El Contralor desmanteló la planta de Regalías, la que más persigue la corrupción en Colombia, de donde sacó 100 experimentados técnicos y dejó a sus cuotas burocráticas o recomendados, la mayoría abogados sin conocimientos del Control Fiscal, pero los que más devengan con promedio de $20 millones al mes. Esto llevó a la minimización de la fiscalización de los recursos de la Nación (SGR).
El desarrollo social, económico y ambiental de los entes territoriales y los casos de corrupción y despilfarro, motivó a que con la ley 1530 de 2012 se creara el Sistema General de Regalías (SGR) conformado por el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones cuyo objetivo es la de crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables; antes de la reforma, el 80% de la población recibía el 20% de las regalías lo que cambió de manera sustancial: en el bienio 2013-2014 ese 80% de la población se benefició del 70% de los recursos, los municipios receptores de regalías pasaron de 655 en 2010 y 2011, a 1.078 en el bienio 2013-2014.
Con la finalidad de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías se determinó la creación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías (SMSCE) a cargo del Departamento Nacional de Planeación financiado con los recursos del Sistema.
La misma ley 1530 fortaleció la competencia de la Contraloría General de la República-CGR como organismo autónomo de carácter técnico, en ejercer la vigilancia y control fiscal sobre los recursos del SGR y para alcanzar una mayor eficacia de la función, el SMSCE le proveería información pertinente y en tiempo real. Para el desarrollo del ejercicio fiscalizador, se facultó al Presidente de la República para que dictara normas con fuerza de ley y así crear en la entidad los empleos necesarios.
En cumplimiento al mandato legal y presidencial, la Contraloría General de la República conformó mediante la Resolución Orgánica 7317 de 2013 una planta multidisciplinaria integrada por profesionales del derecho, contadores y especialmente técnicos en todas las áreas dirigida por un contralor intersectorial con el objetivo de efectuar una vigilancia fiscal eficaz a los recursos del Sistema General de Regalías-SGR, la planta con 338 cargos, tuvo un presupuesto calculado de $2.000 mil millones mensuales, $30 mil millones anuales. El presupuesto del Sistema no hace parte del presupuesto general de la Nación y quedó establecido que estaría conformado por los ingresos y los gastos bianuales, presupuesto que sería elaborado y presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República.
Para el bienio 2013-2014 mediante la ley 1606 se aprobó el presupuesto del SGR en $17 billones al cual se debería ejercer vigilancia administrativa, financiera a cargo del DNP a través del SMSCE y el control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República a través de la planta de regalías.
Los resultados del control fiscal en la era Morelli
Bienio 2013-2014: No obstante de que la planta de regalías no estuvo exenta de la atención por parte de partidos políticos y magistrados de las altas cortes y por los propios sindicatos de la Contraloría, según el “Informe Evaluación al Sistema de Regalías dos años después”, de la Contraloría General de la República, como resultado del control fiscal a las inversiones con recursos del Sistema General de Regalías, a partir del mes de agosto de 2012 y hasta el 2014 (Durante la gestión de la excontralora Sandra Morelli) se consolidaron como beneficios de actuaciones más de $1.35 billones, se emitieron funciones de advertencia que buscaron prevenir detrimentos por $4.2 billones y se establecieron 1050 hallazgos fiscales por una cuantía de $1.2 billones, de los cuales de mayor relevancia por sectores son:
La gestión de Maya
Con la llegada de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría, en febrero de 2015 la planta de regalías fue organizada en tres grupos de trabajo a saber: Conocimiento y trámite de los procesos de responsabilidad fiscal dependiente de la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción; Control Fiscal Macro y Control Fiscal Micro dependientes del Despacho del Vicecontralor con la particularidad de 30 contralores delegados intersectoriales distribuidos en los tres grupos de trabajo: para el primer grupo se asignaron 10; para control fiscal micro 15 y para el control fiscal macro 5. El salario mensual de un contralor delegado intersectorial estaba alrededor de los $18 millones cuya labor se centraba en acciones de dirección y manejo del personal técnico.
Cargos burocráticos por doquier
Los cargos de la planta de regalías no estuvieron exentos de las recomendaciones políticas, o burocracia, especialmente los de los más altos ingresos correspondientes a los contralores delegados intersectoriales, entre ellos: llama la atención de manera significativa la abogada Eddy Lucía Rojas Betancourth, contralora asignada para la vigilancia fiscal de los departamentos de Cesar y La Guajira, y hermana del ex presidente del Consejo de Estado del 2016, Danilo Rojas; José Francisco Ardila Medina, hermano del ex contralor de Bogotá Diego Ardila Medina; el coronel en retiro Carlos Alberto Barragán Galindo, famoso por el escándalo de los narcocasetes del Proceso 8.000 y ya pensionado; Juan Carlos Rendón López, quien venía de la Contraloría de Medellín; Alba Lucía Londoño, quien actualmente afronta una investigación disciplinaria en la Procuraduría por una presunta participación en política a favor de la congresista Nidia Osorio cuando se desempeñaba en el 2014 en la misma Contraloría como Directora de Vigilancia Fiscal de la delegada para el sector Social. (Ver tabla anexa de los Contralores de Regalías recomendados a feb. de 2015)
Del listado de los contralores se puede concluir que primó el componente burocrático en vez que el técnico, el cual es primordial para el ejercicio eficaz del control fiscal. Los funcionarios de regalías, que ahora ocupan los cargos, los recomendados, en su mayoría son abogados sin los conocimientos necesarios.
Bienio 2015-2016
En agosto de 2016 en desarrollo de su Plan Estratégico 2014-2018 denominado “Control fiscal para una mejor gestión pública” el Contralor Maya rindió el informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República correspondiente al período 2015-2016, del cual se tienen los resultados obtenidos por la planta de regalías, así:
Según el informe, de las auditorías realizadas en regalías, la región de los Llanos ocupaba el primer en cuanto al porcentaje de hallazgos encontrados con una incidencia fiscal con un 47.77%, seguida por la región Caribe con un 30.51%.
Para el primer semestre del 2016 los casos más representativos por sector en regalías, que comienzan a bajar, se tiene:
El sector educación, en regalías, representó el 23.74% de los hallazgos con incidencia fiscal, seguido del sector de transporte, en la misma planta, con el 21.27%, donde nuevamente la región de los Llanos ocupó el primer lugar en número de hallazgos encontrados en la citada dependencia.
La reducción de la planta de regalías
Para el bienio 2017-2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaboró el presupuesto del Sistema en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía y fue presentado al Congreso de la República, el cual ante la falta de los últimos debates, el Gobierno Nacional facultado por la misma ley 1530 procedió a expedirlo mediante el Decreto ley 2190 del 28 de diciembre de 2016 en un monto de $11.7 billones, de los cuales $58.7 le correspondieron a la Contraloría General de la República para el ejercicio fiscalizador de las inversiones con recursos del SGR a través de la planta de regalías, lo cual representó una drástica reducción para el desarrollo de la actividad pública del control fiscal que le compete por disposición constitucional y legal a la Contraloría. El mismo Decreto ley 2190 facultó al Contralor General para realizar los ajustes necesarios acorde a las nuevas disponibilidades presupuestales.
En tal virtud, el pasado 09 de febrero de 2017, el Contralor General de la República mediante el comunicado No. 20 bajo el argumento de la reducción en el presupuesto aprobado por el Congreso para el bienio 2017-2018, ordenó la supresión de 100 cargos de la planta de regalías, conformada en ese momento por 304 funcionarios.
Ahora bien, esperando que la anunciada reducción de personal de regalías hubiese tenido en cuenta que el ahorro estuviera orientado a optimizar los recursos aprobados y a reforzar el componente más importante del control fiscal como función pública y que es el técnico, la Red de Veedurías de Colombia, en uso de su autonomía y atribuciones legales, solicitó a la Contraloría, tanto el respectivo estudio técnico y financiero que sustentaba la decisión, así como la relación de los funcionarios retirados.
Del estudio aportado en mención, se deduce que éste carece de evaluaciones serias por funcionario y sus actividades realizadas, siendo el único sustento para su retiro la disminución de los recursos aprobados por el mismo Gobierno Nacional y cuya selección se dio a dedo sin tocar a los contralores delegados intersectoriales, que son los que mayores recursos devengan privilegiándolos con la decisión. En el listado del personal retirado, el 98% corresponde a profesionales especializados encargados del componente técnico, que es el más importante del control fiscal, que le corresponde a todas las contralorías del país y no es la excepción para la Contraloría General.
Ante la situación, la Veeduría se hace los siguientes interrogantes:
¿Quien realizará un eficiente control fiscal a las inversiones del SGR siendo el componente técnico prioritario de la fiscalización cuando el Gobierno Nacional y el Contralor General no buscaron las vías para solucionar la deficiencia de los recursos y más aún cuando la mayoría de casos de corrupción en el país denunciados y conocidos por la opinión pública, son proyectos y obras financiadas con dineros de regalías?
¿Por qué tanto silencio del actual Auditor General de la República Carlos Córdoba encargado de vigilar las gestiones fiscales de las 63 contralorías existentes siendo la más importante la de la CGR, olvidando que durante su gestión como Vicecontralor General de la República fue actor de primer orden en la creación y puesta en funcionamiento de la planta de regalías?
¿Porqué el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no previó esta deficiencia siendo el encargado de las finanzas públicas del Estado y más por el contrario, está pendiente de autorizar una nueva capitalización de $1.2 billones en Colombia Comunicaciones-COLTEL manejada por la española Telefónica y cuya gestión no ha sido la más eficiente?
¿A cuánto ascenderá el detrimento patrimonial al erario público por las demandas de las personas retiradas que sienten vulnerados sus derechos?
Por Luis Alfonso Vargas
Directivo de la Red de Veedurías de Colombia.
