Están matando periodistas… Y aún no hay culpables

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La Otra Cara, asociada del Instituto de Prensa y Sociedad (ipys.org), recuerda
esta historia para que no quede en el olvido y se une al proyecto del Instituto
para evitar la impunidad en los crímenes de los periodistas latinoamericanos.
Veinte años después de haber ocurrido, el crimen de Nelson Carvajal sigue impune. Y la Fiscalía está a punto de archivar definitivamente el caso.

Por: Ginna Morelo y Fernando-Alonso Ramírez /Colombia

El día que mataron al periodista Nelson Carvajal, en Pitalito se quebró algo que nadie sabe explicar. La segunda ciudad más importante del departamento de Huila, para entonces con 85.000 habitantes, no conocía la violencia contra la prensa.

Veinte años después, a escasas seis semanas de que prescriba la investigación como consecuencia de la ineficacia de la justicia colombiana, la frustración se apodera de los que recuerdan a Nelson como el guardián de la verdad. Él es otra víctima condenada a la impunidad del Estado. Al querer reconstruir el expediente judicial se pierde la cuenta de los bandazos que dio la Fiscalía, que reasignó el caso tantas veces, que se hace difícil seguir el rastro del número de fiscales que lo tuvieron a cargo.

 

La tropical población de Pitalito

En Pitalito, en el sur de Colombia, territorio en el que tenía fuerte presencia la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, los padres de Carvajal envejecen esperando justicia. En Bogotá la abogada Miriam Carvajal sigue atenta a cada actuación judicial que adelanta la justicia colombiana. En el mundo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización no gubernamental Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en Colombia, libran una ardua batalla jurídica. En el exterior la esposa, Estella Bolaños, y las dos hijas, Paola Andrea y María Alejandra, viven en la orfandad del exilio, igual suerte que debieron correr en su momento otros seis familiares que pedían justicia.

La historia que tenía Nelson en los documentos que le robaron el 16 de abril de 1998, cuando lo asesinaron en la puerta del colegio Los Pinos, del que era rector, la devoró el silencio. El pueblo, ubicado sobre el valle del río Magdalena volvió a sufrir 17 años después del crimen de Carvajal el de otro periodista. Flor Alba Núñez, que también era maestra, otro caso que devora la injusticia.

El crimen

Carvajal hablaba poco. Escuchaba mucho. Sin embargo, no se guardó que recibía amenazas y se lo contó a los amigos. No acudió a la justicia, pero sí pidió una cita en la Personería Municipal.

Estaba tras algo grueso. A alguien muy conocido le dijo que tenía entre manos unos documentos que iban a ser una verdadera bomba periodística para el municipio, el departamento e incluso la Nación. Era mediodía del 16 de abril de 1998. Su rostro hizo esa mueca en forma de sonrisa que se dibuja en la cara de los periodistas cuando han dado en el clavo, recuerda hoy un amigo que vive en Pitalito. Carvajal guardó los documentos en la rectoría de la Escuela Los Pinos, no expuso a los suyos.

La tarde era soleada, como suele serlo en esa región de Colombia. Con el incremento de la temperatura subió la tensión de Nelson. La exultante alegría comenzó a tornarse en angustia e inquietud, según versiones de los profesores que pasaron a despedirse de él al final de la jornada.

Los vientos del macizo colombiano llegaron frescos para calmar la caída del sol. El profesor y periodista hizo tiempo para ser el último en salir del Colegio. Su hermana Luz Eni, también maestra en esa escuela, le insistió en que salieran juntos. Ella, en la camioneta que conducía su esposo y en la que iban sus dos hijos de 7 y 9 años, quería acompañarlo hasta la casa. Nelson se transportaba en motocicleta y había quedado de recoger a su esposa, que laboraba en el hospital, como hacía casi a diario.

Cuando empezaron a reversar, la rutina la interrumpió el ruido de unos disparos, el rugido de un motor, la huida de un motociclista con su parrillero. La familia enmudeció al ver al hermano, al tío, al cuñado tirado en la calle bañado en sangre.

Al día siguiente, en la primera emisión del noticiero Momento Regional de la emisora Radio Sur, tuvieron que dar la noticia y confirmarles a los dudosos y decirles a los que no sabían, que el director del programa había sido asesinado.

Lo mataron un día después de que la Personería le canceló la cita que con urgencia y carácter reservado había pedido el periodista.

La primera hipótesis

Nelson era el vocero de la comunidad y en ese papel denunció lo que a su juicio estaba mal. Construyó un camino para ser amado y odiado. Pero una cosa eran las quejas por la mala prestación de los servicios públicos y otra que hablara de los millonarios contratos otorgados a una constructora para levantar casas que se hicieron en zonas de riesgo. El periodista que se hizo a pulso, no solo se metió con la Alcaldía de entonces, también con los empresarios privados.

¿Qué decían los documentos? Un amigo de Nelson que quiere morir de viejo en su tierra, supo de boca del periodista que hombres poderosos del departamento estaban ante líos de corrupción robustos y salpicados por el transporte de droga desde Mocoa hasta el Valle, con paso obligado por Pitalito. Supo Nelson que la guerrilla custodiaba la ruta a cambio de un impuesto.

–Ante una noticia así, cualquier periodista sentía que tenía agarrado el mundo por las pelotas–. Se apaga la voz en un pueblo grande, una ciudad intermedia cuyo desarrollo extendido se ha tornado desordenado.

El enrevesado proceso

La investigación la inició la Fiscalía 22 delegada ante los juzgados penales del Circuito en Pitalito, contra un primer sospechoso. El 10 de mayo de 1998 se ordenó la detención de Carlos Correa Meneses, sindicado de ser el presunto autor material del crimen. El 28 de diciembre de ese mismo año, la propia Fiscalía ordenó su liberación por falta de pruebas. En ese mismo momento se ordenó la detención preventiva del empresario Fernando Bermúdez Ardila; del exalcalde de Pitalito Ramiro Falla Cuenca; del exconcejal Marcos Fidel Collazos y de Víctor Félix Trujillo. En febrero de 1999 el ente acusador vinculó a una quinta persona a la investigación y la detuvo: Alfaro Quintero Alvarado.

Un año después la justicia revocó las medidas de detención contra el exalcalde Falla y el exconcejal Collazos, pero acusó al empresario Bermúdez de ser el autor intelectual y a Trujillo y Quintero de ser los autores materiales. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2000 fueron absueltos en primera instancia y el 6 de abril de 2001, en segunda instancia. Quedaron en libertad.

Dos años después el Estado develó que una banda de policías y fiscales corruptos negociaban las investigaciones. Uno de los acusados fue el fiscal Carlos Hernando Estévez Amaya, quien llevaba la investigación por el crimen de Carvajal. Desde entonces se convirtió en prófugo. El empresario Bermúdez demandó al Estado por 70 mil millones de pesos como indemnización.

En la investigación que terminó con sentencias absolutorias, la familia no pudo constituirse en parte civil. “Buscamos algunos abogados pero cobraban alrededor de 100 millones de pesos”, explicó Miriam Carvajal. “Y los que se decidían, luego les daba miedo porque los poderes detrás del crimen eran temibles”.

Para Miriam, hay demasiadas inconsistencias en la forma como absolvían a implicados: “Soy abogada y tengo muy presentes las dudas exteriorizadas por el juez, mientras que el magistrado ponente en la Sala Penal volvió la duda inocencia plena. La duda nunca será inocencia. Eso a mí, sí me genera duda”. Errores como este que denuncia la hermana de Nelson, tienen hoy al Estado Colombiano al borde de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En junio de 2002 cuando el asesinato del periodista Carvajal parecía quedarse postrado en el olvido, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su programa contra la impunidad, en representación de la familia, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Surge así el “caso Carvajal Carvajal y otros, Vs. Colombia. Después de 3 años, tras la oposición del estado colombiano para que el caso fuera inadmitido, la CIDH lo admitió. Fue precisamente a raíz de la intervención de la SIP, que el expediente fue reasignado a un fiscal”, agregó Miriam Carvajal.

En el 2008 la Fiscalía vinculó a la investigación mediante indagatoria al presidente de la Asamblea del Huila, Carlos Rojas Ortiz, acusado de concierto para delinquir y homicidio agravado, y a los guerrilleros Geovanny Molano Bonilla, alias “Oswaldo Patiño”; y a Franklin González, alias “corcho”, sindicados de los delitos de rebelión y de ser los autores materiales del crimen del periodista.

La Alcaldía de Pitalito

En agosto del 2008 capturaron a Rojas Ortiz, y en diciembre siguiente lo dejaron libre, debido a que nuevas pruebas desvirtuaron su vinculación. La investigación precluyó a su favor y la Fiscalía se concentró en los nombres de los guerrilleros y en la hipótesis de que el Frente XIII, Compañía Cacique Gaitana, tuvo que ver con el homicidio. Ya para entonces habían transcurrido 10 años del crimen del periodista y en el 2007 había sido asesinado un testigo clave, Pablo Emilio Bonilla Betancur.

Se trataba de un guerrillero desmovilizado que apareció para dar su versión y acusar a Giovanny Molano Bonilla, alias Oswaldo Patiño y Franklin González Ramírez, alias Corcho, pero no se le brindó la protección debida. Este alcanzó a decir que si bien los asesinos eran guerrilleros, estos habían actuado por solicitud de políticos de Pitalito quienes pagaron para que se perpetrara el crimen. “Es curioso, justo la defensa de los inicialmente vinculados y después absueltos, para el año 1999 dijeron a la fiscalía que los asesinos de Nelson eran guerrilleros y los citaban con nombre propios, pero lo que no dijeron fue a nombre de quien actuaban. Hoy cuando se pide información sobre los implicados, no aparecen en los registros de desmovilizados de las Farc y se les considera reos ausentes. No hay nadie materialmente a quién endilgarle la responsabilidad por el crimen de Nelson Carvajal”, concluye Miriam.

El 30 de marzo del 2016 Miriam Carvajal se constituyó en parte civil dentro del proceso penal y continuó trabajando hombro a hombro con la SIP y la organización Robert F. Kennedy Human Rights. Esta organización ha detallado los errores que la Fiscalía presentó a la largo de este largo proceso, hasta el punto que en varias oportunidades los fiscales que debían sustentar las decisiones en las audiencias no eran los mismos que las habían tomado.

Marcados por el dolor

El timbre suena varias veces en la casa de Pitalito. Un señor cansado abre la puerta. Don Jairo Carvajal tiene 82 años y con ellos los problemas de circulación y del corazón que lo vencen.

“Nelson era muy obediente”, dice. Su voz se quiebra como la de un niño. Las gafas no esconden sus lágrimas. Para calmarse muestra los portarretratos que hay en la sala con la imagen de su hijo mayor.

Homenaje a Carvajal en Pitalito

“Él era quien me ayudaba en lo de la construcción. Él era para todo”. Don Jairo otra vez llora. Recuerda que muy pronto se cumplirán 20 años de la muerte de su hijo y que a la justicia no le importó. Lo único que salvaría el crimen de prescribir es que la justicia lo declare de lesa humanidad, pero caso anteriores de periodistas asesinados no han contado con esa garantía.

La madre de Nelson, Ana Francisca, le pidió a Don Jairo, unos días antes de que sesionara la CIDH, que le marcara por la línea Skype de su hijo Saúl a la abogada Angelita Baeyens, del Robert Kennedy. “Sí sí, le dimos la bendición. Ellos y la SIP son los únicos que se han preocupado por nosotros”, recuerda el padre de Carvajal, un hombre pequeño y querido entre los habitantes de Pitalito. Alfredo Molina, de 81 años, líder comunal de toda la vida, exinspector de Policía y amigo del periodista Nelson Carvajal, en su casa de Pitalito recuerda: “Era de una sola palabra, trabajador, convencido de que los políticos de este pueblo eran unos corruptos, y por decirlo sin miedo le pasó lo que le pasó”.

Alfredo habla de la misma descomposición a la que se refería Nelson hace más de 20 años. “Mire, todo sigue igual. La diferencia es que ya no hay periodistas que se atrevan a hablar en Pitalito”, sostiene.

Lo mismo piensa Rafael Chaux Carvajal, el locutor de Nelson Carvajal en la emisora Radio Sur. “Yo trabajé con él durante 10 años y siempre lo recordaré como un compañero íntegro, sociable, solidario y vehemente”.

Chaux recuerda que los mismos políticos que cuestionaba Carvajal en los programas radiales, lo atacaban verbalmente. “A pesar de eso jamás me dijo que lo amenazaron. Es más, la emisora quedaba a dos cuadras de su casa y él siempre se iba caminando”.

Radio Sur era propiedad de la familia Castro. Roberto Castro, quien para la fecha del asesinato de Nelson Carvajal estaba en Estados Unidos, no puede evitar dolerse cuando recuerda el momento en que le dieron la noticia. Camina por el pasillo de su casa en el centro de Pitalito, en la que hay un busto de bronce de Nelson, elaborado por un artista de la zona. Lo señala y dice que él es un hijo ilustre de una región que no merece la suerte de la corrupción. “Nelson tenía convicciones sólidas y un gran carácter. Pero lo más importante es que para él lo primero era la comunidad. La gente de este pueblo sabía que lo que denunciaba Nelson en la emisora, era cierto”.

A punto de prescribir la acción penal por el asesinato de Nelson Carvajal en Pitalito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se apresta para pronunciarse de fondo y ver si condena a Colombia, a pesar de que esta niega su responsabilidad como Estado. Como si los errores de la Fiscalía, la absolución rápida de un juzgado y del Tribunal Superior de políticos influyentes de Huila, inicialmente acusados, y la falta de un sistema que permitiera proteger a un testigo clave no fueran decisiones u omisiones de funcionarios que prestan un servicio público. Así lo hicieron ver a la Corte, la familia de Nelson y las organizaciones que coadyuvan en la demanda contra el Estado colombiano.

Angelita Baeyens, del Robert Keneddy, explica que “con el caso Carvajal en la CIDH se busca que el Estado colombiano reconozca una serie de problemas estructurales y generales a nivel de la justicia y actúe. Nuestro argumento es que el impacto que tiene el asesinato de un periodista para la libertad de expresión y para la sociedad, es enorme. Si la Corte se pronuncia de fondo, se podría abrir la puerta para que se estudien otros crímenes similares en el mundo que como el de Nelson no merecen ser condenados a la impunidad”.

El plazo para que este crimen quede impune está a punto de vencerse en Colombia y con esto, Nelson Carvajal y su familia no podrán tener paz, la que sí conseguirán sus asesinos que siguen libres.

Investigaciones de ipys.org

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