Durante los cuatro años de negociaciones de paz en La Habana, los países de Cuba y Noruega fueron garantes del proceso, mientras Chile y Venezuela fungieron como acompañantes. Los cuatro ayudaron a mediar cuando las cosas se pusieron difíciles y, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, facilitaron tareas logísticas. Con el tiempo, Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyaron los diálogos, enviaron delegados a la mesa o se comprometieron a aportar recursos para la implementación de lo pactado.
Ahora, en una carta abierta al mundo, 68 Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos de América Latina, África y Asia decidieron sumarse al respaldo internacional al proceso de paz. En el documento, ONG de México, Argentina, Venezuela, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Egipto, Honduras, Guatemala, Uruguay, Kenia, Indonesia, Sudáfrica, Nicaragua y Bolivia declararon que respaldan el “SÍ” en el Plebiscito en las elecciones que se realizarán del próximo 2 de octubre de 2016, el cual aprobará o rechazará el Acuerdo Final alcanzado en Cuba entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.
Entre los firmantes del documento se encuentran las Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina; la Asociación Pro Derechos Humanos, de Perú; el Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Comité de Familiares de las Víctimas, de Venezuela, y la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
También varias ONG colombianas también la carta, entre ellas, la Corporación Humanas, que asistió a la mesa de conversaciones para participar en las discusiones sobre la inclusión del enfoque de género en los acuerdos; Dejusticia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que contribuyeron a los debates sobre justicia transicional, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que apoyó a algunas delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana.
En el documento, las Organizaciones afirman que el Acuerdo representa, además de la terminación del conflicto armado con las Farc, “un paso importante en el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y de derechos humanos durante los últimos 50 años”.
“Poner fin a la guerra supone terminar con las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que afligen a la población colombiana, y en particular a la rural”, manifiestan las ONG.
La carta se construyó por iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización fundada en 1979, durante la última dictadura militar argentina, para promover los Derechos Humanos y la democracia en ese país suramericano.
Según Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la paz con las Farc “es un momento histórico para Latinoamérica”, en el que se debe valorar el Acuerdo como un punto de partida para poner fin a las “violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.
Respecto al papel que el CELS y otras ONG podrían jugar en la etapa de posacuerdos, Chillier sostiene que “en función de nuestra experiencia y nuestra historia, nuestra intención es apoyar el importante trabajo de las organizaciones colombianas en el monitoreo de la implementación” del Acuerdo.
El Acuerdo Final de La Habana contempla la participación de organizaciones sociales en el monitoreo del cese al fuego bilateral y definitivo y de la dejación de armas, así como en la construcción de nuevas instituciones políticas, electorales, judiciales y de seguridad.
La carta
Colombia: organizaciones de todo el mundo decimos Sí a la paz.El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), el 24 de agosto de 2016 representa, además de la finalización del conflicto armado entre las partes, un paso importante en el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y de derechos humanos durante los últimos 50 años.En este momento, valorar el acuerdo de manera global es la mejor opción ante un proceso largo y complejo de negociaciones. Poner fin a la guerra supone terminar con las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que afligen a la población colombiana, y en particular a la rural. Al mismo tiempo, en materia de acceso a la tierra y las políticas de drogas se plantean nuevos abordajes a problemas históricos.Además el acuerdo final establece un proceso propio de fortalecimiento de la democracia y de búsqueda de las mejores garantías para asegurar los derechos de los casi ocho millones de víctimas del conflicto, con mecanismos de justicia, verdad y reparación. Tales procesos son esenciales para lograr la no repetición de las violaciones cometidas en el país a lo largo de décadas.En este escenario, las organizaciones firmantes apoyamos este momento histórico de Colombia y respaldamos el Sí para el plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. A partir de la aprobación de este acuerdo será posible activar, precisar y vigilar los mecanismos que necesita Colombia para asegurar los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.Por esa razón las organizaciones firmantes también manifestamos nuestro interés en apoyar el monitoreo de la implementación de este acuerdo en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Las ONG firmantes
