“El Palo No Está Para Cucharas”: Colombia por Caminos de Encrucijada Fiscal y Económica

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El proyecto de reforma tributaria implícito en una ilegal e inconstitucional propuesta de ley de financiamiento hace tránsito en el Congreso de la República como si fuera proyecto de ley de recursos adicionales del presupuesto aprobado el 16 de octubre de 2018. Realmente es una ley ordinaria en materia tributaria, que procedimentalmente tiene que hacer las 4 vueltas de una ley ordinaria. Es decir, 2 en comisiones económicas de Senado y Cámara y 2 en plenarias de cada una de las 2 corporaciones del poder legislativo.

Por otra parte, desde la óptica eminentemente económica y fiscal, lo que se desprende del análisis sistemático de las finanzas del sector central del Estado, es que se presenta un desequilibrio entre las rentas y las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2019, por valor de $14 billones. Es claro que el Gobierno y el Congreso de la República aún no encuentran cómo financiarlo de manera adecuada, dado que persisten sustanciales diferencias de criterio con relación a las modificaciones a los tributos de IVA y renta.

De una detallada revisión del proyecto de ley tributaria se detecta la pertinaz inconsistencia del tema de la financiación con los tributos de IVA y renta. De igual manera, es importante destacar las consecuencias que se generarían sobre la actividad económica por la aplicación de las tarifas, bases gravables y beneficios fiscales, que en ambos renglones tributarios viene proponiendo el gobierno. Asimismo, es evidente el manifiesto compromiso presidencial y gubernamental de favorecer la clase empresarial, bajo el ropaje de la economía naranja, con un sinnúmero de rentas exentas a partir del año gravable 2019 por un período de 5 años. Las condiciones para ser beneficiarios de exenciones son: (1) que se constituyan como nuevas sociedades y sus actividades inicien antes del 31 de diciembre de 2021; y (2) que operen en determinados segmentos de la producción, elegidos sin el suficiente análisis de rentabilidad y competitividad (p.ej. Confecciones de prendas de vestir, fabricación de calzado, muebles, joyas, instrumentos musicales, transporte de pasajeros, alojamiento de hoteles, edición de libros, producción de películas, telecomunicaciones, desarrollo de sistemas informáticos, educación, megaproyectos de inversión, inversiones agroindustriales y creación cultural, entre otros).

De lo anterior se deduce que existe una profunda improvisación, porque no se ha aprobado el Plan de Desarrollo y ya se están solicitando una serie de incentivos a manera de gabelas tributarias. Estos podrían convertirse en un esfuerzo o sacrificio fiscal innecesario, pues no provienen de un programa sólido ni estructurado, sino producto de una ligereza de un gobierno entrante. En poco más de 100 días el gobierno no ha podido colocar a tono, la tributación, el equilibrio presupuestal, el crecimiento de la economía, y el desarrollo económico, dentro de un ámbito de equidad y armonía social.

Como corolario de lo anterior, podemos expresar que la experiencia colombiana de los últimos 50 años con relación a los incentivos tributarios a las empresas ha sido, cuanto menos, desalentadora. En primer lugar, porque en materia de productividad estamos en los mismos niveles del último cuarto del siglo XX, y en materia de retornos positivos, se siguen presentando resultados opacos. Tales como los relacionados con las zonas francas especiales y uniempresariales, que presentan baja dinámica en el crecimiento de las exportaciones menores; a pesar de haber sido beneficiarios de la exención del impuesto de aduanas e IVA, así como la reducción del 13% en el impuesto de renta con respecto a lo que pagan las demás empresas del sector real de la economía. Igualmente, en esta reforma tributaria se están declarando, entre otras, las siguientes exenciones a las empresas de la Economía Naranja: 1) Exención del IVA para los bienes de capital; 2) Eliminación gradual de la renta presuntiva; 3) Descuentos por ICA; 4) Descuento del 4 X 1000; 5) Se mantiene la reducción del impuesto de renta del 33% al 30% y 6) Se elimina gradualmente en los próximos dos años el impuesto al patrimonio del 1.5%.

Ahora bien, disminuir el umbral de renta de $3.900.000 a $2.830.000, también constituye un fuerte factor de inequidad, porque ataca las rentas de trabajo, en niveles en los que también se afecta la demanda efectiva. Asimismo, no es plausible grabar los movimientos bancarios realizados con tarjetas débito y crédito, los rendimientos de ahorro e inversiones y la vivienda con IVA del 19%. De presentase, lesionarían gravemente el poco ahorro e inversiones financieras que se desarrolla en el parasitario sistema financiero del país.

Así las cosas, la mal denominada ley de financiamiento que hace tránsito en el Congreso de la República es una colcha de retazos. De ella es posible afirmar que de lo único que se ha ocupado con eficiencia es de identificar rentas de trabajo de segmentos específicos de la población (particularmente, la clase media colombiana), para presionarlos fiscalmente con la trasnochada justificación liberal en la que los únicos que crean riqueza son la clase empresarial. Ante esto me permito dejar expreso que la soberanía del consumidor, que se ha expuesto por extremos doctrinales tan opuestos como la teoría Keynesiana y el Neoliberalismo, han defendido al consumidor como eje motor de la dinámica y reactivación de la economía, debido al primordial aporte que este hace a la generación de riqueza y a la sostenibilidad de la economía.

La actuación del gobierno viene dejando mucho que desear en materia económica. Pues sus propuestas siempre conducen a la disminución del ingreso disponible de los segmentos poblacionales que dinamizan los mercados; mientras que favorecen con beneficios tributarios a un sinnúmero de empresas que no dan plena garantía de productividad y mejoramiento económico. Dada la improvisación manifiesta y el estructural y rezagado comportamiento que en materia de resultados económicos presenta nuestra clase empresarial.

Las exenciones del impuesto de renta ya cuestan cerca de $ 4 billones según el marco fiscal de mediano plazo de 2018. Se tienen 233 beneficios tributarios temporales que se han hecho permanentes. Adicionalmente, los beneficios tributarios que proponen no llegan a la pequeña y mediana empresa, que son el 95% de las compañías del país. Igualmente, el tiempo apremia y por el lado del ingreso ya no es procedente hacer el ajuste, sin afectar a la clase media, a la clase trabajadora, y por ende al crecimiento de la economía. Es imperante pedirle al gobierno que por favor actúe sobre el gasto, porque ya la banca japonesa viene anunciando que el gobierno con su reforma tributaria, no alcanza a cumplir lo dispuesto en la regla fiscal y además agrega que Standard & Poors viene pensando seriamente en bajar la calificación de la deuda. En este escenario las condiciones se empeorarían, puesto que se subirían los intereses de la deuda que alcanza los US$ 127.759 millones, se incentivaría la huida de capitales y se contraería la economía.

Señor Ministro, hay alternativas muy serias para trabajar los próximos 4 años distintas a la presión fiscal, tales como el control a la evasión, al contrabando, la atracción de capitales del exterior, la eliminación de rentas exentas y otras. Gobierno actúe, por favor actúe. Pues, como decían los abuelos: “El palo no está para cucharas”.

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