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El abogado samario Eduardo Noriega de La Hoz, que en su momento fue miembro de la antigua, extinta y tristemente célebre Comisión Nacional de Televisión (Cntv), y luego por un corto período secretario del gobierno del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, hoy vuelve a ser protagonista de la industria de la televisión nacional. Noriega es abogado del Externado, con posgrado en derecho administrativo en la misma Universidad y cuenta también con un posgrado en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan. Recuerdo que tuvo en su momento varios enfrentamientos ideológicos y técnicos dentro de la Cntv pues su carácter es el de un hombre tozudo y decidido.

Hace algunos meses fue escogido por el grupo de Jorge Barón Televisión para que los asesorara en el al actual proceso de licitación del Canal Uno, del cual escribí una columna recientemente. Barón y su hijo, le dieron “la patadita de la buena suerte” a este experto para revisar el marco regulatorio y jurídico que plantearon este año los miembros de la Junta y la directora de la Antv, Ángela Mora.

El gobierno actual, entendiendo que este tema siempre es álgido y espinoso para la industria de la televisión nacional, tomó la decisión de avanzar en retomar una licitación pendiente de hace tres años, y públicamente el ministro David Luna explicó los detalles hace meses y se comprometió con el país, así como la ha hecho la directora Mora, en sacar adelante una adjudicación que se debe dar a finales de noviembre de 2016. A lo largo del proceso el grupo de Jorge Barón se distanció de sus actuales colegas de franja del Canal Uno y comenzó una estrategia diferente. Debo decir que hubo reuniones y especialmente el gerente actual de NTC, Jorge Acosta, estuvo liderando con miembros de la familia Barón un intento de lograr un acuerdo comercial y participar juntos con otros grupos empresariales y hacer una sólida oferta.

Barón decidió no aceptar la invitación finalmente y actualmente recorre un camino guiado por el excomisionado Noriega hacia una estrategia similar a la utilizada en su momento por el entonces asesor de los canales privados, el hoy Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, de aplicar todas las herramientas que permite el derecho y los esquemas de contratación pública. En resumen, las actuaciones dentro del proceso incluyen siete documentos públicos, uno de ellos una carta enviada al Presidente Juan Manuel Santos. Barón también pidió prórroga de su contrato hasta 2023 y como era de esperarse una acción de Tutela radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Las cartas, derechos de petición y otros documentos han sido contestadas por la Antv en términos que la entidad considera satisfactorios.

En el caso de la acción de Tutela, Barón aduce violación al debido proceso, violación al derecho a la igualdad (frente a prórrogas de Caracol y RCN) y violación al derecho de petición durante la actual licitación (Ver Tutela). La Antv respondió a los magistrados que Barón aceptó la ampliación de su contrato hace tres años, y que ese era el momento de reclamar, ya que entonces firmó el contrato que se les vence a todos en abril de 2017.

El gobierno tiene alta expectativa sobre la decisión de este instrumento jurídico que, de prosperar, en la práctica obliga a Ángela Mora, directora de la Antv, a suspender el proceso licitatorio y trasladar el caso al Consejo de Estado, la segunda instancia de decisión. Esto puede tomar meses o años. La Antv y Rtvc se verían obligadas a apagar el Canal Uno en mayo de 2017 si el proceso licitatorio se suspende, situación que ocurriría o se sabría el próximo martes cuando se espera que el magistrado Fredy Ibarra Martínez y su colega de sala Óscar Dimaté entreguen una decisión.

Afortunadamente en la Rama Judicial las fuentes hablan bien de la seriedad y de la rectitud del magistrado Fredy Ibarra Martínez para tomar una decisión equilibrada y razonable. Todo depende de él ahora, y si gana Noriega veremos en 2017 un Canal Uno apagado. Llegó el ¡Entusiasmo! a la Licitación.

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Por Jorge Hernán Peláez

Tomado del diario La República

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