La Contraloría General de la Nación estableció “un presunto daño fiscal de US$2.879 millones, equivalentes a $8.5 billones”, en la puesta en marcha y ejecución del proyecto de la Refinería de Cartagena, Reficar, luego de culminar la Actuación Especial desarrollada por este ente de control.
Sobrecostos millonarios, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron y ajustes injustificados en varios subcontratos son parte de la lista de irregularidades que encontró la Contraloría en Reficar, dentro de 36 hallazgos fiscales.
Según la Contraloría, “hasta el 2046 pagaremos los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la gigantesca deuda que dejó el proyecto”.
La Actuación Especial fue realizada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, “a través de un equipo de alto nivel conformado por 28 experimentados auditores (15 de esta dependencia y 13 de otras Delegadas), siendo la primera vez que una actuación de la Contraloría demanda un número así de grande de funcionarios para adelantar labores de control”, explicó la entidad en un comunicado.
Durante el proceso de vigilancia se revisaron 177 subcontratos, allí se detectó que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos US$$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación. La cosa es tan grave que “siguen llegando materiales constructivos y al 31 de agosto de 2016, la refinería ha tenido 38 paradas operacionales”, aseguró el contralor general, Edgardo Maya Villazón.
Reficar tiene una deuda por US$$1.657 millones con la filial de Ecopetrol denominada Ecopetrol Capital AG, que posee un patrimonio negativo (el 99% del mismo corresponde a las cuentas por cobrar a Reficar). Así que “el proyecto tiene hoy un valor presente negativo de US$9.213 millones, como consecuencia de sus adiciones presupuestales y la destrucción de rentabilidad esperada. El presupuesto inicial era de US$3,777 millones y el valor ejecutado llega a US$8,016 millones.
Por la estructura financiera de Reficar, sus rentas futuras están pignoradas. Es decir, «se hizo la refinería a crédito y hoy se hace un gran esfuerzo para pagar».
Derroche total
La gestión, para la Contraloría, falló en muchos espacios. Por ejemplo, encontraron que “se dio un incremento injustificado del valor inicialmente pactado para la construcción de los racks de tubería por valor de US$72.7 millones”.
También se muestra “el pago de servicios de transporte por $724,5 millones que nunca se utilizaron”.
En cuanto al “alquiler de grúas hidráulicas, subcontratado por CB&I, se dio un presunto daño fiscal por valor de $37.855 millones”. Esto se debe a que “se evidenció que para un estimado de utilización de 84 grúas, en la mayoría de los meses solo se contaba con un operario y un supervisor. Es decir, no se podían utilizar todas las grúas disponibles y facturadas”.
Si hablamos de andamios: “Se pagó un costo de US$135.1 millones por andamios sin justificación dentro de la obra”.
En cuanto a los baños. Existió un gran derroche. “CB&I pagó al subcontratista por alquiler de cada unidad de baño portátil la suma de $880.052 para el año 2011, valor que fue modificado hasta llegar a $640.388 en el año 2015”. La Contraloría averiguó por servicios similares en el mercado y se “encontró que se hizo un pago superior al del mercado por esta contratación, por un valor de $9.597 millones”.
No podrían faltar las llamadas telefónicas. “El pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados fueron por US$7.947 por parte de CB&I”.
Aparecen pagos que no concuerdan con las órdenes de cambio aprobadas en los respectivos subcontratos representando mayores costos en la facturación por valor de $13.260 millones.
Pero la situación no para ahí. “Durante el desarrollo del proyecto se presentaron deficiencias en los diseños definitivos para la construcción por parte del EPC, por lo que aumentó el número de horas de ingeniería en la realización de ajustes, modificaciones y consecución de documentos finales, ocasionaron un impacto negativo de compras. Esto generó el uso de 2’341.763 horas de ingeniería adicionales, por un valor no justificado de US$364,6 millones”.
La Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la salida del Glencore del proyecto en 2009, pero según la Contraloría, Ecopetrol no ejecutó los mecanismos para contrarrestar los incumplimientos del socio adjudicatario incluidos en el Acuerdo Marco de Inversión –AMI, que incluían una garantía por valor de US$$75 millones y penalidades consistentes en el cobro de US$$166 mil diariamente.
Reficar fue un desastre nacional, un gran caso de corrupción que avergüenza al país, el más grandes en la historia de Colombia. Esta obra comenzó en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y terminó en la administración de Juan Manuel Santos.
El tema es tan denso que, al parecer, las autoridades penales no se le quieren medir. Se dice que hay pesos pesados detrás de este monstruoso desfalco, que, supuestamente, nadie se atreve a tocarlos.
Hay preguntarse: ¿Quién responde por Reficar?
