Por el contrario, la ha premiado. Ya se sabe que el gobierno de Santos, con la asesoría del ya exministro guajiro Amilkar Acosta, aprobó entregarle a Electricaribe casi 700 millones de dólares (cerca de 1.4 billones de pesos) para acometer un plan limitado de mejoramiento de la obsoleta infraestructura eléctrica de la Región Caribe, pasando de agache el pésimo servicio eléctrico, la falta de mantenimiento de subestaciones y redes, la despiadada atención a los usuarios, los cobros indebidos y ahora con el actual Ministro Tomas Gonzalez pretende subirle las tarifas al sector industrial y comercial causando un grave problema a la población productiva porque tendrán que reducir los puestos de trabajo y solamente dedicarse a pagar este pésimo servicio de esta empresa. La gran ganadora es la casa matriz de Gas Natural Fenosa en Europa por los miles de millones de euros que recibe anualmente, extraídos de los escuálidos bolsillos de los usuarios de la Costa Atlántica. La confianza inversionista al libre comercio sin ninguan regulación arrasa la producción nacional, la soberanía y los derechos de la población desde 1990 cuando César Gaviria destapó la Caja de Pandora neoliberal.
Pero la espiral no se detiene. Durante el presente año las cosas han empeorado. Electricaribe continúa su política de cobros inflados a través de distintos mecanismos: facturando los ilegales cobros por consumo estimado, entregando una energía de mala calidad sin el voltaje pactado en el contrato de condiciones uniformes, las oscilaciones permanente que ocasionan daños a granel en electrodomésticos, equipos de computación y de la pequeña y mediana industria que no son pagados por la empresa. Los inmensos daños de varios apagones que dejaron sin energía a miles de usuarios en varios departamentos del Norte del país no han sido indemnizados, la utilización de las Redes si ser remuneradas a pesar de las presuntas investigaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos que no conducen a nada.
Esto para no hablar de lo que sucede en los casi dos mil barrios subnormales operados por Energía Social (de propiedad de Electricaribe), en los cuales es tal la maraña de redes amontonadas unas sobre otras, que nadie se explica porque no han ocurrido más tragedias. También está llenando de indignación a la comunidad la imposición de la llamada medición centralizada en las redes trenzadas de aluminio, dejando arrumados los medidores convencionales que son en los únicos que confían los usuarios, porque la nueve medición central, a siete metros de altura, digital, a control remoto, que puede ser manipulado el consumo por la empresa y que es la base técnica para el cobro prepago de energía, puede ser la gota que rebose la taza.
