El Ministerio Público investiga si el congresista se extralimitó en sus funciones o cometió abuso de autoridad y fraude procesal al presuntamente solicitar testimonios de paramilitares detenidos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ofrecer beneficios a cambio de ello.
Por presuntamente solicitar a miembros de grupos paramilitares el dar testimonio de hechos que no les constaban y supuestamente ofrecer beneficios a cambio de ello, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al actual Senador de la República del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, en su condición de representante a la Cámara por Bogotá para los años 2012 y 2013, en los que se habrían presentado los sucesos investigados.
Según la investigación, el 26 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2013 y prevalido de la autorización del Congreso de la República para visitar las cárceles del país, el entonces representante a la Cámara se habría reunido con Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias “Simón”, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias “Castañeda”, detenidos exintegrantes del Bloque Metro de las Autodefensas, para solicitarles que declararan en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
Dicha petición presuntamente incluía que los reclusos en la cárcel de Itagüí (Antioquia) expusieran hechos que no les constaban y el que sus versiones serían preparadas por el congresista Cepeda Castro.
A cambio, según el pliego de cargos, el entonces representante a la Cámara posiblemente habría ofrecido a los detenidos beneficios tales como recompensas en dinero, cambios en sus sitios de reclusión y ubicación en el exterior a miembros de sus familias.
Por posiblemente estar incurso en una extralimitación de funciones, la Procuraduría calificó la presunta falta disciplinaria del Senador Iván Cepeda Castro como grave, a título de dolo, conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario Único.
Previo a la formulación del pliego de cargos, el ente de control atendió reiteradas recusaciones y peticiones de pruebas, practicando cerca de 15 testimonios, 7 visitas especiales y solicitando documentación a diferentes entidades del Estado colombiano. Igualmente escuchó al disciplinado en versión libre y espontánea.
Se podría enfrentar a una destitución e ihabilidad de varios años para ejercer cargos públicos.
