La Gobernación de Córdoba mantiene en estado de vulnerabilidad a 300 menores pobres porque no paga los recursos para su rehabilitación, sin justificación legal alguna.
La Organización de Estados Americanos (OEA) siempre ha mostrado su interés por los casos de hambre y desnutrición que padecen miles de menores de la comunidad indígena Wayúu en Colombia, pero ahora también puso su mirada en la difícil situación que padecen 300 niños discapacitados en Montería, Córdoba.
El organismo defensor de los Derechos Humanos se encuentra analizando una sustentada denuncia de la fundación FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS S.A.S, con sede en la capital cordobesa desde el año 2009, y que se encarga de alimentar y rehabilitar física y mentalmente a los menores de la región con terapias médicas y de esparcimiento.
La empresa atiende a los niños, en su mayoría pobres, con discapacidad en programas de modalidad Semi interno (en su sede) y externa (en los respectivos hogares de los pacientes), además presta servicios de salud como: Terapia física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología.
FUNTIERRA es la única Institución Prestadora de Salud (IPS), certificada en el citado departamento, que se encarga de brindar atención especializada a los menores, porque cuenta con personal capacitado e instalaciones adecuadas para tal fin. Son 300 jóvenes que se benefician con su servicio.
Resulta que la Gobernación de Córdoba, que hace un aporte económico establecido por ley para el tratamiento de dichos niños en condición de discapacidad, por una extraña razón que no justifica legalmente, le debe el pago de varios meses de servicio a FUNTIERRA y se niega a entregar los recursos a la citada firma para la atención oportuna de los menores.
Los pagos los hace la Gobernación a través de la Secretaría de Salud de Córdoba y a FUNTIERRA se le adeudan los meses de febrero a junio del2016; octubre, noviembre y diciembre del 2015, y septiembre y diciembre del 2014. Esto hizo que la empresa entrara en una insolvencia económica que la llevó a su cierre temporal desde el pasado 1 de junio de 2016.
Lo anterior produjo el retiro forzoso de empleados que llevaban más de 5 años vinculados a la firma y la suspensión de los tratamientos de los menores discapacitados, que actualmente no están recibiendo la atención requerida, porque en la región no hay otra empresa que brinde los mencionados servicios. Con esta posición negligente de la Gobernación, los 300 niños han visto vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, integridad personal y una vida digna.
La negación de los pagos comenzó durante la pasada gestión de Alejandro Lyons Muskus y su Secretario de Salud, Edwin Preciado, pero se mantiene en la presente administración del Gobernador Edwin Besaile, quien justifica su posición alegando que los tratamientos nunca se han realizado, lo cual es desmentido por FUNTIERRA con certificaciones en la mano en las que relaciona a cada uno de los pacientes, las cuales ya fueron auditadas o confirmadas por la propia Gobernación de Córdoba.
Los padres de los menores acuden a la OEA
Tomasa Isabel Estrada Terán, una ama de casa que vive en el barrio Villa Cielo de Montería, es madre de uno de los menores afectados con la decisión de la Gobernación llamado Aldo Negrete Estrada, por eso apoyó la denuncia de FUNTIERRA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que estos menores, entre ellos su hijo, vuelvan a recibir la atención clínica necesaria para su vida.
Estrada como vocera de los padres damnificados por esa situación le pide a la OEA que haga cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, sobre el reconocimiento de vulnerabilidad de los menores y sobre sus derechos civiles que deben ser respetados por el Estado colombiano.
Esta es una parte de la queja.
Los padres de los niños han interpuesto más de 300 tutelas para que sus hijos sean atendidos, pero la Gobernación reiteradamente se ha negado a autorizar las terapias ordenadas por los jueces y luego a cancelarle a FUNTIERRA por este servicio. La única forma de lograr que se cumplan los fallos de tutela ha sido mediante las acciones de desacato, las peticiones que no tengan desacato no son tenidas en cuenta por la administración.
La CIDH se interesa en el caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le respondió a FUNTIERRA y a la señora Estrada con una solicitud para que le sea enviada información clave con el fin de desarrollar el caso.
La CIDH se interesó en dos puntos fundamentales sobre este tema. El Primero, confirmar cuál es el estado actual de las víctimas, o sea de los menores. Segundo, informar sobre los recursos judiciales que se han interpuesto ante la Gobernación. Sobre este punto, FUNTIERRA le aclaró al organismo internacional que ha instaurado muchos Derechos de Petición solicitando el pago por sus servicios, en total le adeudan 10 meses de su trabajo, pero el resultado ha sido negativo.
La respuesta completa de los denunciantes a la Comisión Interamericana, la puede ver AQUÍ.
Luego de estas comunicaciones entre las dos partes, se espera un pronunciamiento de fondo, en los próximos días, de la OEA sobre los niños discapacitados de Montería, quienes se encuentran vulnerables ya que empeoran cada día en sus enfermedades por falta de tratamientos y siguen a la espera de atención.
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