Esta norma constitucional acaba de ser modificada por el acto legislativo denominado “reforma al equilibrio de poderes”, de donde surge el primer debate que se puede abrir en torno a la aplicación de la norma anterior o posterior, en caso de que ésta última le resulte más favorable a la defensa de Pretelt.
Un segundo debate se desprendería de las calidades de los miembros de la nueva Comisión de Aforados, que reemplaza a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en esta reforma, pues exige el cumplimiento de los requisitos requeridos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el primero de ellos, ser abogado. Es de público conocimiento que el instructor (congresista Julián Bedoya) del proceso de Pretelt no es abogado titulado.
El tercer debate consiste en que la reforma contempla expresamente el concepto de la inviolabilidad del voto de los magistrados de las Altas Cortes, condensado así: “…En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos.” Por las informaciones del desarrollo del proceso, ésta última parte no es clara porque hasta ahora la Comisión de Investigación y Acusación no ha descubierto las pruebas que ofrezcan certeza de la comisión del delito, porque todo se ha quedado en una constante vacilación del abogado Pacheco, quien no ha confirmado si le dio o no una comisión al magistrado Pretelt por la presunta intervención efectiva en la tutela Fidupetrol.
El cuarto debate es precisamente de contenido político, pues una vez presentada la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes, ésta deberá debatirla, lo que convierte inmediatamente ese proceso en una disputa política en la que los intereses personales jugarán un papel importante. La decisión de la plenaria tiene recurso ante el Senado de la República.
El quinto debate que es consecuencia del principio de favorabilidad de la ley penal, es el verdadero sentido de la reforma, pues ordena que cuando la investigación se refiera a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelante el juzgamiento. Aquí la pregunta es: ¿Los colegas proferirán una condena contra un magistrado de otra Alta Corte?.
Mientras todo esto sucede, el Legislativo tiene el deber de cumplir una sentencia de la Corte Constitucional que dice que en Colombia no puede existir juicios penales de única instancia, lo que pensando a futuro, una remota sentencia condenatoria contra Pretelt sería sujeta a la doble instancia.
Recordemos que el representante a la Cámara por Antioquia, Julián Bedoya, presentó publicamente el 17 de septiembre de 2015 un proyecto de acusación contra el magistrado Pretelt en la Comisión de Acusaciones, supuestamente porque este habría recibido dineros de la empresa Fidupetrol para favorecer una tutela en la Corte Constitucional. Vea en este VIDEO de La W Radio la acusación de Beodya.
Otro aspecto que puede incidir sustancialmente, es el resultado final de las demandas de constitucionalidad de la reforma al equilibrio de poderes que se surte actualmente en la Corte Constitucional, lo que podría representar que los demandantes “sin querer” le brinden una ayuda a Pretelt.
Por Germán Calderón España
Abogado Constitucionalista
