Los dueños de la Mermelada en Colombia

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El Presidente Santos posa en Montería con sus dos más importantes electores Musa Besaile (en la Izq.) y El Ñoño Elías (en el centro), quienes recibieron la mayor Mermelada del Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia inicia otra investigación que promete ser escandalosa en Colombia, se trata de la famosa Mermelada que recibieron de manos de la Presidencia de la República algunos congresistas, aunque varios de ellos ya no están en los cargos, supuestamente para promover obras en sus regiones.

La Mermelada era una abultada suma de dinero que dispuso el Gobierno Nacional para que la manejaran ciertos congresistas en sus zonas de influencia, quienes debían impulsar obras y presentarlas como parte de su gestión. Aparentemente dichas partidas no irían a parar a los bolsillos de los parlamentarios, pero con ese poder de decisión, contratación o recomendación era difícil que los citadas aforados implicados no hubiesen recibido porcentajes o coimas en los jugosos negocios.

Hay que recordar que el Gobierno gastó en Mermelada más de 1 billón de pesos y las obras no se vieron en ninguna parte de Colombia ¿A dónde fueron a parar esos gigantescos recursos?

Lo que sí es cierto es que el objetivo oculto de la Mermelada era que los congresistas amigos de la Casa de Nariño aumentaran su caudal electoral (inclusive comprando votos en las lugares pobres de Colombia), fueran nuevamente elegidos en el año 2014 y luego apoyaran al Primer Mandatario Juan Manuel Santos en el Parlamento en su empeño por concretar el Acuerdo de Paz con las Farc y su reelección. Al final, eso se logró porque fueron mayoría y después aprobaron a su antojo el Pacto de Cuba con la guerrilla.

Sin duda, los reyes de la Mermelada son los detenidos senadores cordobeses Musa Besaile Fayad, quien manejó más de 115 mil millones de pesos, y Bernardo “El Ñoño” Elias Vidal, que tuvo a su disposición 55 mil millones. Miren está infografía que publicó en su momento el portal las2orillas.com

Más de 230 congresistas investigados

La Suprema ordenó abrir investigación previa contra contra más de 230 congresistas que se beneficiaron de la denominada Mermelada del Gobierno, encabezados por Besaile y Elías. La pesquisa se produce debido a unas denuncias presentadas en 2013 y 2014 por Ricardo Cifuentes y Eduardo Padilla Hernández, en representación de la ONG Corporación Foro Ciudadano. Padilla es el mismo abogado que destapó la corrupción de los carteles de La Hemofilia y el Síndrome de Down en Córdoba y ahora es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá con Opción Ciudadana #113.

Eduardo Padilla

Mermelada por proyectos de Ley sobre la Paz

Según los denunciantes, si los congresistas votaban favorablemente los proyectos del Gobierno, especialmente los relacionados con la Paz, se les recompensaba de tres maneras: con cupos indicativos (una figura similar a los desaparecidos auxilios parlamentarios), se les entregaban cargos públicos a familiares y a amigos de dichos parlamentarios.

La Corte también indaga sobre el llamado “carrusel de la reelección presidencial de Santos”, en el cual, supuestamente, repartición de nómina oficial y el presupuesto nacional.

La Suprema tiene en la mira 1.900 cargos a 164 congresistas en 23 entidades públicas. En estos hechos se habría incurrido en los delitos de cohecho, conclusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Denuncian al Presidente Santos

A su turno, luego de conocerse este escándalo que avergüenza la política colombiana ante el Mundo, el excongresista y candidato al Senado también por Opción Ciudadana #98 Víctor Vélasquez Reyes, acaba de denunciar penalmente al Presidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por ser el determinador de la sonada Mermelda y supuestamente promover una posible compra de votos que terminó beneficiándolo.

Todo el país espera que se vean los resultados y las primeras capturas por el caso del Cartel de la Mermelada. Luego de eso, los ventiladores o delaciones de los encausados pueden implicar a importantes funcionarios del alto Gobierno.

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