El proceso, de terminación del conflicto armado; el debate sobre la educación de los niños, o la afirmación del presidente de la República, en la asamblea de la Andi del “tremendo beneficio”, que concederá a los industriales financiadores de violaciones de los derechos humanos, quienes podrían pasar de victimarios a víctimas, en la denominada justicia transicional (terceros, beneficiarios de la impunidad de la justicia transicional) refleja las tensiones existentes en la sociedad colombiana, por la falta o poca comprensión de los derechos de la sociedad civil y hace categórica la necesidad de NO votar ni por el sí de santos, ni por el no de Uribe; sino por la constituyente y los derechos de la sociedad civil.
El preámbulo, de la declaración universal de los derechos humanos, de la ONU, deja claro que sin derechos humanos no hay verdadera paz. “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;… “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. El primer paso, para defender un derecho, es tener claro en qué consiste el derecho y en los debates sobre los tres temas arriba mencionados, es evidente que no se tiene una clara comprensión de los mismos. Sobre la educación de los niños, es importante que ellos sepan, que existen distintos sexos y que existen distintas preferencias sexuales y que no siempre la preferencia sexual coincide con el sexo de la persona; que cualquiera que sea mi sexo o mi preferencia sexual, esto no me hace mejor ni peor que los demás; que simplemente soy diverso, pero igual en derechos a los demás. El debate, que parecía más bien un debate sobre los padres, que sobre los niños, y por lo mismo debe ser un debate más amplio, que cobije tanto la educación de niños como de padres (aunque ellos crean que no deben educarse), como otras manifestaciones del pluralismo, además del pluralismo sexual o de género.
La primera característica del pluralismo, es que se opone a todo totalitarismo: pues parte de la convicción de que nadie es depositario de la verdad absoluta y que ésta sólo surge del diálogo, de la discusión y la confrontación de las ideas y posiciones más diversas. Por esta misma razón, el Estado o el gobernante deben permitir la diversidad de opiniones o concepciones del mundo. Este es un pluralismo ideológico producto del racionalismo del siglo XVIII.
Además del pluralismo ideológico, existe el denominado: pluralismo institucional, que se proyecta en la necesidad de dar espacio a instancias o instituciones distintas de la estatal. Presupone que el poder, incluido el poder político, no se concentre en un solo centro, sino que existan diversos centros de poder; que se distribuye el poder entre diversas organizaciones. Conlleva la existencia de cuerpos intermedios u organizaciones sociales entre el Estado y el individuo, que tienen el derecho a participar en las decisiones que los afectan.
En la constitución colombiana, se encuentran reconocidos, tanto del pluralismo ideológico como del pluralismo institucional. Del primero son manifestaciones la libertad de conciencia, pensamiento, opinión (incluida la política) o expresión (incluida la artística y científica); el libre desarrollo de la personalidad; etcétera. Del pluralismo institucional, son ejemplos, la división del poder político en distintas ramas u órganos; la distribución territorial del poder político (Estado federal; Estado regional o autonómico; Estado descentralizado); la existencia de distintos partidos o movimientos políticos y el reconocimiento de diversos grupos etnolingüísticos, diferentes organizaciones religiosas (o no religiosas) o distintas clases de organizaciones familiares; etcétera.
El olvido o ignorancia de este principio pluralista, en sus expresiones ideológica e institucional, es lo que explica las posiciones de muchos de los que intervinieron en el debate, negando los derechos del otro; y otras cosmovisiones del mundo; por partir de la premisa equivocada de que son depositarios de la verdad absoluta y de que existen poderes absolutos. La violación de este derecho o principio, por parte de muchos de los que hablan de la paz a favor del no de Uribe o del sí de Santos; contra quienes proponemos una paz con justicia social, votando por la constituyente con derechos, es otro ejemplo emblemático de la negación de los derechos del otro; de quienes tenemos una cosmovisión de la paz distinta. Olvidan que el artículo 22 de la constitución, nos da también a nosotros el derecho a la paz (que no es solo de ellos); que nosotros (como ellos, y como todo el pueblo colombiano) somos igualmente titulares de la soberanía (art.3 de la constitución); tenemos una fracción de la soberanía; que el principal atributo de la soberanía, es el poder constituyente y que para la soberanía popular el voto es un derecho y por lo mismo nadie puede ser privado de él, o de participar en las decisiones que afecten su destino (artículo 2 de la constitución); o compelido a ejercerlo de una determinada manera contra su conciencia (artículo 18 de la constitución); Y que es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la paz por medio de la guerra de Uribe, o a la paz extremadamente imperfecta por medio de la guerra contra los derechos del pueblo de Santos; que podamos tener una visión de la paz con justicia social, con derechos humanos plenos; esta visión pluralista está basada en el ARTICULO 1. De la constitución que establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista,…”. Olvidan lo que dijera Aristóteles hace 2400 años que “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”.
Como lo ignoran u olvidan -y no sabemos cuál de las dos cosas es más grave -debemos recordarles que teniendo nosotros también la soberanía, asimismo tenemos su principal atributo que es el poder constituyente, que está por encima de todos los poderes constituidos, llámense Presidente, Congreso o Corte Constitucional, por lo que no puede ningún poder constituido impedirnos al soberano y propietario del poder constituyente, que promovamos y ejerzamos nuestro voto en el plebiscito por la constituyente con derechos; y que nuestros votos por la constituyente deben tener igual protección, por mandato del artículo 13 de la constitución que establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”.
Otro de los motivos por los cuales no votaremos por el no de Uribe ni por el sí de Santos, es que en lo sustancial son iguales; ambos defienden el mismo modelo económico; los dos igualmente nefastos para los derechos del pueblo e idénticos guerreristas contra los trabajadores, los indígenas, los afro descendientes, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, violadores ambos de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al medio ambiente sano; ambos responsables del genocidio denominado falsos positivos; en una palabra aliados incondicionales del gran capital, y de las multinacionales en desmedro de la situación de los trabajadores y los pobres. Alinearse al lado de uno u otro (Santos o Uribe) es caer en una verdadera trampa mortal. Además de lo anterior, por lo expresado por el equipo negociador del gobierno y por el propio presidente santos, en la asamblea de la Andi, contra los derechos de la sociedad civil y de las víctimas de la violencia a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición; y que como miembros de esa sociedad civil no podemos aceptar: la impunidad total de los victimarios; o lo que es más grave, la conversión de los victimarios en víctimas.
Como sabíamos ya, los miembros de la FARC y de las Fuerzas Armadas, que cometieron delitos atroces contra la población civil no pagarán ni un día de cárcel. Sabíamos también que los que paguen cárcel, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas de la sociedad civil, ya fueron beneficiados, pues sólo pagarán hasta 20 años de cárcel, cuando la ley vigente en Colombia, es de 60 años de cárcel; por lo que ya se les entregó un beneficio de 40 años de cárcel; esto es, de las dos terceras partes de la pena, aunque no digan la verdad ni reparen a las víctimas o repitan los delitos atroces que cometieron. En la asamblea de la Andi, aprendimos quienes eran algunos de los terceros que también serán beneficiados de la misma impunidad: algunos industriales, que desde la sombra, sin dar la cara, financiaron la guerra contra los derechos de la sociedad civil: la muerte, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el despojo de la tierra de los campesinos, etcétera; a quienes el Presidente de la República les prometió que si votaban el sí, les iba a conceder, en palabras del propio presidente un “tremendo beneficio”; y que en realidad es un múltiple “tremendo beneficio”; pues la estrategia como él mismo lo confesó, tiene varias partes: la primera; sacarlos de la justicia ordinaria; al sacarlo de la justicia ordinaria ya no pagan 60 años de cárcel, si no hasta 20 años de cárcel; segundo otorgarles beneficios para que no paguen ni un día de cárcel; tercero aun que hayan financiado todos esos delitos atroces, no sólo no pagan un día de cárcel, si no que podrían ser considerados víctimas, con lo que pasarían de victimarios a víctimas (por arte de magia, con F-mafia-), de lo que se deduce, que como víctimas tendrían derecho a la reparación; por lo que a las verdaderas víctimas de la sociedad civil, les tocara ¡reparar a sus victimarios!
Para los miembros de la sociedad civil, de las víctimas es indiferente que la impunidad a sus victimarios, o lo que es más grave, su transformación, por acto de magia o de mafia, en víctimas, se la otorgue un tribunal nacional, un tribunal extranjero, o un tribunal mixto (integrado por nacionales o extranjeros); como es indiferente que el juez lo designe el Papa o el Secretario General de la ONU, si la ley que va aplicar el juez del Papa o de la ONU, ya le ha concedido la impunidad a los victimarios, o ha convertido en víctimas a los victimarios. Ni el Papa ni la ONU, deberían legitimar la aplicación de la ley en la que no han participado ellos, designando jueces que no tendrán alternativa distinta que aplicarla como fue negociada en La Habana, sin participación de las víctimas de la sociedad civil.
Como miembros de la sociedad civil, víctimas cuyos derechos han sido vulnerados, violados y vejados, por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y de la Andi, no podemos aceptar que se les otorgue “El tremendo Beneficio” de la impunidad total o que se les transforme de victimarios en víctimas, pues la paz de santos, es la paz de los victimarios, que ya no tendrán nada que temer, pues su SI los habrá transformado de victimarios en víctimas; esta es otra razón fundamental para no votar por él si de santos ni por el no de Uribe; por el contrario, para votar por la constituyente que le dé verdaderos derechos a la sociedad civil y le restablezca los que le fueron violados.
Por Jaime Araujo Rentería
Abogado Constitucionalista
