Minería y petróleo: las consultas populares y el futuro de la Colombia del siglo XXI

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Por Felipe Pineda Ruiz*

Julio 28 de 2013 se ha convertido, con el transcurso de los años, en una fecha más que singular. Y no es para más: aquel domingo Piedras, un pequeña población de tan solo 5.000 habitantes, ubicado a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Ibagué, abriría la senda para una figura hasta ahora desconocida en nuestro país: las consultas populares para definir el futuro de la extracción de minerales y petróleo en los municipios.

De ahí en adelante otros poblados como Tauramena (Casanare), Cajamarca (Tolima), Marmato (Caldas), Cumaral (Meta), Cabrera y Pasca (Cundinamarca), por nombrar las más significativas, seguirían la senda de Piedras. En todos estos referendos a pequeña escala, los umbrales requeridos para darle validez a las consultas, fijados en la tercera parte del total de votantes censados, fueron superados. Las victorias aplastantes del NO, en todos los casos mencionados alcanzaron más del 90% del total de sufragios depositados.De una u otra forma, las luchas ambientales municipales, a lo largo y ancho del país, están restableciendo la cohesión y la identidad social de las comunidades. Paulatinamente, las redes creadas por los pobladores locales, comienzan a re- significar las actividades productivas de los territorios.

Lo que antes era poco evidente en todos estos municipios, la dependencia económica de la agricultura y la ganadería, ahora cobra sentido, creando una nueva valoración del agua, la vida y el suelo.

De otra parte las comunidades en carne propia empiezan a experimentar la cara oculta del denominado “extractivismo”: la exploración y explotación minera y petrolera, además de requerir ingentes cantidades de agua para su realización, afecta en el proceso la fertilidad de los suelos, hasta el punto de erosionarlos totalmente.

Al margen de la esperanza que las consultas populares suscita en los habitantes de decenas de municipios, a lo largo y ancho del país, es preciso señalar que la disyuntiva jurídica en relación a este tipo de procesos sigue latente.

El artículo 55, de la Ley 134 de 1994 (que estipula lineamientos sobre la participación ciudadana), se convierte en la carta de navegación legal de quienes defienden la validez de estos referendos locales al señalar: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.

El alcance de la doctrina mencionada anteriormente es ratificado por las leyes 136 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, la cual le otorga al soberano, en este caso el pueblo, la posibilidad de decidir y hacer cumplir obligatoriamente dicha determinación a las autoridades locales respectivas[i]

De otra parte, los sectores afines a la tentativa extractivista, entes gubernamentales y multinacionales, argumentan el derecho a la exploración y explotación basados en el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, el cual le otorga la propiedad de los recursos naturales no renovables, así como del subsuelo, al Estado (tesis ratificada por la sentencia C-983 de 2010 y el decreto 2041 de 2014).

Más allá del plano legal, los 115 conflictos ambientales (Atlas Global de Justicia Ambiental, 2015) en las diferentes latitudes del país, conforman no solo un nuevo mapa de resistencias locales sino una nueva configuración política en ciernes, protagonizada por nuevos actores que se oponen a la intención de las transnacionales de extraer recursos naturales, a gran escala, a cambio de regalías irrisorias.

Reemplazar las regalías de la minería y el petróleo parece una titánica tarea para el Estado colombiano. Sin embargo, nada es imposible. Impulsar, como políticas gubernamentales, la producción agrícola, el ecoturismo, las energías renovables, la industria, la Investigación y el desarrollo, así como un robusto y creativo mercado de servicios, entre otros sectores, permitirá un cambio de matriz productiva, necesario para que Colombia entre, así sea tardíamente, en la dinámica económica diversa del siglo XXI. Estamos a tiempo de intentarlo.

*Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador de la Fundación Democracia Hoy. Director del laboratorio de iniciativas sociales Somos Ciudadanos.

[i] Pineda Ruiz, Felipe. El caso paradigmático de la consulta de Ibagué. Semanario Caja de Herramientas, agosto 5 de 2016. Fuente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0506/pdfs/Articulo343_506.pdf

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