- Según un avalúo comercial retrospectivo realizado por el Agustín Codazzi, a solicitud de la Contraloría General, a la fecha de su adquisición (2012) el valor real del inmueble comprado por el FNA era $34.775 millones, pero el precio total de compra (por el terreno y construcción, sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a la suma de $70.713 millones.
La Contraloría General de la República -CGR- reveló un hallazgo con presunta incidencia fiscal por la suma de $35.937 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), originado por sobrecostos en la adquisición de la sede donde actualmente funciona esta entidad estatal.
De acuerdo con el órgano de control, se incumplió el principio de planeación contractual y se materializó una gestión antieconómica por parte de la anterior administración de la entidad, dirigida por Ricardo Arias.
«El daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual en el Fondo, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable», explica la Contraloría.
El precio total de compra del inmueble en el 2002 (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a la suma de $70.713 millones, que comparado con el valor comercial retrospectivo determinado para la CGR por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC ($34.775 millones), genera un daño al patrimonio del Estado en la cuantía señalada: $35.937 millones.
La compra de la sede del FNA que presenta el citado detrimento patrimonial se realizó durante la gestión del Ricardo Arias Mora, un político quindiano, que llegó a la entidad luego de ser un modesto y desconocido congresista, pero que ahora deberá responder ante las autoridades por estas graves anomalías durante su larga gestión.
La operación se hizo con base en un avalúo que el Fondo contrató con la firma Valor S.A., donde se estimó que el edificio, que era propiedad de la empresa Siemens, costaba $79.268 millones. Sin embargo, la Contraloría sostiene que este avalúo comercial presentó notorias deficiencias: no se hizo un verdadero estudio de las condiciones de mercado y del valor del metro cuadrado de oficinas en la zona.
La Contraloría, también afirma que no hubo un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable y se presentaron inconsistencias en la muestra de mercado inmobiliario que consultó la firma avaluadora. Además, «el valor de este avalúo resultó ostensiblemente mayor frente a otros que solicitó posteriormente el FNA».
Para la Contraloría es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del citado inmueble.
La Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras resolvió así una denuncia ciudadana presentada en el curso de la auditoría realizada al Fondo Nacional del Ahorro, durante la vigencia 2015.
Este hallazgo administrativo tiene también connotación disciplinaria y, por lo tanto, será trasladado para lo de su competencia a la Procuraduría General de la Nación, pero también podría tener incidencia penal e investigación por parte de la Fiscalía.
