Los niños de Colombia son el centro de esta noticia. Sin importar su condición social, su región, o su color, los menores son el futuro de nuestro país y merecen respeto y atención por parte de nuestras autoridades.
Como es bien conocido por la opinión nacional, miles de niños en Colombia han sido utilizados por los políticos en algunas zonas del país para ejecutar sus casos corrupción, especialmente los que tienen que ver con los programas de alimentación o educación y terapias de salud.
En estos temas vemos dos posiciones totalmente diferentes por parte de dos reconocidos servidores públicos: El Procurador General Fernando Carillo, que debe velar por los Derechos de la ciudadanía, y el Contralor de la República Edgardo Maya, que vigila los recursos del Estado, también en pro de la ciudadanía.
El Procurador Carrillo ha mostrado públicamente su preocupación para que en cuatro departamentos y 12 municipios de la República se atiendan a más de 538 mil menores pobres, donde las autoridades locales encargadas no han logrado acelerar la contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se les brinda a esos niños estudio y comida gratis.
Según Carrillo, «esto significa que los niños permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar».
“De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril de 2018 aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal”, aclaró el Procurador.
Al punto, que Carrillo tuvo que presionar con acudir a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación.
Su caso es totalmente contrario al Contralor Maya quien en su afán válido por procesar fiscalmente al ex Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por sus pasados actos de corrupción al frente de ese cargo, ha cometido errores garrafales públicamente, al parecer, mal informado por sus asesores.
Lyons y su sucesor, el gobernador Edwin Besaile, también suspendido por corrupción, contrataron con empresas de papel, como Crecer y Sonreir, para que les brindaran terapias de Neudesarrollo a los niños de escasos recursos en el departamento costeño, las cuales nunca dieron. Se facturaron miles de millones de pesos a través de la Secretaría de Salud de Córdoba utilizando documentos con nombres de menores inexistentes y terapias que nunca se hicieron. Ese robo de los recursos estatales se denominó el Cartel del Síndrome del Down.
Sin embargo, en el departamento también hubo empresas serias, con todos los requisitos, que brindaron sus servicios a los niños discapacitados y a las cuales la Gobernación de Lyons les pagó por sus terapias, pero todavía les deben parte de estas y para justificar su incumplimiento la administración de Besaile las vinculó con dicho Carte del Down. La Contraloría cayó en la trampa y, por falta de conocimiento, confunde el tipo de terapias que se les brindó a los menores y cree que todas son iguales y valen lo mismo.
Según la Contraloría, todas las terapias deberían estar incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y cuestiona el hecho de que la Gobernación haya contratado directamente con algunas empresas las terapias de Neudesarrollo. El Contralor confunde las terapias físicas, ocupacionales, del lenguaje y las terapias ABA, que se les brindan a los menores Autistas, con las de Neudesarrollo las cuales son un servicio NOPOS, estipulado por las leyes colombianas.
Resulta que a los niños pobres en Colombia con discapacidad por daños cerebro vasculares (menores con parálisis físicas permanentes y Síndrome de Down), vinculados al Régimen Subsidiado de Salud y el Sisben porque no tienen como pagar aportes al sistema, les deben brindar las llamadas terapias de Neudesarrollo, las cuales, como dijimos, no están incluidas en el POS, sino que son NOPOS. Por eso, deben ser contratadas por el Estado con empresas eficientes que presten este servicio. La Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud, así lo establece:
——————————–
Por su parte, el Contralor, en el Boletín de Prensa No 59, deja claro que no maneja el tema, pues dice lo siguiente: «una comunicación que le dirigió el Ministerio al exgobernador, es clave porque demuestra que a Lyons se le puso en conocimiento que las denominadas terapias basadas en neurodesarrollo o neurorehabilitación, conocidas también como Terapias ABA, estaban incluidas dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) y por tal razón no era procedente el reconocimiento y pago de las mismas, a través del sistema de recobro, como se hizo a algunas IPS que operaban en el departamento de Córdoba…».
Ahí está la confusión, lo que reclaman algunas firmas de IPS cordobesas es el pago por la prestación de terapias de Neudesarrollo (parálisis físicas permanentes y Síndrome de Down) y no terapias ABA, que son diferentes.
La Contraloría agrega: «Los procedimientos anteriores fueron aplicados por algunas IPS en Córdoba, que luego de realizarlos en varios pacientes, facturaron por estos servicios a la Gobernación de Córdoba, la cual pagó directamente dichas terapias, pese a estar incluidas en el Plan Obligatorio de Salud».
La tutela como única salida
A los padres de los niños con parálisis físcas permantentes y Síndrome de Dawn, que necesitan las terapias de Neudesarrollo en Córdoba, han debido poner tutela para que la Gobernación les brinde el citado servicio y el Ente Territorial le ha tocado cumplir por mandato de la Constitución Nacional con esas acciones, la única herramienta que tienen los desesperados padres cordobeses para evitar que sus hijos mueran.
De acuerdo con muchas familias de este departamento caribeño, el Contralor al cuestionar el pago de los servicios de terapias de Neudesarrollo, confundiéndolas con terapias ABA, está perjudicando a miles de niños con severas enfermedades en Córdoba que llevan varios meses sin recibir tratamientos y sus males avanzan. Según los angustiados padres, el Alto Funcionario desconoce a los discapacitados, déjandolos a su suerte.
Por esa razón, decirmos que Edgardo Maya hace todo lo contrario a Fernando Carrillo, pues con sus acciones pone en peligro la vida de los jóvenes necesitados en la Costa, mientras el jefe del Ministerio Público da ejemplo y, por el contrario, interpone tutelas para que atiendan a los menores en todo el país.
