La Procuraduría General de la Nación en el denominado “Carrusel de la Contratación” de Bogotá sancionó por corrupción con destitución del cargo e inhabilidad por dieciocho (18) años al ex alcalde de la Capital de Colombia, Samuel Moreno Rojas, integrante del partido de izquierda Polo Democrático.
Dentro de esta decisión de caracter disciplinario se ordenó expedir copias de la actuación para que la Fiscalía General de la Nación investigue la conducta de Andrés Jaramillo, representante legal de Conalvías, pues, de acuerdo a la investigación, esta persona también fue artífice de los hechos de corrupción por los que se sancionó al señor Moreno Rojas.
El fallo tiene recurso de apalación ante el Consejo de Estado y los abogados defensores de Moreno Rojas pueden recurrir la sanción contra este.
Otros sancionados en el caso
En el caso conocido como “Carrusel de la contratación” en la ciudad, la Procuraduría ha adelantado procesos disciplinarios que han llevado a sanciones en firme a más de 20 funcionarios públicos de primer nivel jerárquico y directivo.
Entre ellas, vale la pena recordar la destitución y 20 años de inhabilidad al senador Iván Moreno Rojas (hermano del ex alcalde Samuel Moreno); destitución y 12 años de inhabilidad al representante a la Cámara Germán Olano Becerra; destitución y 20 años de inhabilidad al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi; y las destituciones a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y José Juan Rodríguez, imponiéndoles inhabilidades para ejercer cargos públicos por 11, 16 y 13 años, respectivamente.
Otras determinaciones que ha tomado la Procuraduría han sido contra el entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano (destitución y 16 años de inhabilidad); a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona (destitución y 11 años de inhabilidad); y al entonces director técnico y jurídico del IDU, Inocencio Meléndez (destitución y 11 años de inhabilidad) y a más de 10 funcionarios de esta Entidad.
Por hechos de ineficiencia administrativa, ante el colapso de la movilidad y frente a la grave situación que en su momento se vivió en la administración distrital, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en el año 2011, suspendió y ordenó inhabilidad especial por el término de 12 meses contra el alcalde mayor de la capital colombiana, Samuel Moreno Rojas.
Así fue el «Carrusel»
En virtud de la anterior decisión dentro del proceso por el citado «Carrusel» , el despacho del Procurador General inició un nuevo proceso para investigar la cesión del contrato 137 de la Fase III de Transmilenio que el ‘Grupo Nule’ le hizo al Grupo Empresarial Vías de Bogotá (Conalvías), en el que, presuntamente, el entonces mandatario distrital, Samuel Moreno Rojas, tenía intereses directos e ilegales de dicha cesión.
La investigación que se llevó a cabo fue completa y pormenorizada con más de 5 mil folios que componen el expediente. En ella aproximadamente fueron escuchadas 40 personas.
También se recopiló abundante material documental producto del traslado de pruebas de la Corte Suprema de Justicia y de los diferentes juzgados penales que en la actualidad investigan los mismos hechos; solo hasta hace un año de la Fiscalía General de la Nación (a pesar de que muchos testigos ya habían declarado allí y comprobado los hechos de corrupción del alcalde Moreno Rojas); de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Arbitramento que conoció la demanda presentada por Conalvías contra el IDU por la ejecución del contrato de la calle 26 de la ciudad.
Después de practicadas y analizadas las pruebas referenciadas, el Procurador probó, en grado de certeza, la intervención de Samuel Moreno Rojas en la cesión, en donde fue determinante la declaración de Inocencio Meléndez Julio, jurídico del IDU, quien afirmó que los directores del Instituto de Desarrollo Urbano no hacían nada sin la previa autorización del entonces Alcalde Mayor de Bogotá.
Igualmente, se determinó que a través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo Gaona, directora del IDU para la época de los hechos y actual prófuga de la justicia, impidió que otras empresas pudieran participar en igualdad de condiciones en la negociación de la cesión, la cual el Grupo Nule le hizo a Conalvías, a pesar de que ese grupo empresarial no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras. Cabe precisar que, a pesar de las falencias antes mencionadas de Conalvías, el IDU, con la intención de favorecer a este grupo empresarial, las avaló.
La cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá, cuyo principal accionista era Conalvías, que para esa fecha no estaba habilitada ni jurídica ni financieramente para adelantar las obras de Transmilenio en lo que correspondió a la Fase III de la citada calle 26.
Una vez hecha la cesión, el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más de 190 mil millones de pesos a Conalvías.
Además, la investigación demostró en grado de certeza que el Grupo Empresarial Vías de Bogotá no devolvió los más de 28 mil millones de pesos al IDU del anticipo del contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, determinada por Samuel Moreno Rojas, omitió el cobro por dicho monto a Conalvías.
Esta investigación es la que da pie al Ministerio Público para sancionar con los 18 años al ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
Recordemos que en ejercicio de su función disciplinaria, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, ha sancionado a más de 2.500 funcionarios de elección popular por hechos de corrupción, ineficiencia y faltas administrativas a la gestión pública. Entre ellos se incluyen más de 20 congresistas, 82 gobernadores, 1.500 alcaldes, 1.048 concejales y 22 diputados.
