Alba Posada fue sacada por denuncias de irregularidades en Córdoba, donde no investigó algunos casos de la salud y se dedicó a perseguir una sola IPS. Se habla de favocimiento a los exgobernadores Lyons y Besaile. Mientras Gloria Cifuentes, fue la abogada de Alán Jara y pretendía manejar los procesos en la Contraloría contra este exgobernador del Meta.
El nuevo Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, tiene claro que en la entidad que dirige hay muchas irregularidades, falsos hallazgos, manipulación política de los expedientes, casos sospechosos e injusticias en diferentes procesos y por eso está dispuesto a tomar las medidas necesarias para sanear a este organismo de control, tan reconocido por los colombianos.
Por eso, ya ha declarado insubsistente a varias gerentes generales de la Contraloría debido a actuaciones sospechosas. La primera fue Alba Posada Lerech, quien se desempeñaba como gerente general en Córdoba.
Ahora el turno fue para Gloria Cifuentes Álvarez, que era gerente general de la Contraloría para el departamento del Meta, declarada insubsistente mediante la resolución 00156.
Cifuentes había sido nombrada por el mismo Córdoba, el pasado 16 de enero de 2019, y posesionada por la gobernadora metense Marcela Amaya.
Resulta que Cifuentes Álvarez tenía la misión de investigar en su gerencia temas relacionados con el posible uso indebido de recursos de las regalías durante la pasada gobernación del cuestionado político Alán Jara.
Sin embargo, Cifuentes se posesionó en el Meta, ocultándole al Contralor Córdoba que fue abogada de Jara en varios casos y por esa defensa, en el pasado, debía declararse impedida para adelantar algunas investigaciones de la entidad.
Una clara inhabilidad y un hecho que generaba sospechas o rumores en la región de posibles favorecimientos de esta funcionaria hacia el exGobernador Jara. Córdoba quiso limpiar su casa y salir de esta empleada pública.
La resolución de insubsistencia de
Caso Posada Lerech
La declaración de insubsistencia de Alba Posada Lerech por parte del Contralor Córdoba se dio por varias denuncias de hechos irregulares en el citado departamento costeño.
Entre ellos se habla de supuestos pagos irregulares que hizo la Secretaría de Salud de Córdoba a varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en vigencia de los años 2015, 2016 y 2017, por tratamientos de terapias basadas en neurorehabilitación, catalogadas como procedimientos NO POS.
Aunque a todas las IPS les pagaron, la mencionada Gerencia de CGR, a cargo de Posada Lerech, sólo le abrió investigación a la empresa Funtierra IPS y pasó por alto a las otras firmas relacionadas con la salud, que recibieron millonarios pagos de la Gobernación de Córdoba.
No obstante, Funtierra es una de las pocas IPS de la zona que sí le prestó el servicio de salud a los niños pobres discapcitados, algunos con Síndrome de Down, a quienes recogía en sus veredas y sus sitios apartados de residencia y los trasladaba hasta la sede de la firma, donde los atendía y hasta les daba alimentación. Esta empresa privada certifica esta actuación con todos los registros de los menores que atendió con fotos y videos.
Sin embargo, Funtierra, como empresa privada, nunca actúo como gestor fiscal, porque no recibió anticipos de dineros públicos, sólo cobraba por sus servicios prestados que eran exigidos a la gobernación cordobesa mediante tutelas por parte de los padre de los menores afectados.
Pero Posada Lerech desencadenó una persecusión contra esta empresa porque se atrevió a denunciar las irregularidades de las gobernaciones de Alejandro Lyons y Edwin Besaile. Su investigaciones sin fundamentos quebraron a la citada IPS, a la cual todavía le deben el pago de las terapias que prestó.
Posada, no solo fue omisiva u ocultó el caso de las otras IPS con lo cual habría favorecido a las administraciones de los exgobernadores Lyons y Besaile, sino que nunca tuvo en cuenta las denuncias de Funtierra, por eso hoy tiene en contra una investigación disciplinaria en Control Interno de la propia Contraloría General y una denuncia penal en la Fiscalia 29 Especialiazada contra la Corrupción.
El jurista Eduardo Padilla Hernández, asesor jurídico de Funtierra, denunció la presuntas irregularidades o corrupción de Alejandro Lyons, 13 veces en los diferentes organismos de control. Lo mismo hizo con las de Besaile, que llevó en 6 oportunidades ante las autoridades correspondientes.
Personajes como Posada, que por sospechosos intereses, afectan a los particulares de buena fe, van en contra de los criterios de idoneidad e imparcialidad que deben distinguir a los funcionairos públicos, quienes no deben estar al servicio de los politicos en los departamentos.
