La Presidencia de la República de Colombia debe diseñar, coordinar y ejecutar un plan capaz de solucionar de una vez por todas y de forma definitiva los problemas de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu en La Guajira, así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.
Mediante un fallo de Tutela, la Sala de Casación Civil determinó que el Gobierno Nacional deberá trazar un organigrama con tiempos razonables y reales, conforme a una fijación de plazos claros y detallados para la materialización de cada una de las etapas de este plan, con el que se deberá solucionar verdaderamente los problemas de los nativos de este departamento de la Costa Caribe.
La Sala Civil le ordena a la Presidencia rendir mensualmente un reporte de las gestiones adelantadas a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.
“La orden impartida en punto del Presidente de la República habrá de direccionarse en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ente este que, entonces, tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar las gestiones que sean menester para superar el trance humanitario de que se viene tratando, ello en franca colaboración e interacción armónica con otras instancias del orden nacional, departamental y municipal”, señala la decisión del alto tribunal colombiano.
La Corte reitera que es necesario superar de forma definitiva los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu. Es decir, no deben ser estrategias momentáneas o paliativos para tapar crisis coyunturales.
La Sala de Casación Civil ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrollar acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región para proveer el acceso al agua potable.
Recordemos que varios sectores de la Sociedad Civil, a los que se ha unido nuestra Revista, y ONG ecologistas mantienen una dura lucha, mediante denuncias, para que una empresa carbonera no desvie el Arroyo Bruno en La Guajira, con el fin de explotar el mineral que se encuentra en su suelo, lo cual cual podría traer más sequía a los habitantes cercanos a dicha fuente de agua.
La Corte además le ordena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que “brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente brindar alimentos sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los procesos que se necesitan para su permanente obtención”.
