Como muchos saben no soy buen amigo del periodista y columnista Daniel Coronell, más bien lejanos, por disputas legales a raíz de publicaciones mías en el pasado, pero soy una persona sensata y en este caso, me uno a su denuncia. Me sumo a la voces de protestas silenciosas de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que dicen haber sido maltratados verbalmente nada menos que por su reconocido y poderoso jefe Jorge Armando Otálora, quien rige la máxima entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia.
Coronell publicó una nota en la Revista Semana llamada «¿Y ahora quién podrá defendernos?» , en la cual este articulista afirma que «los blancos de este lenguaje violento han sido desde los más sencillos trabajadores, hasta algunos de los más calificados directivos de la entidad».
Además sostiene, según los funcionarios, que «en las oficinas de la Defensoría ya es usual oír al jefe gritando a sus subalternos expresiones como “bruto”, “idiota”, “imbécil”, “estúpida”, “pendeja”, “guevón”, “se van a la puta mierda”, “no aprenden sino a los madrazos” y “hasta que uno los hijueputea no reaccionan”. Lo cual fue confirmado por varios empleados de la entidad a nuestra revista.
Quién lo creyera, Otálora, de quien siempre han dicho es muy mala persona, como dicen el argot popular: ya peló el cobre y sacó su verdadera cara de tirano porque «ofende, humilla y agrede» a los suyos, de acuerdo con Semana. Aunque hay que destacar su buena labor al frente del organismo, producto de los buenos funcionarios que lo rodean, quienes hacen todo el trabajo de campo para que este saque pecho y sonrisas ante la opinión nacional, a través de los medios (a los que si trata con dulzura), mostrando los resultados de los hombres que a diario «trata mal».
Su falta viola la Constitución Nacional, que dice defender constantemente en la prensa, como buen personaje mediático. Su acción deja mucho que desear para un buen funcionario de altura, lo cual debe ser investigado por la Procuraduría General de la Nación.
Recordemos que muchos casos de maltratos por parte de funcionarios han sido sancionados por el Ministerio Público en el pasado y este no puede ser la excepción. Por lo menos, la Procuraduría debe abrir una investigación de oficio para averiguar los hechos, ya que los trabajadores de la entidad estatal, por temor a su «violento» mandamás, no son capaces de interponer querella, sopena de que este los despida fulminantemente, no sin antes vaciarlos, y los deje sin el pan en sus hogares.
¿A dónde quedaron las campañas sobre el buen trato de la Defensoría o las propagandas del Gobierno Nacional, que tanto respalda esa entidad garante de los Derechos Humanos? ¿Cuánto dinero se ha perdido en esas pautas publicitarias que no ha servido para nada, ya que la paz y la tolerancia no han entrado por la casa de quien vocifera a gritos el buen trato, pero tiene un «rejo» para golpear a los suyos?
La figura del Defensor del Pueblo, que «arrastra» a su propio pueblo, perdió credibilidad y no será lo mismo de ahora en adelante. Muchos ciudadanos quedamos decepcionados, porque hasta clasificaba como uno de los buenos personajes públicos del año porque en su cargo ha realizado una buena labor.
Sin embargo, estamos en tiempos de paz, señor Otálora salga al luz pública y pídale excusas a los colombianos que lo creían un funcionario con buen trato, y en especial, a sus dirigidos que tanto lo han apoyado, pero a cambio han recibido sus atropellos. ¿Será capaz?
Por Sixto Alfredo Pinto
