Según el jurista Germán Calderón, la venta va contravía del artículo 60 de la Constitución, que propende por la protección del patrimonio público. Dice que no se conoce la verdadera situación financiera de la ETB, no se han intentado las alianzas estratégicas para hacerla productiva y no se ha agotado los mecanismos para que la ciudadana decida o no su enajenación.
El constitucionalista sostiene que el artículo 41 transitorio de la Constitución de 1991 no tenía la facultad para atribuirle al Concejo esta clase de autorizaciones, puesto que la normatividad que rige al Distrito Capital no proviene de una ley expedida por el Congreso de la República.
El jurista también se sustenta en que la administración capitalina va en contravía del artículo 60 constitucional, que propende por la protección del patrimonio público, porque no se han tomado las medidas conducentes previas a una decisión de democratizar la titularidad de las acciones de la ETB, como por ejemplo, pensar en utilizar la infraestructura de la fibra óptica que cobija aproximadamente el 85% de la ciudad para aliarse con socios estratégicos en telefonía móvil celular, televisión por cable, entre otros tantos productos tecnológicos que se pueden emprender para hacerla más eficiente y productiva.
La enajenación de la propiedad accionaria del Estado está limitada por la Sentencia C-393/12 de la Corte Constitucional, pues la competencia es de carácter constitucional y como también lo dijo el Consejo de Estado: “los Concejos Municipales pueden otorgar autorización pro témpore a los mandatarios para precisas funciones, y particularmente para celebrar contratos, atribuciones éstas que encuentran sus límites en la misma Constitución y la Ley.” Y esos límites son, primero, que no se conoce la verdadera situación financiera de la ETB, segundo, que no se han intentado las alianzas estratégicas que la hagan productiva, y tercero, que no se ha agotado mecanismo alguno de participación ciudadana previa a la decisión de venta.
Por último, Calderón España asegura que el Alcalde Peñalosa debió haber presentado un Programa de Enajenaciones, en aplicación por analogía del artículo 8 de la Ley 226 de 1995.
Anuncian posible acción popular
Si en el curso de los 15 días siguientes no es contestada por la administración distrital dicha solicitud o si la respuesta es negativa y el Alcalde Mayor continúa con la solicitud de autorización de la venta accionaria de la ETB ante el Concejo de Bogotá, el abogado Calderón España interpondrá una acción popular en procura de la protección del patrimonio público de los bogotanos.
Es muy probable que los servidores públicos de la ETB, los sindicatos de esa entidad y los pensionados se sumen a la solicitud elevada por el constitucionalista.
Calderón España se ha caracterizado por su independencia dentro de su campo profesional y no le ha temblado el pulso para interponer acciones judiciales, la mayoría exitosas, contra los gobernantes de turno del país, sin importar su ideología.
Esta es la acción completa de Calderón España ante el Alcalde Peñalosa para detener la venta de la ETB:
