Inadmisibles intromisiones de la ONU a favor de la JEP

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Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, y Guillermo Rivera, Ministro del Interior del gobierno de Santos.

Al decir el Gobierno Nacional a través de su autorizado vocero Guillermo Rivera quien funge como Ministro del Interior, que si no se aprueba la Ley estatutaria de la Justicia fracasa el Proceso de Paz, es sin lugar a dudas una   presión indebida que ejerce el gobierno colombiano al Congreso de la República. Es ese el único sentido e interpretación que se desprende de las declaraciones entregadas por el Ministro Rivera el pasado 2 de noviembre a RCN.

Conocido ese pronunciamiento inmediatamente Iván Márquez, aspirante sin reunir los requisitos de ley al senado, también en declaraciones a  esa misma emisora, expresó que de llegar a hundirse la Ley estatutaria de la Jurisdicción para la Paz, “sería el fracaso del proceso de Paz”.

La tapa, como dice el común de las gentes la llena La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lidera Todd Howland, quien en un acto totalmente de irrespeto para con el Congreso de la República, olvidado su condición de garante, le pide  al Congreso avanzar en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Pero esa abusiva intromisión que no respeta los asuntos internos del país, raya en una reprochable advertencia, que se piensa más bien es una amenaza directa, la que profiere al indicar en su comunicado que “La concesión de beneficios judiciales a los responsables de crímenes internacionales por fuera de este marco puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado”. 

Esos tres graves hechos documentados son clara demostración de que se persiste en no querer respetar la autonomía del Congreso de la República; no se diga del irrespeto al resultado del plebiscito desconocido abiertamente con la aprobación del Acuerdo de la Habana en aquella aciaga tarde que ofendieron la memoria del emblemático Teatro Colón, al suscribir un acuerdo NO modificado sustancialmente y por supuesto NO aprobado por el pueblo colombiano.

No podemos  olvidar como nació y se impuso la Jurisdicción Especial (JEP). Corría el mes de diciembre del 2015,  cuando el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la cuna del comunismo, anunció en  ceremonia especial que el Gobierno colombiano y la guerrilla firmaron el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que incluyó los componentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ahí nace la Jurisdicción Especial para la Paz más conocida como JEP que tendría funciones judiciales. Fue presentada como un sistema integral de Verdad, Justicia y reparación. El mundo se confundió y pensó que se firmó la Paz.

Obviamente,  pocos colombianos advirtieron el peligro que se cernía con esa iniciativa que se propuso fuera blindada con el famoso bloque de constitucionalidad. Firmado el Acuerdo de la Habana primero en ceremonia ostentosa en Cartagena que solo tiene el recuerdo del miedo de alias Timochenko al paso de un Kfir, y luego en el emblemático Teatro Colón   el 24 de noviembre de 2016,   se dio paso a su implementación. Desde luego, las FARC que parecieran desde ese momento ser parte de un gobierno de transición,  se precipitaron a darle aplicación a esa justicia que sin someterse a ella, desocupó las cárceles de militantes de esa organización que se comprometieron a decir toda la verdad. Reportaron incluso personas  que no eran militantes como ya quedo ampliamente documentado y registrado. Son sus trampas. Igual acontece con otras personas entre ellos militares en retiro y políticos detenidos dejaron saber también que se sometían a ella. Otros, como son los paramilitares, discuten si se acogen o no.

Presurosos en dicha implementación en su afán de hacerse a la rama judicial, el Gobierno Nacional sin contar con la aprobación de la ley estatutaria, designó el Comité de Escogencia, integrado tres personas radicadas en el exterior y dos colombianas que demando de la oposición en Colombia serio reproche y reparo. Claudia Vaca dio cuenta que concluido el proceso se seleccionaron 51 jueces que devengaran la asignación de un magistrado de altas Cortes para aquellos que ejerzan  en el Tribunal para la Paz y para los que  ejerzan en las salas  de la justicia Especial para la Paz, tienen el mismo régimen salarial prestacional para los magistrados  de los tribunales superiores del Distrito Judicial. Obligatoria pregunta hay que formular ¿De dónde saldrán esos recursos para atender esa monumental nómina?

A quien en sana lógica se le ocurre pensar que los designen y les determinen la escala salarial  cuando incluso hoy, está en duda que la ley estatutaria de la justicia pueda ser aprobada por el Congreso. El afán y ligereza han sido la conducta distintiva del gobierno en este tema. Ya sabemos por los abuelos de antaño que “del afán no queda sino el cansancio”. Parodiando célebre frase, de ese afán no va a quedar JEP si se logra respetar la autonomía del Congreso de l República y la Corte Constitucional no lo cercena con el estudio a la acción de nulidad que hoy conoce, contra ese fallo que devolvió en parte las facultades a esa Corporación.

Tan alarmante es la situación que ya dudan de los 52 votos que les acompañan en las votaciones del Fast Track que fuera una novedosa forma de legislar sin cumplir los debates propios de reforma de los actos legislativos y las leyes, que por reciente propuesta conocida, tratan a empellones de modificar las mayorías para las votaciones de  la plenaria y es muy probable que hoy lo aprueben. Tan aberrante es el tema que ya se dice que pretende modificar el umbral y lograr la aprobación con   45 votos o quizás menos, descontando los votos de aquellos congresistas que se declararon impedidos y les sea aceptada esa situación.

Ojalá no se vaya a dar lo que ya se insinúa en ciertos pasillos que si no llegare a ser aprobada la JEP en el Congreso o se empantanara su trámite el Gobierno Nacional la aprobaría a través de la declaratoria de un estado de excepción que en el común de los mortales,  sería más bien la confirmación del ingreso a un régimen dictatorial.

Por Bernardo Henao Jaramillo

Abogado- Investigador

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