Una juez de tutelas, pasa por encima del Congreso, intenta revivir curules para las Farc

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Expertos juristas afirman que la juez de tutela, Catalina Díaz Vargas, desconoció la división de poderes en Colombia y pasó por encima de la Rama Legislativa. Todo, con el afán de apoyar al Gobierno a cumplir el Acuerdo de Paz con la guerrilla.

La Juez 16 Administrativa de Bogotá, Catalina Díaz Vargas, admitió una tutela que interpuso una de las víctimas de la violencia en Colombia, representante de una organización indígena, pidiendo que se promulgue de inmediato el acto administrativo con el cual se crean las 16 circunscripciones especiales para la paz que hundió el Congreso de la República por falta de Quórom.

Para los opositores del Presiente de Colombia, Juan Manuel Santos, y del Acuerdo de Paz firmando en el 2016 en La Habana (Cuba), esas circunscripciones no son para los damnificados de la guerrilla, sino para las propias Farc, que tienen gran poder en esas nuevas zonas electorales del país, que serían creadas para dos periodos legislativos, es decir, hasta el 2026.

La juez Díaz no define de fondo la tutela, pero ordena lo siguiente:

Ordenar al presidente del Senado de la República que de manera inmediata envíe el texto del Acto Legislativo 017 de 2017 por medio del cual se crean las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022 y 2022-2026, y luego de ello prosiga su trámite ante la Corte Constitucional”, dice el fallo de la juez de tutelas bogotana.

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Lo paradójico del asunto, es que la extraña y misteriosa decisión de la Juez Díaz se produjo a pocos minutos después del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (que está por encima de esta funcionaria judicial) que negó la acción del Gobierno que buscaba salvar las que llama circunscripciones de paz.

La decisión de la juez, le dio pie a la Presidencia de la República para promulgar el acto legislativo por encima del propio Congreso, que lo negó el pasado 6 de diciembre de 2017. Recordemos que el Gobierno, mediante su Ministro del Interior Guillermo Rivera, ha hecho todo lo posible para darle las curules a las Farc, como utilizar su poder en el Consejo de Estado, con el fin de cumplir con lo pactado en La Habana.

Inclusive, los opositores afirman que el Gobierno, debido a su derrota en el Senado y en su afán de ganar este caso, habría utilizado a la citada organización indígena para interponer la mencionada tutela.

Habría que preguntarse: ¿La juez Díaz también es aliada del Gobierno, como los magistrados del Consejo de Estado, o comulga con la ideoloía política de la Casa de Nariño? 

Por su parte, Rivera, justificó a la Juez Díaz y explicó que lo que ella hizo fue decretar medidas cautelares.

“Le ordenó al señor Presidente del Senado (El conservador Efraín Cepeda) remitir el proyecto de reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones de paz a la Presidencia de la República para que proceda a su promulgación. Esta decisión de una juez de Bogotá le está dando la razón a la tesis del Gobierno Nacional”, explicó el Mininterior.

Según Rivera, en conclusión, la juez bogotana le da la razón al Gobierno cuando señalaba que el proyecto había sido aprobado en el Senado de la República.

Expertos juristas afirman que la juez de tutela desconoció la división de poderes en Colombia y pasó por encima de la Rama Legislativa. Una juez que no fue elegida popularmente, sino a dedo en forma administrativa, tiene más poder que el Congreso, designado por la máxima autoridad del país: el pueblo.

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