Por Iván Camargo.
Las autoridades norteamericanas le siguen la pista a las ramificaciones de la cadena de sobornos que invadió a casi todos los países latinoamericanos por cuenta la firma brasileña de construcciones Odebrecht. Muchas actuaciones de los investigadores estadounidenses han encontrado serías dificultades porque los propios gobiernos como el de Ecuador y el de Colombia han obstaculizado las averiguaciones de los agentes de la DEA y el FBI para develar el entramado de lavado de activos que organizaron lo funcionarios corruptos en estos países.
En Ecuador y Colombia el comportamiento ambivalente de los organismos de investigación ha logrado poner tras las rejas a funcionarios medios pero no se ha avanzado hacia identificar los verdaderos responsables de cuello blanco que existen en estas operaciones ilegales. El año pasado la Policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de Juan Pablo Eljuri Vintimilla en Cuenca, en desarrollo de las investigaciones por captación ilegal de dinero, en que ha estado involucrada la empresa Sai Bank, que al parecer operaba en Ecuador sin autorización, entidad que las autoridades vinculan al proceso que indagador los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En el operativo la policía obtuvo documentación reservada del Sai Bank y de sus sucursales en Quito y Guayaquil, pero sobre todo de la sede de Cuenca, por donde al parecer se lavaron las sumas más gruesas por parte del grupo empresarial Eljuri. Juan Eljuri Antón, padre de Juan Pablo Ejuri Vintimilla, se presentó en la Fiscalía para rendir versión libre y voluntaria dentro de la instrucción. Para las autoridades norteamericanas lo que podría parecer un hecho aislado está directamente relacionado con el gobierno de Lenin Moreno, al que se investiga por lavado de dinero por más de mil millones de dólares en Curazao y por una posible estafa que detectó la fiscal Diana Salazar la cual extrañamente días después detuvo el ritmo con que había arrancado.
En ese momento el empresario ecuatoriano Juan Pablo Eljuri Vintimilla recibió prisión preventiva, así como la incautacion de sus propiedad, la inmovilización de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. Sai Bank es de propiedad de Juan Eljuri, principal financista de la campaña de Moreno y dueño del avión en que viajó Eduardo Mangas y José Serrano a Panamá, para negociar a espaldas del presidente Correa y de Alianza País un acuerdo con Abdalá Bucaram. Sai Bank es investigado por lavado de dinero y estafa. El gobierno ha intentado evitar a toda costa que se sepa esto. Incluso durante el allanamiento los medios de comunicación han obviado mencionar a Juan Eljuri, para que en este caso no exista algo que temen, el linchamiento mediático.
Este es el verdadero caso de corrupción que podría llegar hasta los propios pies de Lenin Moreno porque podría destapar el financiamiento ilegal de su campaña presidencial. Para las autoridades norteamericanas no ha resultado muy claro que el fiscal Fabián Salazar haya emitido dictamen de abstenerse de abrir cargos a favor del empresario Juan Pablo Eljuri, por el caso Sai Bank, al que se investiga por una presunta captación ilegal de dinero, derivado del proceso judicial de la constructora brasilera Odebrecht. Salazar justificó sus motivos sin entrar en detalles. «Este fiscal no puede acusar sin elementos, que han sido desvirtuados por las mismas instituciones del Estado (…) no hay vínculos que puedan sustentar una audiencia de juicio…», agregó y expuso sus motivos @eluniversocom. El pronunciamiento debería haber subido a análisis de la Fiscalía provincial, pero en su momento Salazar sostuvo que mantendrá su posición.
Para los investigadores americanos no ha sido muy claro que la audiencia preparatoria del juicio en el caso del South American International Bank, domiciliado en Curazao (Sai Bank) hay sido declarada fallida el 19 de febrero por la jueza Ana Guerrón. Los abogados de tres de los involucrados: Paula A., Juan S., y Daniel B., llegaron a la audiencia en el Compleo Judicial Norte. pero no llegaron ni los representantes de la Fiscalia ni del último involucrado, el empresario Juan Pablo E. Según la investigación de Fiscalía, el Sai Bank habría facilitado que los intermediarios de Odebrecht tuvieran la posibilidad de «disponer de efectivo en Ecuador, sin levantar alertas, facilitando de esta manera el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos”. La fiscal Diana Salazar, inició la investigación, pero extrañamente en la noche del 19 de febrero fue nombrada como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
