La Concentración de la Pauta Oficial en la Gobernación del Atlántico

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Eduardo Verano, Gobernador del Altántico.

Por: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

La Gobernación del Atlántico invirtió más de 3 mil millones de pesos ($3.333.655.780), en contratos por publicidad oficial entre el 2016 y 2017. Estos recursos se dividieron en 26 contratos que se repartieron entre 10 empresas, de las cuales 5 son medios de comunicación (Telecaribe, El Heraldo, La República, EL Tiempo, Q’Hubo).

Estos más de 3 mil millones equivalen a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable como la de Repelón, o para la dotación de equipos médicos como la que destinó la Gobernación para el hospital de Malambo.

Si bien comparada con la Alcaldía de Barranquilla la inversión de la Gobernación es 22 veces menor, en el análisis que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de la contratación de pauta  encontró algunos factores que afectan el uso correcto de la publicidad oficial como herramienta de información para la ciudadanía.

Uno de esos problemas es la opacidad, ya que en la mayoría de los contratos no hay manera de conocer sus especificaciones técnicas. Así mismo, 10 de los 26 contratos fueron firmados faltando dos meses para finalizar la vigencia correspondiente, lo que resulta en contratos con plazos de 11 o 15 días como el contrato entre la Secretaría de Hacienda y Cooperativa de Trabajo Asociado de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica Coopercom, cuyo objeto es un plan de medios para campañas anti-contrabando que dura 10 días del 20 al 31 de diciembre (Ver contrato).

Otra de las irregularidades que afecta la contratación de pauta por parte de la Gobernación es la incongruencia de algunos de los rubros de los contratos, ya que en sólo 7 de los 26 contratos se evidencia un rubro que se ajusta al propósito publicitario.

El caso que más llama la atención es el del contrato celebrado entre la Secretaría de Salud y la empresa Jiménez Coneo Publicidad por 210 millones, cuyos recursos salen del rubro “Gastos de Inversión del Laboratorio de Salud Pública”, es decir los dineros salen de lo destinado para el funcionamiento de un laboratorio clínico (Ver contrato).

Lo anterior demuestra que a la hora de gestionar recursos para la pauta, la Gobernación obtiene el dinero de todo tipo de rubros con propósitos diferentes a la publicidad, sin mencionar que en ocasiones se utilizaron más de 9 rubros distintos para un solo contrato.

A estas problemáticas se le suma el hecho de que el 80% de los contratos fueron asignados a potestad de la Gobernación mediante el uso de la contratación directa, una estrategia en la que el principal beneficiado fue la cooperativa Coopercom.

Mayoría de contratos para un contratista

21 de los 26 contratos de la entidad fueron asignados por medio de la contratación directa. De esos 21 contratos la Gobernación celebró 16 con la Cooperativa Coopercom, es decir el 70% de la contratación, ejecutando más de 2 mil millones de pesos ($2.293.306.620).

Esto revela una concentración en la contratación de la pauta que es problemática, pues de estos criterios se pueden desprender favoritismos políticos, sin olvidar que va en contra de lo recomendado por la CIDH que dice que “Los Estados deben establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto”.

Esto quiere decir que los criterios de selección utilizados por la Gobernación no son rigurosos, y según la entidad se ajustan más a la cotidianidad que a un criterio técnico, “en algún momento pudieron surgir del análisis de las audiencias y se quedó ahí, entonces queda ya como un hecho preestablecido”, afirmaron desde la Gobernación.

Por otro lado, la estrategia de entregarle la mayoría de la contratación a Coopercom no es la más eficiente y transparente, pues en los contratos ejecutados por la cooperativa no se pueden rastrear con exactitud cómo se repartieron los recursos, y en algunos la cooperativa actúa como contratante y contratista, es decir que se contrata a sí misma (Ver contrato):

Según Coopercom ellos son la única organización de ese tipo en la región y que el hecho de que se contraten a ellos mismos radica en que la sección administrativa de la cooperativa funciona de manera independiente a su página web, la cual funciona como un medio, donde algunos periodistas que hacen parte de la organización publican sus contenidos.

Sin embargo, los objetos que desarrolla Coopercom no se atañen estrictamente a contratar espacios en los medios de comunicación, porque también desarrolla contratos propios de agencia de publicidad, como el suministro de productos publicitarios. Tal es el caso del contrato con la Secretaría de Salud, por 125.000.000 en las que se pide  la producción de afiches, pendones o vallas publicitarias (Ver contrato):

Así mismo, Coopercom no es la única organización que agremia a periodistas en la región, ya que por lo menos existen otras 3 de este tipo. Según la Asociación de Comunicadores de la Costa Atlántica Accsa, otra de las organizaciones de periodistas en el Atlántico,  Coopercom fue la única que se especializó en la contratación de la publicidad oficial, mientras que las otras se han mantenido al margen por razones éticas.

Del mismo modo, según fuentes de la región en el Departamento falta una política pública de comunicación que establezca normas claras a la hora de adjudicar la pauta. Desde la Gobernación son conscientes de que el ejercicio de la publicidad oficial sí puede afectar el desarrollo de la libertad de prensa, “sí la publicidad permea en el criterio que pueda tener el periodista al momento de señalar o algo que esté haciendo la administración”.

Sin embargo, no hay acciones concretas, además de que cada dependencia tiene facultad para ejecutar su política publicitaria, y desde la misma Gobernación reconocen que esa situación puede ser problemática, “la pauta está fragmentada en distintas Secretarías, eso tiene una afectación, antes los ojos de afuera no es la unidad de la Gobernación, sino que a mí me dio la secretaría X, la secretaría B, y no la Gobernación del Atlántico, entonces eso es una falla”.

Si bien el gasto de las dos entidades territoriales del Atlántico son diametralmente opuestas, siendo el gasto de la Gobernación mucho menor, la concentración de la pauta en un solo contratista atenta contra el propósito de la publicidad oficial de mantenerse equitativa y transparente.

Para ver toda la documentación de esta investigación haga click aquí.

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