La Constitución Nacional ordena a todos los mandatarios del país defender la vida, la salud y el bienestrar de los ciudadanos, especialmente si son menores de edad.
La mayoría de los dirigentes luchan por ese noble propósito y lo tienen dentro de sus planes de gobierno para el cual destinan gran parte del presupuesto local, pero este no parece ser el caso de la Gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, quien ha mostrado su despercio e indiferencia por los niños más necesitados de esa región.
Desde el año 2017, basado en las leyes, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda, autorizó a la Gobernación cordobesa a atender con sus recursos propios a la población pobre no asegurada, es decir, a quienes No están en el Plan Obligatorio de Salud, conocida como NO-POS.
Por su parte, la Procuraduría General también instó, en mayo de 2018, al Secretario de Salud de Córdoba, Eduardo Vélez Baquero, a hacerles los pagos a los prestadores de los servicios de los casos de NO-POS.
Para conocimiento de los lectores debemos decir que dentro del NO-POS se encuentran más de 300 menores discapacitados o con problemas de neudesarrollo, que necesitan atención mensual urgente de terapias de recuperación, algunos para seguir viviendo y otros para sobrellevar sus penosas enfermedades. La gran mayoría son niños de escasos recursos que viven en las zonas marginales de Montería o en sitios deprimidos en los diferentes municipios de Córdoba.
Es obvio que dentro de esos prestadores del servicio a los usuarios NO-POS hay empresas serias que ha trabajado, con todo su esfuerzo, brindando las terapias a los citados niños discapacitados y que cumplen todos los requisitos legales para tal fin. También hay que aclarar que no todas las firmas del ramo son ideóneas porque hay algunas de papel, que no contaban con las condiciones básicas para el trabajo, pero que cobraron miles de millones de pesos por un servicio que no hicieron, un claro acto de corrupción denunciado en su momento por La Otra Cara.
Inexplicablemente, Sandra Devia, quien reemplaza provisionalmente al gobernador Edwin Besaile, supespendido e investigado por temas de corrupción en Córdoba, se niega a pagales los servicios a las empresas honestas que atendieron a los menores afectados.
En definitiva, al no pagarles a estas firmas que prestan los servicios a los niños discapacitados, estos se han quedado sin atención. Los familiares de esos 300 menores cordobeses ha tenido que presentar tutelas para que sean atendidos y ni con esa acción jurídica han logrado su cometido.
Según este comunicado de la propia Gobernación de Devia, sólo autorizan pagar, y con tutelas, a las empresas prestadoras de tecnología y medicamentos, lo que es una clara discriminación con los menores discapacitados.
La funcionaria Devia está obligada a proteger la salud y la vida de sus dirigidos, pero no lo hace, por el contrario, ha incurrido en el delito a fraude a resolución judicial y violación expresa a los Derechos Humanos.
Por eso, las personas del departamento aseguran que la indolencia de la gobernadora Devia se debe a que ella no es de la región y no le duele el sufrimiento de los menores enfermos en Córdoba.
