Por Carlos Ardila González *
* Director de Revista Metro
De acuerdo con la historia que del Concurso Nacional de Belleza -CNB – de Colombia aparece en el portal oficial de la entidad que actualmente lo maneja, quien le dio vida al evento fue el cartagenero Ernesto Carlos Martelo, en el año 1934, fecha en la cual fue elegida Yolanda Emiliani Román como la primera Señorita Colombia.
En la página web del Concurso se cuenta también que en 1957 tanto Martelo, su gestor, como el alcalde de la época: Haroldo Calvo (Núñez), “invitan a Tereza Pizarro de Angulo a formar parte de la Junta Directiva del Concurso Nacional de Belleza”, y que “‘Doña Tera’, como era conocida por sus amigos y conocidos, se desempeñó como vicepresidenta hasta 1977, fecha en la cual asumió la presidencia del certamen”.
Y se indica igualmente que en “1970 se oficializó el desfile de balleneras con los cadetes de la Escuela Naval en la Bahía de Cartagena”; que el primer desfile público en traje de baño se llevó a cabo en 1979; que, tras largos años de tener como escenario el extinto Teatro Cartagena, el certamen pasó a realizarse en el Centro de Convenciones en 1982; y que 13 años después “Raimundo Angulo Pizarro asume la presidencia del Certamen y logra consolidarlo como una marca a nivel internacional”.
Lo que no se dice es que, inicialmente, el Concurso fue una idea plasmada en 1932 en el marco de la celebración del IV Centenario de la fundación de Cartagena, pero que no pudo concretarse debido a los conflictos que para esa época tenía Colombia con Perú y a la demora en la construcción del nuevo muelle de la ciudad.
Tampoco se dice que en 1934, cuando sí pudo llevarse a cabo el reinado de las más bellas de nuestro país, su realización tuvo como principal objetivo celebrar la visita del presidente Enrique Olaya Herrera y su homólogo de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, a inaugurar los muelles ya culminados.
Ni que el promotor de los primeros concursos: el ‘Bebé’ Martelo, fue alcalde de Cartagena y director de la Corporación Nacional de Turismo, cargos desde los cuales apoyó institucional y económicamente la naciente iniciativa. De hecho, el Concejo de la época, ante el éxito del primer reinado, por iniciativa del Ejecutivo, aprobó el Acuerdo 21 mediante el cual establece que el Concurso Nacional de Belleza debía realizarse cada dos años. Solo desde 1961, también por disposición oficial, el certamen comenzó a efectuarse anualmente.
Tal vez por su extensión y porque podría no interesar a los afanados lectores del portal oficial del CNB, la historia de cómo Ernesto Carlos Martelo se convirtió en organizador del Reinado no es contada con sus debidos detalles.
No se dice, por ejemplo, que en 1947, siendo Martelo miembro de la Junta que organizaba las Fiestas de la Independencia de Cartagena, bajo la Presidencia en ese entonces de la Cámara de Comercio, fue llamado por el alcalde Pedro Herrera González y el gobernador José Gabriel de la Vega a darle un nuevo impulso a las festividades novembrinas, que para esa época se limitaban a la realización de fiestas populares, bailes de disfraz, reinados interbarrios y “abundante ‘buscapiés’ y ‘ron blanco’, como recordaría el propio ‘Bebé’ Martelo años después en una entrevista concedida a la revista Semana.
La historia no contada es que, como miembro de la Junta organizadora de las Fiestas de la Independencia de Cartagena, Martelo es llamado por las autoridades locales a revitalizar la magna celebración y él, con el pleno respaldo de la Alcaldía, organizó un Concurso de Belleza con candidatas de los departamentos del país.
La página web del CNB tampoco cuenta otro hecho importante: que el 6 de abril de 1958, el entonces alcalde Haroldo Calvo Núñez institucionalizó el certamen mediante el Decreto 98 de la fecha, estableciendo -además – cómo debían ser nombrados los miembros de su junta organizadora.
En el Decreto, firmado igualmente por el secretario de Gobierno, Alcides Angulo Pasos, y por el secretario de Hacienda, Antenor Barboza Avendaño, se determina que la Junta del CNB sea integrada “por el alcalde de la ciudad, quien la presidirá; por un secretario general; que será nombrado por el alcalde; y por los miembros siguientes: por un representante del señor gobernador del Departamento; por un representante de la Empresa Nacional de Turismo; por un representante del Concejo municipal; por un representante de los Clubes Sociales de la ciudad; por un representante del Comando de las Fuerzas Navales del Atlántico; por un representante de la Asociación Bancaria de Cartagena y por un representante de la Prensa Nacional”, como reza en su Artículo 2°.
Los representantes de la Empresa Nacional de Turismo, de los Clubes Sociales, del Comando de las Fuerzas Navales y de la Asociación Bancaria, según el mismo Decreto, serán designados por el alcalde de ternas enviadas por las respectivas entidades. En el caso del vocero de la Prensa, la designación la hará el alcalde de terna enviada por el “Código Nacional de Periodistas” (SIC).
Y en la historia del CNB que se publica en la web de la entidad no se dice tampoco cómo se adquirió la sede de la Junta del certamen, una casona al lado del Banco de la República, frente al Parque de Bolívar, en pleno Centro Histórico de Cartagena.
Esa parte de la historia del Concurso salió a la luz pública durante la Administración de Carlos Díaz Redondo, luego de que el entonces director del Instituto de Patrimonio y Cultura del Distrito, Ángel Thorrens Navarro, con el respaldo del alcalde Díaz, propusiera que las reinas populares de Cartagena representaran a la ciudad en el Concurso Nacional de la Belleza, siempre y cuando -claro está – contaran con las cualidades y cumplieran los requisitos requeridos.
Inquietos porque la Junta organizadora del CNB había aceptado solo a regañadientes la iniciativa gubernamental, varios ciudadanos comenzaron a indagar sobre cómo una entidad que había estado bajo el control estatal y había sido financiada por fondos públicos durante varios años; y que había sido creada como una persona jurídica descentralizada, con fines de interés cívico, social y público y un patrimonio de capital público, había terminado convertida en un negocio de particulares.
Entre las personas inquietas con dicha situación estuvieron los miembros de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, a quienes les pareció oportuno y conveniente establecer cómo había pasado a ser privada una entidad creada en 1958 -como se dijo – mediante un Decreto proferido por el alcalde de Cartagena Haroldo Calvo, y ratificada en 1985 -como habría de saberse después – mediante la Ley 31 de dicha fecha, promulgada por el presidente Belisario Betancur Cuartas.
En el caso de la sede en el Portal de los Escribanos, ante los requerimientos de la ciudadanía, el presidente de la entidad, Raimundo Angulo Pizarro, admitió que “la casa la compró su madre a nombre del Concurso por un millón doscientos mil pesos. Cuatrocientos mil pesos los aportó la organización y el resto salió de un auxilio que consiguió el parlamentario Joaquín Franco. La compra la hizo al Banco de la República”. Para la época de la compraventa, Angulo ocupaba el cargo de alcalde de Cartagena.
Para los miembros del colectivo ciudadano, la declaración de Angulo fue, en la práctica, una confesión que debió dejar claro el asunto. Si la casona se había comprado una parte ($400.000,oo) con recursos de una entidad creada por la Alcaldía, y otra parte ($800.000,oo) con un auxilio parlamentario, es decir con recursos de la Nación, era claro que su propiedad es estatal.
Pero las indagaciones de los miembros de la Red de Veeduría fueron más allá: la privatización del CNB se produjo “durante una reunión de junta directiva en la que no estuvo el alcalde de ese entonces, Gabriel García Romero, quien debía presidirla. Ese día se reformaron los estatutos de la junta y se le dio el nuevo carácter de ente particular”, como habría de informar El Tiempo en una nota titulada ‘Investigan al Concurso Nacional de Belleza’.
La inquietud seguía siendo, informó el diario capitalino, que la “Junta Organizadora del Concurso fuera creada con carácter mixto por el alcalde y hoy, tras varios cambios estatutarios, esté convertida en un ente particular, sin ninguna inherencia del Estado“.
Lo que pudo establecerse es que, además de la reforma inicial, en 1998 la junta del CNB modificó otra vez los estatutos, pero en esta ocasión disponiendo que el control absoluto del reinado quedara en manos de asamblea general integrada por nueve miembros, pero ya no en representación de ninguna entidad pública o privada sino con nombres propios: Teresa Pizarro de Angulo, Raimundo Angulo Pizarro, Elizabeth Noero de Lemaitre, Socorro Covo de Rodríguez, Luis Bustamante del Valle, Jaime Méndez Galindo, Antonio Lozano Pareja, Lupe Yidios de Lemus y Asunción Amado de Concaleano.
Pruebas en mano, el colectivo, así como otras personas naturales y jurídicas, interpusieron sendas acciones populares que fueron falladas -no obstante – a favor de los actuales propietarios del CNB.
“Mediante dos reformas internas, nueve personas se apropiaron no solo del reinado, un patrimonio cultural del Distrito cuyo valor es incalculable, sino del patrimonio tangible, como es la casa donde funciona el concurso y otros recursos y activos importantes“, habría de manifestar el abogado Norberto Gari García, uno de los demandantes.
Para estos días, luego de que se tomara la decisión de realizar el concurso en una época distinta a la novembrina, contraviniendo lo dispuesto en la citada Ley 31 de 1985, algunos sectores ciudadanos siguen preguntándose cómo el Concurso Nacional de Belleza pasó de ser una iniciativa pública a un negocio privado, pero en el cual el Estado todavía sigue invirtiendo cuantiosos recursos y en cuyo beneficio dicta medidas restrictivas que perjudican a vastos sectores de la población.
Tomado de Revista Metro