Por Bernardo Henao Jaramillo
No sólo se trató de una inadmisible burla sino que fue una conducta totalmente indignante para con Colombia presenciar el pasado 13 de julio que el máximo representante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, más conocido con los alias de Timoleón Jiménez o “Timochenko”, se presentara ante la JEP para responder por delitos graves y de lesa humanidad, en este caso por secuestro, equivocadamente denominado en ese tribunal «retención indebida», levantando el brazo y cerrando su puño, en clara manifestación victoriosa al mejor estilo estalinista.
La actitud desafiante y arrogante del cuestionado líder sólo anticipa y permite que se piense que ya conoce y anticipa el resultado. Cualquier persona que concurre ante un tribunal o un juez siempre muestra respeto y desde luego si es una situación de índole penal, un fundado temor que, en el caso del citado está por completo ausente.
El prontuario de esa otrora organización subversiva y su cúpula en más de 52 años de conflicto armado, no merece ese cínico y a grotesco comportamiento por parte del autorizado vocero de esa organización quien, todo indica al parecer concurrió, fue a leer una declaración, confeccionada por el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Farc. que igualmente pretende tener como excusa de la no comparecencia de todos los citados. (VEA la Declaración completa de «Timochenko» ante la Sala de la JEP).
Tampoco es de recibo y aceptación que los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos cometieran el absurdo, como dan cuenta las fotografías tomadas, que llevan en sus manos, una rosa roja, que bien se sabe es el nuevo símbolo o logotipo de dicha organización.
La imparcialidad y transparencia en su proceder es regla de oro de todo juez. Lo visto con esa actitud deja muchas dudas sobre la imparcialidad y el real papel de estos magistrados, de los cuales, en buena parte aún se desconoce si están habilitados para desempeñar el cargo, en consideración a que la Corte Constitucional, aun no se ha pronunciado sobre el control previo de constitucionalidad al Proyecto de Ley No. 008/17 Senado – 016/17 Cámara de Representantes “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz” en particular sus artículos 100 y 104.
A mediados de noviembre del año anterior la Corte Constitucional fue clara en precisar que quienes tuviesen interés en participar en política y ser congresistas por el nuevo partido de las FARC debían acreditar el sometimiento y comparecencia, por lo que debían suscribir ante la Secretaría de la JEP el acta respectiva. El primero de diciembre de 2017, los otrora subversivos interesados en participar en política, en particular su dirigencia, corrieron puntualmente a suscribir el acta en la que se comprometían a someterse a la justicia transicional so pena de perder los beneficios otorgados en el Acuerdo.
El pasado 13 de julio de 2018 llego el citatorio para la obligada cita ante la Justicia en su Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se conoce que de los 31 integrantes citados, aunque en la declaración leída por Timoleón Jiménez se dice que son 32, solamente 3 concurrieron presencialmente y uno virtualmente por estar detenido con fines extradición. Veintisiete o veintiocho son contumaces y lo obvio y esperado es que al no cumplir el citatorio pierdan desde ya todos los beneficios, en particular aquellos integrantes próximos a tener curules de senadores y representantes.
El acta extendida ante la Secretaría de la JEP en diciembre 1 de 2017, fue suscrita por Luciano Marín Arango alias Iván Márquez cabeza de la lista al senado, Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo, Judith Simanca Herrera conocida como Victoria Sandino, Julián Gallo más conocido como Carlos Antonio Lozada, y Griselda Lobo otrora compañera de Manuel Marulanda quien se le identificaba como Sandra Ramírez. Existe un sexto firmante del acta para aspirar al Senado de nombre Israel Zúñiga más conocido con el alias de Benkos Biojó, responsable dela masacre de Bojayá, que pareciera augurara lo que acontecería con Márquez en su futura curul, quien adoptara ese alias recordando aquel líder que comandó una rebelión de esclavos cimarrones en el Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII, en San Basilio de Palenque.
Para aspirar a la Cámara de Representantes suscribieron el acta Seusis Pausivas Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, por el Departamento del Atlántico de quien ya se sabe está detenido por pedido en extradición por narcotráfico. Jairo González Mora conocido como Byron Yepes, por Bogotá; Reinaldo Cala Suárez que fungiera al margen de la ley como Jairo Quintero, por Santander; Omar de Jesús Restrepo entonces identificado con el alias de Olmedo Ruiz, por Antioquia y Marco Calarcá por el Valle.
Esta justicia transicional negada por el pueblo, compuesta por magistrados designados con claro sesgo ideológico que incluso se desconoce aún si están o no habilitados para posesionarse ya que la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el artículo 100 y 104 del proyecto de ley estatutaria de la justicia, ha comenzado una labor que con lo ocurrido en esta sesión del 13 de julio solo deja desasosiego y frustración.
Todo indiscutiblemente lo que rodea la JEP hace augurar que lo que mal comienza mal termina. En los ajustes que dejo saber el futuro nuevo mandatario de los colombianos, se efectuarían a esta Jurisdicción Especial, es claro que no se puede permitir esta clase de manifestaciones e incumplimientos. El Señor Presidente de la República en su campaña dejo conocer que se harían ajustes y esperamos saber con prontitud cuales sean pero le anticipamos al Dr. Iván Duque Márquez, que no se puede repetir el exceso de amabilidad y bondad que distingue la gestión del Presidente Santos que se tradujo en clara señal de su debilidad. Se requiere una justicia eficaz, seria, expedita y objetiva. La construcción de la Paz sólo será posible conseguirla con una justicia ejemplar aplicada por jueces probos y sin tacha alguna.
Bogotá, D.C. Julio de 2017
