La Otra Cara se une a este llamado de la FLIP y demás organizaciones para que el caso de Bedoya no quede en la impunidad.
La campaña No es Hora de Callar, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), Reporteros sin Fronteras Suecia, Oxfam, ABColombia, Sisma Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ), realizarán una rueda de prensa por los 15 años de impunidad del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente. Este espacio se realizará el lunes 25 de mayo, a las 11:45 de la mañana, en el segundo piso del Teatro Faenza de la Universidad Central.
El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya fue secuestrada en la entrada principal de la Cárcel Nacional Modelo de la Ciudad de Bogotá, cuando se disponía a realizar una entrevista en el marco del libre ejercicio de su profesión. Jineth fue torturada física y psicológicamente por los captores, quienes le manifestaron en distintas oportunidades que lo que estaba sucediendo era consecuencia de su trabajo periodístico. Además, en su condición de mujer, fue violentada sexualmente por los mismos sujetos. Finalmente, fue abandonada en un paraje rural en cercanías a Villavicencio, Meta. Ese día Jineth inició un largo camino en la búsqueda de la verdad y de la justicia, las cuales 15 años después aún no han llegado.
Antes de los hechos del 25 de mayo, Jineth ya había sido víctima de múltiples amenazas y de un atentado contra su vida, pero el Estado no tomó las medidas necesarias para protegerla.
Durante once años, las autoridades competentes avanzaron muy poco en el esclarecimiento de los hechos, desconocieron por completo que la periodista es beneficiaria de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se resalta la necesidad internacional de investigar y sancionar a los responsables. Tampoco valoraron adecuadamente decisiones de la Corte Constitucional, donde se emiten órdenes precisas relacionadas con la necesidad de una oportuna investigación de los casos que reporten violencia sexual en el marco del conflicto armado. De poco sirvió que haya sido la Unidad Nacional de Derechos Humanos, cuerpo élite de la Fiscalía, la dependencia a cargo de la investigación.
La ausencia de justicia en Colombia fue la razón principal para que Jineth Bedoya, y la FLIP, denunciaran al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, en junio del año 2012. Desde entonces, las autoridades colombianas han tomado decisiones drásticas como el cambio de funcionario a cargo de la investigación.
El 10 de septiembre de 2012, la Fiscalía a cargo de la investigación declaró el caso de Jineth como crimen de lesa humanidad debido a que los ataques de los que fue víctima se debieron a su condición de periodista y de mujer, además se vincularon a tres ex paramilitares. En septiembre de 2014, se dictó resolución de acusación contra uno de los implicados, lo cual quiere decir que será llevado a juicio y se confirmó que se trata de un caso de lesa humanidad.
El 21 de julio de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la admisibilidad del caso, es decir que declaró que es competente para estudiarlo y determinar la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de los hechos del 25 de mayo de 2000, así como en la posterior falta de investigación para encontrar a los responsables.
A su vez, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como parte del reconocimiento a Jineth de su condición de víctima del conflicto armado, impulsó el Decreto 1480 del 2014, sancionado el 21 de agosto de 2014 por el presidente Juan Manual Santos, en virtud del cual se declaró el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la violencia sexual como consecuencia del conflicto armado. Si bien este es un gran paso en la lucha que ha liderado Jineth por el reconocimiento de sus derechos como víctima y el de otras mujeres, esto no puede llevar a que el Estado evada sus obligaciones de verdad y justicia.
