La famosa máquina tapahuecos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. La Contraloría Distrital puso en la mira la contratación de este aparato por cerca de 12 mil millones de pesos y el burgomestre capitalino tiene ahora 10 días para responderle al organismo de control el porqué no se les hizo firmar a los contratistas una garantía en caso de que la arregladora de baches no cumpliera con lo pactado por cualquier circunstancia.
En una Visita Fiscal realizada el pasado 7 de enero de 2015, la Contraloría de Bogotá constató que desde hace dos meses, las obras que se vienen adelantando con Green Patcher Colombia S.A.S, propietaria y operaria de la tapahuecos, no cuentan con la Garantía Única, lo que conlleva a que ante un posible siniestro el Distrito no tenga una póliza que ampare los eventuales perjuicios.
Para la Contraloría es claro que el contrato denominado de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013, suscrito por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) con GREEN PATCHER COLOMBIA S.A.S., no obstante que fue prorrogado desde el 14 de noviembre de 2014 por el término de 11 meses y 15 días, a la fecha de la citada Visita Fiscal, no contaba con la ampliación de la Garantía Única de Cumplimiento, por lo que ante un eventual incumplimiento, el Distrito Capital no cuenta con el instrumento que le permita lograr la reparación de los perjuicios que se le llegaren a ocasionar con el mismo.
Es importante señalar que mediante Prórroga No. 1 del 14 de noviembre de 2014, la UAERMV y GREEN PATCHER COLOMBIA S.A. acordaron ampliar el plazo del citado contrato por el término de 11 meses y 15 días, contados a partir del 18 de noviembre del mismo año, estipulándose igualmente la obligación de la sociedad contratista de extender las garantías de acuerdo con los términos de la misma.
Para la Contraloría de Bogotá es preocupante que dos meses después de la prórroga del contrato en cuestión, aún no se cuente con la respectiva póliza de Garantía y se continúe con la ejecución de las obras en la ciudad, sin la existencia de las debidas garantías y sin que la UAERMV haya ejercido los poderes de dirección y control del contrato y que no cuente con un instrumento que le permita lograr la reparación de los perjuicios que se puedan ocasionar ante un eventual incumplimiento en el desarrollo de dicho contrato.
Vale la pena recordar que el organismo de control, en anterior pronunciamiento, también había advertido que la primera póliza exigida al contratista se expidió por calidad del servicio por un plazo de seis meses, cuando – según el estatuto de contratación y el decreto No. 734 de 2012 – la garantía debería ser de calidad y estabilidad de la obra por un término de 5 años.
Ante el grave incumplimiento por la no ampliación de los términos de las correspondientes garantías y demás hechos relacionados, el Contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, envió una Función de Advertencia al alcalde Mayor Gustavo Petro para que en un término de 10 días responda las observaciones evidenciadas en la Visita Fiscal realizada el 7 de enero de 2015.
Recordemos que si la máquina tapahuecos no cumple con su contrato (reparchar unos 200 mil huecos), se podría configurar un posible detrimento patrimonial a las arcas del Distrito, que a su vez, se nutre con los aportes de toda clase de impuestos y contribuciones que hacen los ciudadanos que viven en la capital del país. Es decir, es el dinero de los bogotanos el que está en riesgo en este caso por no haber las garantías legales para amparar el jugoso negocio.
