Se desconoce porqué el Jefe del Alto Tribunal se ha equivocado o ha tomado extrañas posiciones en casos controvertidos como el reclamo de las tierras de Barú, que el Clan Ochoa le quería quitar a los legítimos herederos; los falsos comunicados sobre la JEP y el sensible tema del engavetamiento de una tutela que favorece a los niños discapacitados de Córdoba, en beneficio del Clan Besaile.
A pesar de querer demostrar una supuesta imparcialidad en la correcta administración de justicia, el Presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero Pérez, ha cometido una serie de yerros que ponen en entredicho su probidad a la hora de manejar ciertos procesos.
Uno de los yerros más grande se presentó en el caso de la familia Barrios, legítimos herederos de los predios de Barú (Bolívar), que pretendían ser despojados de su herencia por Beatriz González de Ochoa, esposa de Fabio Ochoa Vásquez, el menor del Clan Ochoa, que hoy se encuentra purgando pena de prisión en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Yerro sobre el caso Barú
Como lo publicó La Otra Cara el pasado 25 de julio de 2017, la familia Barrios fue despojada de las tierras que legítimamente poseían desde 1924, por invasores que luego las vendieron ilegalmente a la empresa Prodetur de propiedad de los esposos Vásquez – González en el año 1998. Desde ese momento los legítimos herederos iniciaron una serie de acciones judiciales para recuperar sus tierras, ubicadas en el hermoso Caribe colombiano, las cuales ya han sido resueltas a su favor. Sin embargo, el abogado de los herederos y miembro de la familia Barrios, Luis Alfonso Barrios, denunció que la señora Beatriz González le manifestó hace varios años que ellos poseían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un poderoso magistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte (hoy preso por corrupción), que nada podían hacer en su contra, porque la justicia estaba del lado de ella.
En esa oportunidad, el abogado Barrios señaló que las decisiones evidenciaban que sí se había manipulado el proceso por lo cual tuvo que cederlo a otros juristas para que continuaran el litigio en la Corte Constitucional, donde permaneció engavetado por más de tres años hasta la llegada del nuevo Magistrado Antonio José Lizarazo, quien el pasado 23 de febrero de 2017, decretó en el Alto Tribunal la nulidad de un fallo de tutela contra los legítimos derechos de los herederos y les devolvió sus propiedades.
En primer instancia la acción de tutela le había correspondido al Presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien reemplazó al Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, quien, a su vez, había sido reemplazado temporalmente por la Magistrada (E) Adriana María Guillen, ponente de la sentencia de tutela cuya nulidad buscaba quitarles la propiedad a los herederos.
En una decisión polémica, Guerrero engavetó la tutela por más de tres años y desde un principio se mostró en desacuerdo para tutelar los derechos fundamentales al debido proceso de los Barrios y obviamente a favor de la gente del Clan Ochoa, proyectando un fallo que no fue acogido por sus compañeros de Sala. Luego el caso se reasignó en cabeza del Magistrado Antonio José Lizarazo, quien resolvió, en febrero de este año, como dijimos, decretar la nulidad del fallo que le había dado la razón a la peticionaria emparentada con los Ochoa. Decisión en la que hizo su salvamento de voto nada menos que el Presidente de la Corte, el jurista Guerrero, quien al parecer estaba de acuerdo con las peticiones del otrora mafioso Clan Ochoa.
Surge una pregunta: En este caso en el que estaban en juego miles de millones de pesos correspondiente al valor de las propiedades de Barú, ¿cuál era el interés de Guerrero para que los Ochoa se quedaran con esas paradisiacas tierras caribeñas?
El yerro con la JEP
Otro yerro del citado Presidente Guerrero, lo constituyó el error garrafal de publicar tres veces un fallo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) con errores garrafales y en contravía de la Paz, duramente cuestionado por el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, por lo cual tuvo que admitir que el comunicado 055 de 2017, publicado el pasado 14 de noviembre, sobre la aprobación y las modificaciones que se le hicieron al acto legislativo con el que se creó dicha Jurisdicción Especial no era el definitivo.
Al primero de los comunicados le faltaba el número de la Sentencia y la firma del Presidente Luis Guillermo Guerrero. El segundo, fue publicado horas después con un texto diferente al finalmente aprobado por la Corte Constitucional con un contenido en discordancia con el proceso de paz y el tercero, por fin, con el comunicado correcto.
Guerrero, como máxima cabeza del Alto Tribunal, admitió que se trataba del borrador de lo ocurrido en la Sala Plena de ese día, por lo que posteriormente, corrieron al publicar, días después, el documento oficial con cambios sustanciales en cuanto al texto de sentencia final gracias a los reparos de Timochenko.
Yerro en la Judicatura
Guerrero propuso a su magistrado auxiliar para que le dieran la Medalla José Ignacio de Márquez y el Consejo Superior de la Judicatura se la negó. ¿Porqué sería?
Yerro en el caso de Musa Besaile
El tercer yerro del Honorable Presidente Luis Guillermo Guerrero, consiste en tener engavetada la acción de tutela que busca la protección del Derecho Fundamental a la Salud y una Vida Digna de más de 500 niños en condiciones de discapacidad en el departamento de Córdoba, debido a la falta de autorizaciones por parte del cuestionado Gobernador Edwin Besaile Fayad, hermano del polémico Senador del Partido de La U, Musa Besaile Fayad, quien hoy está preso en la Cárcel Nacional La Picota, de Bogotá, por el soborno a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, a través del exDirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno.
Musa, ahora fue suspendido en el ejercicio del cargo de parlamentario, pretendía silenciar un proceso penal en la Suprema por parapolítica, tal como sucedió en la época de Bustos en es Alto Tribunal.
Pero lo más grave, en este caso de los niños discapacitados en la Corte Constitucional, es que, supuestamente, se estaría presentando, supuestamente, un nuevo Cartel de la Toga, pues resulta que la Magistrada Auxiliar del Presidente de la Constitucional, quien lleva el caso de los menores de Córdoba, Claudia Escobar García, es sobrina del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, que a su vez fue jefe de Guillermo Guerrero, ya que éste laboró en el pasado en esa Corte como Magistrado Auxiliar de Escobar Gil.
Hasta ahí no habría ningún problema, a no ser por el hecho de que actualmente el exmagistrado Escobar Gil es el actual apoderado del senador Musa Besaile en la demanda que interpusieran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, para tratar de tumbar el proceso por parapolítica que hoy día tiene al citado congresista cordobés de La U en la Cárcel. El defensor oficial de Musa es el jurista Jaime Granados.
A su vez, Musa es hermano del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, que es el funcionario tutelado por negarse a autorizar y pagar los tratamientos a los más de 500 niños en estas condiciones especiales que hoy en día ven como se deteriora su salud por no recibir los tratamiento adecuados en ese departamento costeño.
Por otro lado, el abogado Jaime Granados fue compañero de universidad y amigo cercano de Luis Guillermo Guerrero y de Rodrigo Escobar Gil.
Entre Guerrero, Escobar Gil, Granados y la magistrada auxiliar sobrina de Escobar, Claudia Escobar García, se ha formado un presunto bloque defensivo a favor de los hermanos Musa y Edwin Besaile, por lo que la salud y la vida de los niños especiales de Córdoba se seguirá afectando y está expuesta al capricho de esta mafia de la salud en esa región.
Así las cosas, con un Presidente de la Corte Constitucional, Guerrero, y su magistrada auxiliar, Claudia Escobar, carentes de imparcialidad, que deberían declararse impedidos se sigue tramitando lentamente la revisión de tutela de los citados niños en la Corte Constitucional. Lógicamente, que con estos funcionarios, sin lugar a dudas continuará la operación tortuga en el trámite de la revisión de la tutela y la parcialidad a favor del Gobernador de Córdoba Edwin Besaile.
¿Será que los restantes magistrados que integran la Corte Constitucional, no tomarán cartas en el asunto para evitar que estos funcionarios con los serios cuestionamientos aquí planteados continúen con el trámite del proceso sin que se declaren impedidos? ¿Esta es la imparcialidad y protección del derecho de los niños que tanto pregona la Corte?
Por el bien de los infantes en condiciones de discapacidad, esperamos que se separe del conocimiento y trámite de esta acción de revisión al cuestionado Presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero y su magistrada auxiliar Claudia Escobar.
