¿En manos de quien terminarán los archivos secretos del DAS?

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¿Es bueno que el Foro de Sao Paulo, la mayor secta internacional subversiva controlada por la dictadura cubana, se apodere de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado Colombiano?

Algo muy extraño está ocurriendo en ese sentido sin que la prensa, ni los partidos de oposición más visibles, hayan intentado examinar el fondo de ese affaire, para alertar a la opinión y oponerse a semejante capitulación.

Esta semana, Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia creado en Colombia por los infames acuerdos de La Habana entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, exigió la entrega de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del antiguo DAS, para que la JEP pudiera examinarlos y “evaluarlos”.

¿Por qué la JEP, la cual inició su actividad pública el 15 de marzo de 2018, considera que necesita esos archivos confidenciales no judiciales pero tan sensibles para la seguridad del Estado y de la sociedad colombiana? ¿Los procesos penales no se hacen acaso sobre la documentación y pruebas que aportan las partes y sobre la documentación y pruebas que producen y allegan los organismos investigativos adscritos a cada tribunal? ¿Por qué quieren que esos archivos que no hacen parte de proceso penal alguno sean entregados a la JEP el próximo 16 de abril, es decir cuatro meses antes de que sea instalado el nuevo gobierno de Colombia, el 7 de agosto de 2018?

¿La apertura brusca e incontrolada de esos archivos confidenciales no podría servir a manos obscuras para desestabilizar el periodo de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante?

Cuando Santos negoció el acuerdo con las FARC, el asesor jurídico de éstas, el comunista español Enrique Santiago, fue el que más insistió en que debería haber una parte de juristas extranjeros entre los magistrados de la JEP. Como el acuerdo Farc-Santos fue rechazado por el país, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, la oposición uribista y la senadora Viviane Morales lograron más tarde que fuera prohibido el nombramiento de abogados extranjeros como magistrados del nuevo tribunal de justicia “especial”. La JEP fue concebida, en realidad, como un instrumento de represión judicial contra los militares que combatieron a las FARC y contra las autoridades y civiles que lucharon políticamente contra esa organización narco-terrorista.

Sin embargo, esa prohibición fue una victoria a medias. Los partidarios de incluir extranjeros –sobre todo de izquierda– en las actividades de la nueva jurisdicción lograron al menos que abogados foráneos pudieran litigar ante la JEP, por una parte y, por la otra, que un grupo importante de jurisperitos y abogados extranjeros pudiera participar más internamente en la instrucción y en las audiencias de la JEP emitiendo conceptos no vinculantes, antes y después de los fallos.

Hoy, es cierto, tras el proceso de selección realizado en diciembre pasado, los magistrados de la JEP son todos colombianos. Empero, sí hay 14 juristas extranjeros que fueron admitidos y que podrán intervenir ante la JEP en calidad de Amicus curiae: seis ante el Tribunal de Paz y ocho ante las Salas de Justicia. Ese personal extranjero, donde hay gente de España, Venezuela, Ecuador, Francia y otros siete países, podrá tener acceso a los archivos secretos del DAS y de otras dependencias y organismos del Estado que caigan en manos de la JEP.

Es cierto que para poder examinar esos archivos el interesado –ya sea en calidad de litigante o de consejero Amicus curiae–, deberá obtener una autorización “de la autoridad judicial competente de la JEP”. Pero cualquier actor que entre en esas categorías bien podría quejarse de “discriminación”, y de quien sabe qué más, si no le autorizan inmediatamente consultar esos archivos. Luego, el contenido de esa vasta documentación confidencial del Estado colombiano escapará por esa vía a todo control.

En estos momentos, los archivos del ex DAS están bajo custodia reservada del Archivo General de la Nación. Al pasar los lotes más importantes de esa documentación a la JEP, esa reserva será sólo teórica.

En los próximos días, la JEP recibirá, además, gran cantidad de expedientes que pertenecen a la Corte Suprema de Justicia. Será un mar de archivos el que pasará a manos del nuevo tribunal especial: todas las sentencias y fallos de la CSJ producidos durante y a causa de la guerra subversiva padecida por Colombia durante los últimos 50 años.

La desmedida curiosidad por los archivos de inteligencia y contrainteligencia de Colombia es muy sospechosa. Se ve que hay una ofensiva general de la subversión para apoderarse de los archivos de seguridad oficiales y no solo del DAS. Esa arremetida apunta, en especial, contra la documentación de los servicios que se ocupan de las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Un ejemplo muy diciente: en mayo de 2017, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le pidió a la Corte Constitucional que “desclasificara los archivos” de la Inteligencia Militar. El pretexto de ese “colectivo”, conocido por su militancia izquierdista, era que la reserva legal que protege esos archivos “contradice”, según él, “el espíritu del Acuerdo Final con las FARC” y que las víctimas necesitan ver esos archivos. En consecuencia, ellos exigieron, sin que ninguna asociación de víctimas se pronunciara al respecto, que la llamada “Comisión de la Verdad” pudiera fotocopiar y reimprimir “de forma mecánica o virtual”, “absolutamente todos los documentos de la inteligencia y la contrainteligencia” militar.

Esa oficina de litigantes no hacía, en realidad, otra cosa que repetir un pedido anterior de las Farc. Estas, en marzo de 2015, en La Habana, a través de Joaquín Gómez, habían solicitado eso mismo: “la apertura de archivos estatales para el esclarecimiento de la verdad”, incluyendo “documentos estadounidenses reservados” sobre el llamado “conflicto”. Las FARC llegaron en esos días a proponerle al presidente Juan Manuel Santos que nombrara una “comisión de archivos”, que incluyera gente de las Farc, para ir a Washington a exigir tales documentos a los americanos (1). Nunca se supo si esa comisión fue integrada y si el gobierno de Barack Obama les facilitó esos papeles.

La información de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano podría caer por esas vías indirectas en manos de La Habana y del Foro de Sao Paulo. Esa descomunal fuga de información secreta debilitará aún más al Estado y a la sociedad colombiana en su lucha permanente contra los asaltos totalitarios que han debido enfrentar durante décadas, con éxito relativo.

Recordemos que la lista de magistrados extranjeros que fue dada a conocer en las primeras fases de la conformación de la JEP, desató una ola de indignación en Colombia pues figuraban allí juristas con una marcada tendencia izquierdista lo que confirmaba, para muchos, que la JEP sería un tribunal político de represalia y no una corte de justicia propiamente dicha.

La enmienda de ese defecto no logró del todo erradicar la sospecha de que en la JEP habría, de alguna manera, injerencia exterior. No hay que tomar a la ligera este asunto. El Foro de Sao Paulo es un organismo a la vez discreto e intervencionista que orienta a casi todas las fracciones, grupos y partidos comunistas del continente. Su poder de influencia es inmenso y sus tentáculos llegan a muchas partes. A pesar de su incesante activismo pocos saben qué es y qué hace el FSP. Según el periodista Aníbal Palomino, el Foro de Sao Paulo es “una organización promotora del marxismo-leninismo, fundada en 1990 por Fidel Castro y Lula Da Silva y consolidada por ellos mismos en 1992”.

Las FARC, el ELN y el Polo Democrático Alternativo, hacen parte del FSP desde el comienzo. No son los únicos: también se afiliaron otros grupos: Partido Comunista Colombiano, Presentes por el Socialismo, Marcha Patriótica, Movimiento Progresista (De Gustavo Petro), Alianza Verde y la Unión Patriótica. Los jefes de Estado que hicieron y hacen parte del FSP no son modelos a seguir: Fidel y Raúl Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vásquez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Mauricio Funes, Leonel Fernández y René Preval. Cristina Kirchner, Michelle Bachelet y Fernando Lugo, aunque no militan oficialmente en el FSP, sí están ligados, así como los partidos que los respaldan (2). Dos partidos europeos hacen parte del FSP: Izquierda Unida (ex PCE) y Podemos.

En caso de que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del antiguo DAS terminen, todos o una parte, en manos de gente que se dedica a urdir conjuras y calumnias contra los partidos y los jefes políticos de la oposición al Farc-santismo, ello impedirá que la JEP se construya algún día una cierta respetabilidad. La reacción popular contra ese engendro aumentará, pero de todas formas el mal habrá sido hecho.

Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

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