Otra capitalizacion para Telefónica

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El último salvavidas financiero que la nación le ha lanzado a Coltel (la vieja Telecom) se suma al largo prontuario de detrimento de los bienes públicos que solo ha beneficiado a la empresa privada y a multinacionales como la Telefónica de España.
Más plata para Coltel

Hace pocos días fue sancionada la Ley 1837 que adiciona el Presupuesto General de la Nación en 8,5 billones de pesos.

Esta misma ley autoriza a la Nación para capitalizar la empresa “Colombia Telecomunicaciones” (Coltel), bajo el argumento de garantizar las mesadas pensionales de los extrabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) y sus entidades asociadas que habían sido liquidadas en el 2003. Según ya había estipulado la Ley 1509 del 2012, esta capitalización era equivalente a la participación accionaria de la Nación (1,3 billones de pesos) en la empresa bajo el control de Telefónica Internacional SAU de España.

Ya en este punto debemos advertir que se trata de la tercera capitalización de Coltel. Es más: aunque el Gobierno invoca su obligación de cumplir con el pago de las pensiones de unos  16.000 extrabajadores de Telecom, esta es una verdad a medias, ya que dicho pago fue una responsabilidad adquirida por Telefónica en el 2006.

Antecedentes

Avances tecnológicos en telefonía, 4G.
Avances tecnológicos en telefonía, 4G.  Foto: MINTIC

El 12 de junio del 2003 el Gobierno nacional tomó la decisión de liquidar Telecom presidida por Alfonso Gómez Palacio y doce de sus teleasociadas y, a la vez, creó Coltel, una sociedad anónima, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones. Un año más tarde se ordenó la disolución y liquidación de Telesantamarta.

Aunque el Gobierno invoca su obligación de cumplir con el pago de las pensiones de unos  16.000 extrabajadores de Telecom, esta es una verdad a medias.

Para dar garantía en la prestación de los servicios, Coltel debió celebrar con Telecom y sus teleasociadas en liquidación un contrato de explotación de bienes, activos y derechos, a cambio de una contraprestación económica pagada a las empresas liquidadas.

Este contrato de explotación fue suscrito el 13 de agosto del 2003 con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, y su manejo y administración le fue cedido a la Fiduagraria el 29 de diciembre del 2005.

La obligación inicial

Además de la obligación de preservar en buen estado y funcionamiento los bienes objeto del contrato de explotación, llevando a cabo las ampliaciones y mejoras para la adecuada prestación de los servicios, Coltel debía pagar la contraprestación con destino al patrimonio autónomo receptor de activos de Telecom y las empresas teleasociadas en liquidación. Todo esto fue plasmado en el contrato de explotación de bienes, activos y derechos suscrito en agosto del 2003.

Coltel asumió dos millones y medio de líneas fijas que tenía Telecom, producto de sus convenios a “riesgo compartido” que suscribió con contratistas privados nacionales y extranjeros. La contraprestación mínima señalada en el contrato fue la siguiente:

Año

Contraprestación mínima*

2003

0

2004

$ 224.619.820

2005

$ 411.250.411

2006

$ 411.250.411

2007

$ 411.250.411

2008

$ 411.250.411

2009

$ 411.250.411

2010

$ 411.250.411

2011

$ 411.250.411

2012

$ 411.250.411

2013

$ 411.250.411

2014

$ 411.250.411

2015

$ 411.250.411

2016

$ 411.250.411

2017

$ 411.250.411

2018

$ 411.250.411

2019

$ 411.250.411

2020

$ 411.250.411

Fuente: Cláusula 15 Contraprestación mínima-Contrato de explotación de bienes, activos y derechos.

* Los valores de diciembre del 2002 debían ser actualizados anualmente por el IPC a partir del 31 de diciembre del 2002, incluyendo el IPC proyecto para el respectivo año.

Primera capitalización

Nuevo logo de Telefónica.
Nuevo logo de Telefónica.  Foto: Gobernación del Cesar

En julio del 2005 se dio a conocer la noticia de que Coltel había sido comprada por Teléfonos de México (Telmex), tras varias visitas de su presidente, Alfonso Gómez Palacio, a Ciudad de México.

El 25 de agosto de ese año, Coltel y Telmex revelaron un proyecto de Memorando de Entendimiento (MOU) para una posible fusión. Según el mismo Gobierno, el MOU abría las puertas para que otras empresas de telecomunicaciones pudieran presentar ofertas, que en todo caso podían ser contraofertadas por Telmex. El MOU estipulaba que Coltel recibiría una inversión de 350 millones de dólares, unos 90 millones en acciones de Telmex y el resto en efectivo.

El 30 de agosto, el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, envió una función de advertencia sobre el proceso basado en el MOU, que consideraba “inconveniente, poco transparente, carente de garantías y excluyente para otros potenciales interesados”. Además, destacaba las posibles implicaciones dañinas que esta operación podría tener sobre la organización industrial del sector. Al día siguiente, la junta directiva de la compañía suspendió el proceso.

El 31 de marzo del 2006 la Asamblea de accionistas de Coltel, sobre la base de la valoración efectuada por Citigroup Markets y la consultora Mckinsey, fijó el precio mínimo de capitalización por el cincuenta por ciento más una acción, equivalente a 533.577 millones de pesos, y el 6 de abril, mediante el proceso de subasta entre la empresa venezolana CANTV y Telefónica de España, fue elegida la multinacional española, que ofreció 853.577 millones de pesos por el paquete accionario en referencia, de modo que se quedó con el cincuenta por ciento más una acción. Después de esto se procedió a suscribir el Acuerdo Marco de Inversión, a modificar el contrato de explotación y a firmar un contrato de gestión y de alianza móvil.

La oportuna intervención de la Contraloría había logrado proteger los intereses generales de la Nación por 542 millones de dólares, mientras el procurador general de entonces, Edgardo Maya Villazón, guardó silencio.

Segunda capitalización

Telefónica Telecom.
Telefónica Telecom.  Foto: Wikimedia Commons

A finales del 2010 y como consecuencia de su deterioro financiero, Coltel comenzó a tener una mora en el pago de las cuotas de la contraprestación y solicitó al Gobierno nacional la inyección de recursos, demanda que fue aceptada mediante la presentación del proyecto de ley 133/080 de 2011 al Congreso.

El proyecto se convirtió en la ya citada Ley 1509 del 2012, que autorizó al Gobierno para capitalizar a Coltel mediante el pago de las obligaciones derivadas del contrato de explotación de bienes, activos y derechos a cambio de acciones, con lo que cumplió de manera previa la fusión de la compañía con otras del sector. Esta ley fue reglamentada a través del Decreto 402 de 2012 y el documento Conpes 3721. Este documento señaló que Coltel tenía un valor negativo de 3,76 billones de pesos e impartió las recomendaciones para llevar a cabo lo dispuesto en la ley.

El Gobierno dejó marchitar su participación en Coltel, acabó por inyectarle esos nuevos y cuantiosos recursos públicos.

Según las condiciones señaladas, la participación de la nación en Coltel, luego de la fusión con Telefónica, sería de entre el 25,9 por ciento y el 30,8 por ciento, mientras que los perfiles de las cuotas de la contraprestación con el patrimonio autónomo receptor de activos irían hasta el año 2028, para una capitalización por un valor de 3,6 billones de pesos.

Tercera capitalización

A finales de 2016 de nuevo Telefónica le solicitó a la Nación que -en su calidad de accionista del 32,5 por ciento de Coltel- llevara a cabo una nueva capitalización, esta vez calculada en 1,3 billones de pesos.

La Nación, a través del Ministerio de Hacienda, no encontró inconvenientes a esta solicitud e incluyó los recursos solicitados en el proyecto de ley de adición del Presupuesto General. Esta fue la decisión incluida en la ya dicha Ley 1837 del 2017, que autorizó la capitalización de Coltel en los términos señalados por la Ley 1509 del 2012.

Consideraciones finales

Con el control de Coltel, Teléfónica y su marca Movistar han podido diversificar su portafolio móvil en toda la geografía nacional. Sin embargo, esta situación no ha favorecido a Coltel.

En el 2005 Telefónica cerró el año con 6.032.980 líneas móviles y al finalizar el primer trimestre del 2017 la compañía tenía 13.504.174 líneas. En contraste, en el 2005 Coltel tenía 2.300.000 líneas fijas y, al finalizar el 2016, tan solo contaba con 1.400.000 líneas.

En el 2006, cuando a la multinacional española se le adjudicó el control de Coltel, quedaron plasmadas unas obligaciones que aquella aceptó y que debía cumplir. Si bien el entorno de las comunicaciones es dinámico, la experiencia y el músculo financiero de la multinacional deberían haberle servido para ofrecer un más amplio repertorio de servicios al ciudadano y evitar el deterioro financiero de la empresa – y, por ende, de los intereses públicos-.

El Gobierno por su parte dejó marchitar su participación en Coltel, a tal punto que regaló la empresa a precio de huevo. No obstante, la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda acabó por inyectarle esos nuevos y cuantiosos recursos públicos.

Ante la situación descrita, sorprende aún más el silencio del hoy contralor general Edgardo Maya Villazón, quien no solo regenta el máximo organismo guardián de los recursos públicos, sino que cuenta, entre sus más cercanos asesores, con Antonio Hernández Gamarra, gran conocedor del tema.

Por Libardo Espitia

Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, control fiscal, Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.

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