El togado Alberto Rojas Ríos intentó a toda costa darle casa por cárcel, mediante tutela, a la temible Sofía Jiménez, condenada a 52 años por asesinar a su esposo y a tres personas en el Meta. ¿Recibió este magistrado algún favor a cambio? ¿Debería ser investigado Rojas? ¿Está conectado Rojas con los magistrados recientemente capturados por corrupción en Villavicencio?
A la Corte Constitucional hay que ponerle una atención especial, porque allí están sucediendo cosas estrañas que escandalizan a toda Colombia, que no son dignas de la majestad que debe tener uno de los más altos tribunales de la justicia en el país.
Soprende que en varios casos, magistrados antiguos, a los que les quedan pocos años en la Constitucional, sientan empatía con la mafia, sus temas afines y la corrupción. No así, los nuevos togados que parecen tomar distancia de estos.
Para soportar esta afirmación, solo vamos a nombrar un ejemplo de tantos. El tema lo explotó en primicia el diario el Tiempo, el cual reveló las andanzas del Magistrado Alberto Rojas Ríos.
Este togado, sobre la cabeza de casi todos sus compañeros, quiso imponer que la Corte revisara una acción de tutela que beneficiaba una de las peores mujeres asesinas que ha conocido Colombia en su historia, la temible Marbely Sofía Jiménez de Parrado, mandamás de la mafia y el crimen en el Meta.
Jiménez, está condenada desde el 2012 con una pena aumentada a 52 años de prisión por la muerte de su esposo Óscar William Parrado, su hijastro y dos personas más para quedarse con su empresa «Autorrolings», en los Llanos Orientales. El desaparecido señor Parrado habría creado una cadena empresarial de ‘multitecas’ y centros de diagnóstico automotor con sucursales en Meta, Guaviare y Casanare, llamada Autorrollings, la cual pasó a manos de esta hermosa mujer, vinculada con las más tenebrosas bandas criminales.
La Fiscalía estableció que Jiménez tenía nexos con una poderosa organización de sicarios que dirigía Smith Bayardo Parra, alias «Manopicha», un hombre cercano a la banda criminal «Erpac», manejada por el extinto capo de los paramilitares Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’. Además tuvo relación con el fallecido «zar de las esmeraldas», Víctor Carranza. Dicha mujer contrató al temido «Manopicha» para asesinar a su esposo Óscar Parrado y luego entabló una relación sentimental con este jefe sicarial, que le hizo el favor, de la cual nació un hijo.
Sin embargo, a pesar de que Jiménez estaba condenada por estas muertes, en forma extraña tenía casa por cárcel, o sea, reclusión domiciliaria. Lo peor, es que eran famosas sus salidas a rumberar con sus escoltas, sus viajes y su gran vida noctura en Villavicencio, pasando por alto su alta sentencia. Inclusive, las fotos de sus placeres las subía a las redes sociales y allí decían que se estaba burlando de la justicia.
Por eso, Henny Yazmín Larrota, la segunda esposa de Parrado, presentó una tutela para que se le enviaran a prisión.
La Corte Suprema de Justicia, el 28 de enero de 2016, le dio la razón a Larrota y ordenó mandar a Jiménez a la cárcel, argumentando que no entendía “las razones por las cuales el juzgado de conocimiento no dio inmediato cumplimiento a su decisión, esto es, disponer el traslado de la sentenciada a un establecimiento carcelario”. Esa orden fue revalidada en segunda instancia, y por eso, Jiménez pasó de su mansión en Villavicencio a una prisión. Allí recibió el aumento de su condena de 39 a 52 años.
La defensa del magistrado Rojas
Otra tutela para lograr la reclusión domiciliaria de Sofía Jiménez llegó a la Corte Constitucional. Sobre este tema, el magistrado Rojas argumentó ante los demás togados que enviar a la temible mujer a la cárcel, supuestamente, vulneraba los derechos de sus tres hijos y el principio de prevalencia del interés superior del menor.
“Es mi obligación advertir que en este asunto se está cometiendo una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad, hijos de la acusada, quienes requieren con urgencia y prontitud la presencia de su madre para tener un desarrollo armónico y pleno”, dice el escrito de insistencia de Rojas, de 12 páginas.
Pero, Rojas no se quedó ahí, ratificó que la decisión de la Corte Suprema afectaba los derechos de Jiménez “a la unidad familiar, así como la protección reforzada de la procesada en su condición de madre cabeza de familia”.
De acuerdo con El Tiempo, Rojas, en su documento de defensa, aportó otro fallo de la Suprema en el cual se le otorgó prisión domiciliaria a una madre cabeza de familia. Además adjuntó conceptos de psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras que argumentaban que «los hijos de Jiménez se estaban viendo afectados por ser separados de su madre». Toda una gran defensa a favor de Jiménez.
Plata para comprar la justicia
El tema de Jiménez está vinculado a uno de los peores casos de corrupción en la justicia en el Meta, que involucra a los más encumbrados magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villaviciencio, a quienes les pagaban hasta con favores sexuales por sus amañadas decisiones judiciales, especialmente el otorgamiento de casa por cárcel a peligrosos delincuentes, entre ellos el famoso «Manochipa», amante de Jiménez. Los implicados son Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño y el exmagistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez. Todos capturados por corrupción. Se habla de que habrían recibido soborno que superan los 3.000 millones de pesos.
La Fiscalía reveló que Jiménez también pagó millonarias sumas a los operadores judiciales de Villavicencio para que le mantuvieran allá ese beneficio de casa por cárcel que utilizaba para parrandear, pese a la condena por homicidio que recibió incialmente en el 2012.
Rojas tiene mucho que reponderles a los colombianos
Ahora, hay que preguntarse: ¿Rojas era el gran abogado defensor en la sombra de Jiménez? ¿Por qué era tanta la insistencia de Rojas para favorecer en la Corte Constitucional a esta persona líder de la mafia de Villacivencio? ¿Recibió este magistrado algún favor a cambio? ¿Está conectado Rojas con los magistrados recientemente capturados por corrupción en Villavicencio? ¿Debería ser investigado este magistrado, como otro togado que supuestamente recibió dádivas de particulares?
La actitud de Rojas hace ver muy mal a sus compañeros magistrados y parece ratificar la percepción de los colombianos, en el sentido de que las Altas Cortes estas permeadas por la mafia, el crimen y la corrupción… Porque la ciudadanía dice que «allá todo se mueve con gran sumas de dinero para comprar a los magistrados, ya hay antecedentes».
