La Defensoría del Pueblo confirmó que varias comisiones humanitarias de ese organismo llegaron en las últimas horas hasta apartadas regiones del departamento del Chocó, escenario de recientes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos guerrilleros, situación que provocó el confinamiento de algunas comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan las zonas rurales de Bagadó y Carmen del Darién.
Inicialmente, un grupo de la Defensoría Regional Chocó ingresó al Alto Andágueda y corroboró que por lo menos 1.000 personas permanecen bloqueadas como consecuencia de dos operaciones realizadas por hombres de las Fuerzas Militares, una de ellas entre el 23 y el 24 de marzo, y otra el pasado 18 de abril contra miembros del Ejército de Liberación Nacional.
Según versiones de la comunidad, en el área general de Bagadó se presentaron bombardeos y enfrentamientos que derivaron en la muerte de cuatro guerrilleros y la captura de otros dos rebeldes, que inicialmente se habían refugiado en algunas viviendas de la población civil y desde allí disparaban contra las tropas. Es decir, utilizado como escudo a la comunidad, lo cual está prohibido por ser una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.
Los habitantes actualmente confinados, refirieron daños materiales de consideración en sus casas, así como en la Iglesia local, al tiempo que expresaron temor por la presencia de minas antipersona, munición sin explotar y las restricciones a la movilidad que han significado desabastecimiento de alimentos e insumos básicos, afirma la Defensoría.
De acuerdo con los relatos, fue tal la tensión provocada por las intervenciones armadas de ambos bandos, que dos ciudadanos, incluida una mujer y un adulto mayor, sufrieron accidentes cardiovasculares de consideración.
Luego de 72 horas de acompañamiento, la Defensoría instaló, junto a las autoridades territoriales, un Comité de Prevención para gestionar ante la Gobernación y la Unidad de Víctimas la entrega de ayudas humanitarias de emergencia para las seis comunidades afectadas en sectores como Mutatá, Santa Isabel, la Esperanza, Limón, Alto Palmira, Kimpara, Quebradamonte, Alto Playa, Iguanero y Vivícora, actual epicentro del confinamiento.
Similar situación se vive en el corregimiento Domingodó de Carmen del Darién, donde como resultado de combates entre la Fuerza Pública y guerrilleros del frente 57 de las Farc, al menos 400 habitantes afrontan dificultades de movilidad y suministro, dada la intensidad de la confrontación y las restricciones impuestas por los actores armados.
En ambos casos, la Defensoría del Pueblo aclara que ha sido la única entidad del Estado que ha hecho presencia, y reitera por lo tanto su llamado al Gobierno Nacional y las autoridades regionales para que adopten las medidas tendientes a normalizar la convivencia pacífica en estos territorios y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
