La iniciativa para adoptar a niños huérfanos y la “Ley Yuliana”

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Cerca de 80 mil niños y jóvenes están a la espera de ser adoptados y acogidos como miembros de una familia.

La violación y asesinato de la niña Yuliana Sambony es un llamado para que los colombianos tomemos acciones inmediatas que frenen la violencia en contra de los menores en el país. Sin embargo, el problema de la infancia tiene muchas más aristas y una de ellas son los niños huérfanos.  Son cerca de 80 mil niños y jóvenes que están a la espera de ser adoptados y acogidos como miembros de una familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hizo una evaluación de la situación de adopciones de menores en el país en donde desde el 2012 las adopciones se han reducido en un 62%, y en los últimos cinco años, han sido adoptados sólo 10.277 niños por familias nacionales o extranjeras.

El año pasado el ICBF sólo registró la adopción de 1.148 niños y jóvenes del territorio nacional, situación preocupante para el país entero, dado que hay a la espera miles de solicitudes para adoptar niños o niñas entre 0 y 6 años de edad, mientras hay 4.840 niños y jóvenes mayores de 8 años que esperan poder ser adoptados por una familia.

En adición a las cifras alarmantes de niños, niñas y jóvenes abandonados o sin padres, las cifras de violencia en nuestro país contra  menores son aterradoras; Estas son algunas:

Abandono infantil

1.297 menores de edad durante 2015 (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Abuso sexual

Entre enero y febrero de 2016: 2.594 niños (promedio 43/día).

En 2015 se reportaron 18 mil casos.

Desnutrición

1 de cada 10 niños sufre desnutrición crónica (Unicef)

Muertes violentas

Entre enero y febrero de 2016: 358 muertes (Instituto de Medicina Legal).

Educación

De cada 100 niños que entran a primero de primaria, sólo 40 llegan a la universidad. En el camino desertan 20 (PNUD).

Trabajo infantil

1.039.000 niños trabajan en Colombia (Dane). El 38 % lo hace en el comercio y la hostelería.

 

En respuesta a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes de Colombia, miembros del Congreso propusieron incentivos para los padres y madres adoptivos e iniciativas legislativas con castigos ejemplares para violadores de menores.

La solidaridad de los congresistas con las víctimas llegó a hacer parte incluso del debate de Reforma Tributaria. El Senador de La U, Andrés García Zuccardi, quien desde que comenzó su trabajo como congresista ha trabajado por la juventud y la niñez, propuso a través de las Comisiones Conjuntas Económicas que “al final de cada año el Gobierno Nacional, devolverá a los padres adoptivos de niños, niñas y jóvenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el valor total del IVA que estos han pagado en transcurso del mismo; esta devolución se hará por un cruce de cuentas, donde este dinero vaya directamente a inversión en salud y educación de sus hijos”.  

Según García: “Un hijo puede costar, desde el embarazo de la madre hasta cuando se gradúa de la universidad, viviendo en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, entre $300 y $800 millones de pesos. Razón por la cual el Estado debe apoyar a estas familias adoptivas para garantizar una vida digna y en buenas condiciones al menor”.

Secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, Senadora Sandra Villadiego, Senador Efraín Torrado, Senador Mauricio Lizcano, Senadora Maritza Martínez, Senador Andrés García Zuccardi

 

En adición, la Bancada de La U radicó dos iniciativas parlamentarias contra abusadores de menores:  (1) La iniciativa que  busca implementar Fast Track judicial a víctimas menores de edad; y (2) El Proyecto de ley que busca imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de infantes o “Ley Yuliana”. Ambos proyectos liderados por el Representante Efraín Torrado; el Senador Mauricio Lizcano, presidente del Senado, y el Senador Andrés García Zuccardi.

García, coautor de las iniciativas, explicó: “Nuestros niños son prioridad, no podemos permitir que sigan pasando estos atentados contra nuestros menores y que no existan leyes lo suficientemente sólidas que garanticen pronta justicia sin dejar que se dilate el proceso a los victimarios”.

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