Un grupo de ciudadanos, de las más variadas condiciones, nos invitaron a algunos librepensadores como Marco Tulio Gutiérrez Morad y este servidor, entre otros egregios hombres de la sociedad civil, a pensar sobre el proceso de paz de La Habana, Cuba, y hemos concluido con este escrito.
“Los procesos de paz, reinserción y reincorporación de grupos guerrilleros a la vida civil constituyen objetivo prioritario de la gestión estatal y no se agotan en los conceptos de perturbación del orden público y de su control y restablecimiento, sino que son de mayor amplitud y comprometen en alto grado la responsabilidad de todas las ramas y órganos del Poder Público.”
Esta sí que es una verdadera sentencia, la que dictada por la Corte Constitucional debe ser complementada por la sociedad civil, porque en igual sentido tenemos la responsabilidad de apoyar sin límites el proceso de paz en coherencia con ese fin fundamental del Estado.
Hoy no se comprende que haya personas empeñadas en la “resistencia civil” contra la paz, cuando los esfuerzos realizados a nivel mundial en materia de justicia transicional y paz, son demostrativos de la llave “racionalidad estatal” y “sociedad civil”.
Estos son algunos datos que nos arroja la Sentencia C-579/13:
Desde los siglos 17 a 19, se otorgaron amnistías: En Inglaterra, con la declaración de Breda del 4 de abril de 1660 se confirió garantías a quienes podrían tener algo que temer de la restauración de la monarquía aprobándose la Ley de Olvido e Indemnidad. En Francia, después del regreso de Napoleón, se perdonó a quienes hubiesen estado “equivocados” y se dictaron amnistías a los opositores del régimen.
En América, se impusieron amnistías en Chile, Perú, Argentina, México, Colombia y Uruguay, con la consolidación de los Estados a partir de los procesos independentistas. En los Estados Unidos de América se aprobó con la firma del Tratado de Paz de París de 1783, la prohibición de confiscación y la iniciación de procesos contra los auspiciadores de la guerra.
Como consecuencia de la segunda guerra mundial, en Alemania, paralelamente a los Tribunales de Núremberg, se dictó la Ley de Concesión de Impunidad de 1949 que directamente otorgaba amnistías e indultos. En Italia, después de la caída de Mussolini, se aprobó la Ley de Purga de 1943.
Después de la caída del muro de Berlín, en distintos Estados europeos se dieron procesos de justicia transicional. En Alemania, el Tratado de Unificación previó la restitución de tierras confiscadas por la República Democrática Alemana. En España, se publicó el Decreto Ley 10 de 1969 que prescribía todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, independiente de su gravedad, consecuencias o autores, y posteriormente, la Ley de Amnistía 46 de 1977.
En 2001, Yugoslavia aprobó la Ley de amnistía para 30 mil personas condenadas a prisión por deserción durante el régimen de Milosevic. Así mismo se hizo en Macedonia, Hungría, Irlanda del Norte, Albania y Bulgaria.
África no fue ajena a los procesos de justicia transicional. En Sudáfrica se promulgaron enmiendas sobre la promoción de la unidad nacional y la reconciliación. En Mozambique se firmó el Acuerdo General de Paz de 1992. En Uganda, se expidió en el 2000 la Ley de Amnistía.
En Latinoamérica, varios países han adoptado leyes de perdón y amnistías, como Guatemala, Chile, Nicaragua, Brasil, Perú, República Dominicana, El Salvador y Haití; En Colombia, las medidas excepcionales para la paz han evolucionado desde la Revolución de Los Comuneros, pasando por las capitulaciones y el armisticio de 1812 con la independencia del 20 de julio de 1810, las constituciones de la República de Colombia de 1821 y de 1830, de la Nueva Granada de 1832, de 1843 y de 1853 que permitieron la concesión de indultos y amnistías por graves motivos de conveniencia pública, el golpe de Estado de José María Melo en 1854, la Constitución de la Confederación Granadina de 1858, la Constitución de 1886 que consagró en su prefacio el valor fundamental de la paz, hasta la actual Constitución de 1991 que ha sido considerada como un tratado de paz.
Por estos antecedentes de coherencia histórica y constitucional, a más de la coherencia jurisprudencial, nace hoy el movimiento “coherencia civil”, florecido del análisis asiduo y aplicado de un grupo de ciudadanos que le otorgamos a la paz un sentido racional sobre el ímpetu que propugna por la guerra.
A partir de esta proclama, salimos en defensa de los Acuerdos Políticos que darán un pronto desenlace a 60 años de guerra con las FARC y un futuro que advierte un mejor país. ¡Bienvenidos!
Por Germán Calderón España
Abogado Constitucionalista
