Desde el pasado mes de agosto, la firma constructora Praga Servicios Inmobiliarios S.A inició el proceso de construcción del proyecto de urbanización, Fontanar del Río, proyectado en la parte occidental del Humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá. Desde ese momento la comunidad ha iniciado una serie de acciones encaminadas a detener la obra que, según sus habitantes, traería consigo daños considerables al humedal. Mientras tanto, el Alcalde de la Capital, Gustavo Petro Urrego, se declara impedido, dado que su cuñado es uno de los propietarios de la firma constructora.
Los irreparables daños que traería esta construcción
El humedal La Conejera, reserva natural ubicada en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, es considerado como uno de los ecosistemas más importantes en el distrito. Habitan cerca de 115 especies de aves en las que se destacan: la Tigua Bogotana, Cucarachero de Pantano, Chamicero, Pato Pico Rufo, entre otras. A estas especies, se le suma ocho especies de mamíferos anfibios y, una incontable cantidad de vegetación acuática y terrestre.
Este humedal ha sido protegido y defendido no sólo por habitantes de la localidad, sino por organizaciones ambientalistas y sociales, quienes vieron interrumpida la paz que allí habitaba desde el pasado mes de agosto cuando la firma constructora, Praga Servicios Inmobiliarios S.A, inició la construcción de un proyecto residencial llamado “Fontanar del Río”, ubicado en la parte occidental del humedal, donde se encuentra el canal Afidro. Este proyecto urbanístico, proyectado en cinco etapas, con bloques de cinco pisos de aproximadamente 45/57 metros cuadrados, en los que se incluye parqueadero y seguridad privada, son ofertados por precios que oscilan entre los 103 millones de pesos en adelante. A la fecha, esta construcción se encuentra prácticamente pegado a la reja del humedal, trayendo consigo daños irreparables a este ecosistema.
Las curadurías urbanas número dos y tres otorgaron los permisos pertinentes que dieron vía libre a la construcción. El principal motivo para otorgar el permiso urbanístico, se sustentó en que la construcción no se encuentra dentro del límite legal del área protegida, aunque para la comunidad esta no es razón y, por ello, exigen se detenga la construcción. También, causa especial interés el hecho de que ya se habían vendido dos de las cinco etapas del proyecto -sin siquiera contar con los permisos de construcción-, asegura la comunidad.
Ante la situación, el colectivo ambiental Re-Acción ambiental, con el apoyo de la comunidad, organizaciones sociales y ambientales han decidido movilizarse y emprender acciones concretas para detener la construcción.
Según estas organizaciones el proyecto urbanístico afectará al humedal “por la contaminación del aire a causa del ruido, vibraciones y emisiones de polvo generadas durante el proceso de construcción, afectando principalmente varios puntos de anidación de aves ubicadas en la zona; los equipos de perforación y transporte de material producirán afectaciones en los flujos de agua subterráneos y superficiales que alimentan los espejos de agua; se degradará el suelo por compactación, causado por el movimiento de tierra en el desbroce de grandes explanadas para nivelar el suelo; afectaciones a la capa vegetal existente por los despejes, explanaciones y movimiento de tierra constante, lo que traerá una reducción considerable de la biodiversidad; se afectara el paisaje por el impacto visual de la obra; las familias que vivan en estos apartamentos estarán en riesgo constante porque el proyecto se ubica en zona de inundación; luego de construido el proyecto afectara las aves nocturnas, principalmente lechuzas que se ubican en el lugar por contaminación lumínica y ruido; finalmente si permitimos que se lleve a cabo el proyecto, este será la puerta de entrada para que vengan muchos más y se rodee completamente el ecosistema”.
Es importante resaltar que en el proceso no se realizó un acta de vecindad, pues se sabe que históricamente los vecinos del humedal lo han defendido y no permitirían una construcción de esta magnitud.
¡Y la Comunidad Resiste!
En medio del proceso de construcción, la comunidad ha tenido que recorrer un arduo proceso, pasando por la sensibilización y movilización, terminando con el campamento, que hasta la fecha completa 122 días de instalación.
En la primera etapa las organizaciones ambientales iniciaron un proceso de sensibilización y jornadas pedagógicas junto con la comunidad. En una segunda etapa del proceso, se realizaron tomas culturales, como antesala a las movilizaciones que se gestaron al interior de la misma localidad. En esa misma dirección, se organizó un plantón en la secretaría de ambiente, como forma de presión para que tomaran cartas en el asunto, aunque tampoco se logró mayores resultados.
El proceso finalizó con el campamento en los alrededores del humedal. Al parecer y según los mismos habitantes de la localidad, ha sido la única medida que se considera efectiva, pues hasta la fecha hizo que se detuviera la construcción y, paralelamente, se ha impedido la entrada de material para la construcción.
En el proceso del campamento, se solicitó que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE- y la Secretaría de Planeación emitieran un concepto ambiental de riesgo con respecto a las personas que van a residir en la zona, por ser considerada como de alto riesgo ambiental. Luego, de manera sorpresiva, “fueron cambiados de nivel de alto riesgo a medio, es por ello, que se solicitó a las entidades que detengan la construcción de la obra, mientras que se esperaba la decisión de un juez que determinara si esta construcción era legal, por la adquisición de las licencias. Esta decisión del juez que no detuvo la obra, fue lo que hizo que la comunidad organizara el campamento”, aseguraron miembros de organizaciones ambientales partícipes del espacio.
También se resalta que al inicio del proceso de campamento, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -ESMAD- intentó llevar a cabo un proceso de desalojo, pero a partir de las gestiones de organizaciones sociales y ambientales, ante la alcaldía local de Suba, Consejo de la Ciudad y la Secretaría de Gobierno, se logró un consenso que determinó que mientras no haya una determinación jurídica, el campamento no será levantado.
¿Y el alcalde qué?
Desde el mismo proceso de adjudicación de licencias, la comunidad ha sentido que si bien es cierto, las entidades distritales no son quienes otorgan estas licencias, pues son las curadurías, que funcionan como entes privados, generalmente buscando beneficiar al sector empresarial. El distrito y sus órganos pertinentes deberían crear estrategias que vayan más allá de realizar recomendaciones y, más bien, deberían tomar decisiones que propendan por la conservación del medio ambiente.
Ante esta situación, el distrito ha dicho que la construcción está fuera del límite legal del humedal. Por otro lado, la comunidad continúa su denuncia y refieren que recientemente “la Contraloría emitió una denuncia, en donde hablaban de unas unos predios, que fueron adjudicados en el proceso de la construcción, pues al parecer, estos pertenecían al sector público, por lo que entonces se presume un traspaso del sector público al privado, es decir una acción un tanto fraudulenta, por lo que el ente de control pidió investigar”.
Por su parte, las Secretarías de Ambiente, Planeación, junto a la Alcaldía Mayor, no han hecho un pronunciamiento contundente frente al proyecto, pues es de conocimiento público, que familiares del alcalde –específicamente su cuñado-, Juan Carlos Alcocer está involucrado con la constructora. Frente a esto, la comunidad solicitó una reunión con el alcalde mayor, quien aceptó, esto fue el pasado 26 de enero. Pero, finalmente se canceló dos horas antes de llevarse a cabo. Posteriormente, la alcaldía emitió un comunicado dirigido a la Procuraduría, en donde se declara impedido, por haber familiares en el caso de la obra.
El único pronunciamiento hecho por parte de la Secretaría de Ambiente señaló que lo único que podían hacer, era una recomendación para que esta obra sea sostenible, pues frente al proyecto no tenían ningún rechazo.
Finalmente, se está a la espera de que el presidente nombre un alcalde Ad hoc, quien asuma el proceso y tome una decisión final frente a la construcción, dado que la situación del alcalde Petro.
Paralelamente a la espera, la comunidad continúa adelantando acciones, como la radicación de una acción popular, en la que ya se han recolectado cerca de 3000 firmas que intentan evitar que el material entre a la zona en obra y se detenga definitivamente la construcción en el humedal La Conejera.
Tomado de Colombiainforma.info
