Por Duberney Galvis
Al propósito de la administración del alcalde Enrique Vásquez, de adjudicar en un solo contrato las obras por valorización, le han surgido voces opuestas reclamando que esos contratos sean para la ingeniería de la región, sus profesionales y proveedores. Con esta certeza han obrado el periódico LaTarde, el Comité Intergremial, la Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR y la Corporación Vigía Cívica, entre otros.
Lo que pretende entregar la alcaldía mediante un “contrato sastre”, a la medida de una trasnacional, son obras por $53.000 millones. Se presume que la favorecida podría ser Cemex, que ya demostró Daniel Silva del Comité Dignidad Cívica, ha estado vinculada en el tema de obras con la actual alcaldía mediante una Alianza Público Privada, APP, para estudios de obras viales financiadas por valorización, propuesta que fue remitida al alcalde Vásquez con carácter confidencial. Sobre Cemex debe saberse, es la transnacional asociada a los daños del ‘relleno fluido’ en las losas de la troncal Autonorte en Bogotá. Desde el 2004 ofreció “arreglar por las buenas”, y transcurrida una década, sigue sin resolverse (http://bit.ly/1D3IyAy).
Éste problema corresponde a políticas oficiales, diseñadas para concentrar las obras civiles en monopolios de la construcción preferiblemente transnacionales. Medidas que en opinión del Dr. Juan Martín Caicedo, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura: generan el ‘marchitamiento paulatino de las pymes de la ingeniería colombiana… Los requisitos financieros y de experiencia son para ellas de costoso e imposible cumplimiento, y por ende las excluyen de los procesos licitatorios’. (Las pymes de Ingeniería. -El Tiempo, Mayo de 2012). Cabría agregar que la política de compras públicas quedó sometida cuando en el TLC las constructoras extranjeras lograron que les den trato nacional (Ley 1510 de 2013).
De manera que lo sucedido en Pereira es la puesta en práctica de la política nacional, orquestada con congresistas afines a las administraciones locales que encuentran fructífero contratar con los gigantes de la construcción y sus socios bancarios. Por ese camino marchan las APP, que son de inversión pública pero ganancias privadas.
De ahí que es loable el rechazo de la ingeniería risaraldense al monopolio y la contratación a dedo. Hay que eliminar la política de “pliegos sastre”. El gobierno debería brindar una política de crédito especializado para la ingeniería nacional. Discutir si cada peso debe pasar por fiducias; es improductivo que en el sector haya que saber más de flujos de capital que de ingeniería; no someterlos al desmonte de los anticipos, que con el fallido pretexto de perseguir corruptos, atentó contra la ingeniería nacional.
