Una comisión especial de la Fiscalía y la Dijín de la Policía viajó desde Bogotá hasta Florencia (Caquetá) para capturar a María Susana Portela, alcaldesa de la ciudad, y a su esposo, Diego Luis Rojas, acusados de corrupción por presuntos sobornos en proyectos de endeudamiento.
Varios operativos de las autoridades se llevaron a cabo en Florencia para detener a otros funcionarios del citado municipo, del sur de Colombia, específicamente a nueve concejales.
Según las investigaciones, el caso tendría que ver con un proyecto aprobado que superó los $20 mil millones, además de sobornos a funcionarios públicos para beneficiar el proyecto Ciudadela Habitacional Siglo XXI.
Los delitos por los cuales tendrán que responder los implicados son celebración de contratos sin cumplimientos de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por omisión.
Estos son los detenidos:
Concejal Linio Antonio Casanova Carvajal
Concejal Jineth Gisela Caviedes Trujillo
Concejal José Manuel Garzón Medina
Concejal José Manuel Medina Retravisca
Concejal Juan Fernando Olarte Collazos
Concejal Óscar Eduardo Parra Toledo
Concejal Manuel Ramírez Espinoza
Concejal Jorge Humberto Romero Mollano
Concejal Eduardo Silva Neira
Alcaldesa María Susana Portela Lozada
El esposo de la alcaldesa, Diego Luis Rojas Navarrete
Secretaria de Hacienda, Nancy Liliana Barreto Mora
Exsecretario de Desarrollo Económico, Jair Díaz Díaz
El caso de la Secretaria Privada del CTI
Otro caso de corrupción que se presentó en Colombia lo protagonizó Carmen Sofía Carreño Daza, Secretaria Privada del Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, Julián Quintana, quien fue capturada junto con su actual compañero sentimental, un integrante de la Dijín de la Policía, cuando supuestamente intentaba introducir al país (procedente de República Dominicana) por el Aeropuerto Eldorado de Bogotá, 1 millón 80 mil dólares. El caso fue revelado a la opinión pública sorpresivamente por el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Con Carreño, de 50 años, fueron capturadas por la Policía Fiscal y Aduanera otras cuatro personas, todas están sindicados de pertenecer presuntamente a una red de contrabando. La empleada de la Fiscalía le había pedido permiso a su jefe (Quintana) para ausentarse por unos días debido una «urgencia personal», relacionada, al parecer, con una grave enfermedad de un familiar cercano.
Según los investigadores, Carreño, fue empleada del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y acababa de recibir una indemnización de 200 millones de pesos por la muerte de su esposo, quien también laboró en ese organismo de seguridad. Con Carreño también cayó su hija, una estudiante de derecho de 20 años.
El alijo fue encontrado en una maleta de doble fond, envuelto en plástico y pegado con cinta transparente. Los implicados podrían ser procesados por contrabando y enriquecimiento ilícito.
El caso que le da vergüenza a la Fiscalía General de la Nación, hizo que el propio Julián Quintana saliera a decir en los medios de comunicación, que Carreño no era una empleada de su confianza y que se encargaba de la recepción de llamadas y documentos y de hacer trámites menores. La corrupción campea en Colombia.
