En un sorpresivo anuncio, el Comandante General del Ejército de Colombia, Brigadier General Alberto José Mejía, reveló los nexos de las Farc, el ELN y las Bacrim en el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Según el alto militar, los tres grupos “en regiones apartadas se nutren de la mezcla de esta alianza. Se quejan de las Bacrim pero siguen aliándose con ellos”.
Mejía confirmó que la estructura criminales de las Farc, la Bacrim y el ELN sería la misma y lo que cambian serían sus cabecillas públicos. De acuerdo con el alto oficial, las alianzas de base, implican el aprovechamiento conjunto por las tres organizaciones de los corredores de salida de coca y la explotación de la minería ilegal en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Chocó, Guaviare, Meta y Caquetá.
El General agregó: “es cierto que existe una alianza entre estas organizaciones que se nutren del narcotráfico, entonces, es cierto que existe coordinación para el narcotráfico entre Farc y Bacrim, y entre ELN y Bacrim (…) Se quejan de las BACRIM, pero se sientan en la misma mesa”.
Los colombianos no podemos omitir una denuncia tan grave proveniente de una persona de la trascendencia del Brigadier General, menos aún en el contexto de los diálogos que adelanta hoy el Gobierno Nacional con las Farc y el ELN. Recordemos que hace unos días, desde Córdoba, el Presidente Santos argumentaba que no adelantaba diálogos con el clan Úsuga porque se trataba de organizaciones «criminales y narcotraficantes», lo cual no es nada distinto a las Farc y el ELN, tal como lo revela el General Mejía.
El Gobierno ha querido involucrar a la Fuerza Pública en la mesa de diálogos con las Farc en Cuba, estableció una comisión para que agentes de nuestro Ejército se sentaran de civil y en condiciones de igualdad con personas señaladas como narcotraficantes. A su vez, les prohibió hacer declaración alguna sobre su actuar delictivo y violento.
El problema del narcotráfico y el contrabando
Hasta ahora, y durante más de 3 años, ninguno de nuestros oficiales se había pronunciado sobre los nexos de las Farc con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Durante ese término, las Farc y el Gobierno han eludido el debate de la incriminación de esta organización con las redes nacionales y trasnacionales de tráfico de drogas. En una concesión sin antecedentes, el Gobierno se ha comprometido con esa organización ilegal a declarar el narcotráfico como delito conexo al político.
Conocedores del consenso del Gobierno y las Farc para lavar sus inmensas fortunas a costa de que los colombianos indemnicemos sus víctimas, no podemos permitir que las declaraciones del General Mejía caigan como una gota en un vaso de agua sin eco. Somos los colombianos quienes estamos llamados a que la gota que ha caído por las declaraciones del general Mejía muevan el agua.
Las consecuencias devastadoras que ha tenido la incursión de estos grupos criminales en el narcotráfico deja daños incalculables en nuestro país: no sólo ha causado innumerables masacres; asesinatos de comunidades civiles enteras; muertes de soldados y policías, y desmembraciones en campos minados, que dejan una huella imborrable en las familias de los colombianos.
Por su parte, el lavado de sus capitales ilícitos en nuestra economía a través del contrabando destruye el empleo y menoscaba la economía formal. El contrabando es el peor enemigo de la industria y el campo colombiano, del empleo formal.
Los daños de la minería ilegal
También ha causado daños al medio ambiente y masivas deforestaciones. El vínculo de estos grupos criminales en la minería ilegal, trajo consigo la destrucción de nuestros suelos y afluentes acuíferos.
Pero nadie en el alto gobierno nos ha dicho cómo reparará las Farc estos daños. Ahora, cuando el Ejecutivo ha decidido iniciar diálogos públicos con el ELN, deberían sus negociadores decirles a la opinión pública quiénes van a resarcir los daños causados por el vertimiento y hurto de petróleo.
Recientes cálculos de un medio de comunicación de amplia difusión, apuntan a que Farc y ELN han derramado más de 4 millones de barriles de crudo en los últimos 30 años. Daño ambiental nada despreciable si se le compara con el daño ambiental más grave que haya causado una empresa multinacional de petróleo en la historia de la humanidad, los 4.9 millones de barriles vertidos por la BP en el Golfo de México, que llevaron a dicha multinacional a pagar una indemnización de $4,525 billones de dólares al gobierno americano.
¿Cuánto cuesta la reparación?
Hay que preguntarnos: ¿Cuantos billones de dólares tendrán que pagar Farc y ELN en Colombia por los más de 4 millones de barriles de crudo vertidos?, ¿cuantos billones deberían pagar estas organizaciones por la deforestación masiva al impulsar la siembra de matas de coca?, ¿será que, como en el acuerdo sobre el narcotráfico, el Gobierno también le piensa «lavar» a estos grupos los daños al ecosistema?, ¿dirá el Gobierno que los daños al ecosistema tienen conexidad con el delito político?, ¿será que también les van a «lavar» la destrucción del empleo? o ¿declarará el Gobierno en gracia de «La Paz» que la destrucción del empleo es conexa al delito político?
La impunidad
Los colombianos no podemos admitirle al Gobierno, que en una decisión inconsulta deje impunes los delitos de quienes han querido mantenerse en la ilegalidad, de quienes dicen desconocer nuestro ordenamiento jurídico para justificar, por ejemplo, el delito atroz del secuestro. No lo puede hacer mientras condena a pagar onerosas multas y altos impuestos en la economía formal a quienes hemos decidido cumplir con los deberes ciudadanos. No vamos a traer paz al pueblo colombiano si a la vez que reproduce la impunidad, a los colombianos de bien se les asfixia con una inflación elevada, con reformas tributarias cada vez más gravosas, que lo único que procuran es la destrucción de la economía, como si se tratara de hacer causa común con quienes a través del secuestro y la extorsión se propusieron arruinarnos.
Aumento de la delincuencia
Importantes estudios de seguridad en la región señalan que el aumento de la delincuencia en países como México, Venezuela o Colombia obedecen a los altos índices de impunidad. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia si de lo que se trata es de alcanzar la tan anhelada paz, pero sobre todo, y antes de esto, necesitamos respetar y valorar la conducta de nuestra Fuerza Pública y actuar en consecuencia. El trabajo de nuestro Ejército no puede menoscabarse por el trabajo del Ejecutivo en mesas de negociación.
Felicitamos al General Mejía por su valerosa manifestación de rechazo a los grupos criminales y narcotraficantes que arruinan el futuro del país, e invitamos al gobierno a escuchar las voces de quienes desde la oposición señalamos los riesgos e inconveniencias de dialogar con grupos que no muestran intención de paz o reconciliación alguna.
Por Alejandro Ramírez
Periodista y analista
