Eduardo Carmelo Padilla y Víctor Velásquez son los verdaderos autores de la demanda contra el Senador electo del Partido Verde en el CNE, que otros se han atribuido. Los expertos no tienen interés político, sino que se aplique la Ley.
Cuando el famoso profesor Antanas Mockus fue inscrito por su Partido Verde para aspirar al Senado de la República en las pasadas elecciones del 11 de marzo de 2018, estaba inhabilitado porque en ese momento era Representante Legal de su exitosa empresa Corpovisionarios y acababa de realizar un jugoso contrato estatal, cinco meses antes de las votaciones.
Ni Mockus, ni su movimiento se percataron que este estaba inhabilitado o él y su Partido le quisieron hacerle la trampa a la Ley, es decir al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Quienes sí se percataron del asunto, fueron los exitosos juristas Eduardo Carmelo Padilla Hernández y Víctor Velásquez Reyes, que interpusieron una sustentada demanda ante el CNE, con el acompañamiento de nuestro Portal La Otra Cara, en funciones de Veeduría Ciudadana.
El negocio que inhabilita a Mockus lo firmó su Fundación Corpovisionarios por Colombia (Corpovisionarios), de la cual es propietario. El contrato fue entregado el 9 de noviembre de 2017, por $428.571.429, con la Gobernación de Cundinamarca para: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA APOYAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN EJERCICIO DE VISIÓN COMPARTIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, QUE DESDE EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA CONTRIBUYA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MIRADA DE PAZ POR PARTE DE LA CIUDADANÍA”.
Recordemos que el propio Mockus, en su defensa, aceptó que el es el Presidente de su fundación Corpovisionarios, pero ratificó que el Representante Legal es Henry Samuél Murrain Knudson, ya que él delegó en Murrain Knudson sus funciones de la Presidencia por lo cual no estaría inhabilitado para aspirar al Congreso.
Sin embargo, Padilla y Velásquez le recordaron a Mockus y argumentaron ante el CNE que el Consejo de Estado ha emitido jurisprudencia al respecto y estableció que en este caso, solo se delegan las funciones, más no la responsabilidad.
Una de las pruebas claves de la inhabilidad de Mockus es esta Cámara de Comercio de Corpovisionarios, donde consta que el electo Senador por el Partido Verde es el actual Presidente de dicha Fundación (porque no ha renunciado), la cual el exAlcalde de Bogotá registró como Sin Ánimo de Lucro, pero que en realidad es una empresa con muchos contratos con el Estado.
La argumentación de Padilla y Velásquez se basa en que Mockus había violado la Constitución Política en su articulo 179, la cual es clara y prohíbe ser parlamentario a ”quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los SEIS MESES anteriores a la fecha de la elección”.
La denuncia de los mencionados juristas, fue acogida por el magistrado del Consejo Electoral, Luis Bernardo Franco, quien se encargó de radicar la ponencia de este caso, declarando la no elección de Mockus el pasado 11 de marzo.
Cabe aclarar que tanto Padilla como Velásquez interpusieron esta demanda contra la elección de Mockus con el solo interés de que se haga justicia e impere el derecho, no para beneficiar a algún movimiento político.
Algunos abogados del partido Opción Ciudadana se adjudicaron la demanda contra Mockus y en la Prensa aparecieron como los promotores del asunto, pero no son parte en el caso y solo quisieron favorecer a ese cuestionado movimiento político. Los verdaderos protagonistas de este expediente jurídico son simplemente Padilla y Velásquez, a quienes se les debe hacer el reconocimiento.
Los magistrados del CNE han recibido muchas presiones mediáticas y políticas, especialmente de algunos miembros del Partido Verde de Mockus y otros grupos afines al reconocido profesor, para que esa entidad no falle en contra de este. No obstante, debe primar la aplicación de las Leyes colombianas para todos los ciudadanos, sin tener en cuenta su importancia en el ámbito nacional, y no, las decisiones amañadas por miedo a la prensa para generar una buena imagen ante la opinión pública.
