«1. Violación al debido proceso por pretermisión de una etapa trascendental del juicio de constitucionalidad, referente al trámite del impedimento y recusación, en detrimento grave del principio de imparcialidad. Esto en referencia al magistrado Carlos Bernal, de quien dice: “no estudió el caso ni permitió recusación”.2. Violación al debido proceso por haberse proferido una decisión sin las mayorías constitucionales requeridas, en la medida que uno de los cinco magistrados que apoyaron la decisión se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento, que debía resolverse previamente y por ende no estaba habilitado para fallar.3. Violación al debido proceso por incongruencia en la sentencia. La hace inteligible en relación con la potestad o no del Congreso de la República para incluir modificaciones contrarias al contenido del acuerdo final.4. Violación al debido proceso por cambios injustificados del precedente, según la cual la Corte venía considerando que hacer votaciones en bloque y restringir únicamente al Gobierno la posibilidad de introducir cambios a un proyecto de ley, en determinadas materias, no vaciaba de contenido ni sustituía las funciones legislativas.5. Violación al debido proceso por ausencia de deliberación suficiente, teniendo en cuenta que uno de los magistrados se posesionó un día antes de fallarse la demanda».
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, defendió la solicitud de la Casa de Nariño y dijo en la emisora Blu Radio, que el Gobierno cree que hubo una violación al debido proceso. Estas son sus declaraciones:
Esta es la solicitud del Gobierno a la Corte
Con esto queda comprobado que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos no quiere que el proceso de paz se le salga de las manos y está dispuesto ha hacer todo lo posible para complacer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), así sea destruyendo el orden constitucional del país.
Aclaremos que la Corte cuando tumbó el Fast Track lo hizo con el argumento de que se estaba viololando un de los principios fundamentales del Congreso, que es hacer las leyes y modificar las mismas. En este caso, el Gobierno de Santos solo pretende que los parlamentarios sean una especie de simples «notarios», que avalen todos sus proyectos de ley mediante el citado Fast Track o vía rápida, para que la paz a la medida de las Farc se concrete.
