Con la Supersalud y Gossaín a la cabeza, este departamento de la Costa Caribe, pagó cuestionados tratamientos de hemofilia por $92 mil millones, al igual que lo hizo su colega Alejandro Lyons en Córdoba. Este es otro caso de malversación de recursos públicos. Primer informe de Lucio Torres.
El jueves 29 de julio, día de la audiencia en el paraninfo de la Universidad de Cartagena, varios veedores se le acercaron al Procurador General de la Nación (PNG), Fernando Carrillo Flórez, averiguando sobre un proceso que se le había echado tierra: el Cartel de la Hemofilia, con el cual habían desangrado a Bolívar —hasta el 2013— con $25.456 millones. El Procurador mandó de inmediato a averiguar la suerte del proceso que data desde el 2014. El subalterno regresó trayendo entre sus manos una copia del oficio donde constaba que la investigación la trasladaron a Bogotá, el 25 de mayo de 2016.
El Procurador le prometió a esos veedores que muy pronto tendrán buenas noticias sobre esa investigación. Pero lo que no sabe Fernando Carrillo Flórez es que la hemorragia presupuestal de la Salud en Bolívar llega a la bicoca suma de $92.000 millones, más de 4 veces que la descubierta por la Contraloría General en auditoria a la Secretaría de Salud de Bolívar, que afortunadamente el secretario actual, Luis Bienvenido Padilla, la paró en 2017, según fuentes humanas y documentales que tengo.
Pero detener la hemorragia fiscal de la salud, le costó a Padilla afecciones estomacales seguramente por las presiones que sufrió en varios momentos para que pagara algunas cuentas que quedaron flotando en el aire, luego que se exacerbó el escándalo del Cartel de la Hemofilia de Córdoba, donde su exgobernador Alejandro Lyons, comenzó a ser investigado por el Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, caído en desgracia con la justicia norteamericana y colombiana. Lyons, hoy se encuentra trepidando un camino lleno de brasas incandescentes con la Fiscalía y con un juez de la Florida, Estados Unidos. Uno de los casos por los cuales investigan al exgobernador de Córdoba es es el Cartel de la Hemofilia donde pagaron ilegalmente $44.000 millones, o sea, menos de la mitad de lo que Juan Carlos Gossaín y sus secretarios de Salud le pagaron a los empresarios de la hemofilia entre 2009 y 2016. Cabe recordar que las cuentas de 2015 las dejaron listas para ser pagadas en 2016.
En esos hechos, se encuentran comprometidas las gestiones de la Supersalud y del exgobernador Gossaín, varios exsecretarios y subsecretarios de salud, jueces de la república y algunos inescrupulosos empresarios de IPS que se enriquecieron ilícitamente con estas actividades. Y se podría sumar parlamentarios padrinos políticos de funcionarios vinculados a la investigación, también de la Procuraduría y de la Fiscalía que no actuaron diligentemente para investigar los hechos.
Pero hay más. En respuesta a un derecho de petición de una de las veedurías, la Contraloría General de la Nación anunció que los hallazgos penales fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación (FGN) cuando Eduardo Montealegre era el titular de esa institución. O sea, que el nuevo Fiscal Néstor Humberto Martínez ya debe dar resultados de la investigación criminal.
LOS ENCARTADOS POR LA HEMORRAGIA HEMOFÍLICA
El desfalco de la Secretaría de Salud se profundizó con la toma de posesión de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud que en ese entonces estaba a cargo de Beatriz Londoño Soto, mediante Resolución No. 000737 del 8 de junio de 2009 por dos (2) meses prorrogables, los cuales se convirtieron en tres años consecutivos. Fue nombrado como interventor Especial a Juan Pablo Contreras Lizarazo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.494. Posteriormente le sucedió Wilson Jaimes, hasta cuando en septiembre de 2012 revirtió a la administración de Juan Carlos Gossaín. Es aquí en este momento donde comenzó a consolidarse el Cartel de la Hemofilia que apenas era un fenómeno imberbe.
De acuerdo con la Contraloría, los siguientes funcionarios estarían comprometidos con los pagos hechos entre 2009 y 2013:
– Ana María del Carmen Alvarez Castillo, Exsecretaria de Salud, septiembre 2012-2013.
– Nacha Newball Jiménez, directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de Bolívar.
– Candelaria Valdelamar, exdirectora de la Divina Providencia de Magangué.
– Fundación Renal de Colombia
– Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS
– Fundación Ciénaga de a Virgen.
LA GÉNESIS DEL DESANGRE
El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, en un foro sobre los costos de su área realizado en abril de 2014, se extrañaba porque en el tratamiento de 13 mil pacientes de hemofilia se había aumentado en un 600% entre 2005 y 2010, y entre 2010 y 2013, el promedio fue de 847%.
Si bien es cierto que la industria farmacéutica internacional tiene los medicamentos más caros para estas clases de pacientes, no podría ser la causa para este vergonzoso aumento del gasto, porque no se ve reflejado en mejores resultados o aumento de la cobertura y la calidad en el tratamiento de la enfermedad. Los Precios de Referencia Internacional (PRI) del factor IX plasmático o del factor VIII, (sustancias para producir la coagulación en la sangre de los pacientes), tienen un costo de $867,59 pesos y $1.829,63 pesos, respectivamente. El primero es de origen plasmático y el segundo es resultado de una manipulación biológica, o sea, es un producto biotecnolígico de mayor costo, pero sin tener resultados mejores.
Sin embargo, por muy costosos que sean esos factores biológicos o biotecnológicos, no era la causa para el desangre del presupuesto dirigidos a este sector de pacientes. Debía haber otra causa para que, por ejemplo, en algunos departamentos de la Costa Caribe, como Bolívar y Córdoba, los indicadores costo/paciente fuera tan alto.
Lo extraño de todo, es que en la costa Caribe y, particularmente en Bolívar, estaban los hemofílicos más costosos del mundo: 96 pacientes costaron ¡$92 mil millones!, entre 2012 y 2015. Lo grave es que después de la auditoria de la Controlaría de los gastos de 2013, donde hallaron el pago de $25.456 millones sin el soporte correspondiente, volvieron hacerlo en 2014 y 2015.
En el informe de auditoría de la CGN (AUDITORIA-CONTRALORIA-GOB-BOLIVAR-2013) No SER-CDS 136 publicado el 14 de diciembre de 2014, y dirigido al gobernador de ese entonces, Juan Carlos Gossaín, la contraloría encontró varios hallazgos fiscales, disciplinarios y penales sobre el gasto de recursos para atender la enfermedad en 96 pacientes de hemofilia. Lo sorprendente, el departamento de Bolívar pagó a tres IPS $25.456 millones por orden de 17 tutelas que casi siempre cayó en los mismos jueces,en tanto que la mayoría de los pacientes se encontraban inscritos en las EPS. Ese pago se hizo entre 2009 y 2013.
Se encontró evidencias ciertas que hacen dudar que efectivamente el servicio se haya prestado, puesto que no había soportes fiables. La representante legal de Asistegrales Ips presentó una certificación fechada el 24 de noviembre de 2014, según la cual fue suministrado a los pacientes Factor VIII de alta pureza con factor enriquecido Von Willebrand Fandhi.
Lo curioso de todo, es que la Secretaría de Salud no ejerció su derecho a la defensa y no hizo nada para oponerse a las acciones de tutela, presentando, por ejemplo, que los pacientes debían ser atendidos por sus respectivas EPS, con lo cual se hubiese salvado a los bolivarenses de pagar esas onerosas cuentas.
La llegada de Fernando Carrillo Flórez sirvió para desempolvar una investigación que la habían refundido en las calendas griegas. Las 17 tutelas que utilizaron para desangrar $25.456 en la mala atención de los 96 pacientes de Bolívar, denota que la justicia realmente es un huevo curruto para que particulares y servidores públicos se enriquezcan con el dinero de los más pobres y necesitados de este departamento.Y desde ese año — 2014— hasta hoy no había pasado nada extraordinario con las investigaciones, pero todo hace presagiar que vendrán sorpresas en los próximos meses.
Por LUCIO TORRES
