Voyerismo Informático

0
415

Por Ulises Durán Porto

Abogado Penalista

Cuando pensamos que los escándalos de las escuchas ilegales y el voyerismo informático había quedado  atrás,  nos encontramos con   nuevas situaciones que tiene ribetes  de novela negra.  El descubrimiento de una central de inteligencia paralela controlada por un ex Coronel y el ex General  Humberto Guatibonza de la Policía Nacional, quienes  desempeñaron cargos de inteligencia dentro de la institución y llegaron a ejercer la dirección del Gaula, constituye una grave ironía y paradoja criminal inaceptable. La verdad es que en Colombia todos estos años del siglo XXI han pasado plagados de acontecimientos de este tipo, realizados desde la delincuencia más sofisticada y del propio Estado, en unas asimetrías  que afectan directamente la legalidad del Estado de Derecho y especialmente a la Administración de justicia, que ha sido incapaz de controlar este fenómeno, investigando  y sancionando ejemplarmente a los responsables, cuyas víctimas hemos sido los abogados,  funcionarios públicos, jueces, fiscales, empresarios y por supuesto simples ciudadanos.

Estas conductas criminales atentan contra los derechos fundamentales a la intimidad y el  buen nombre,  y sobre todo generan incertidumbre ciudadana e institucional  que deslegitima al Estado democrático, que debe velar por el monopolio de la justicia y el control del crimen. La Fiscalía califica estos hechos como una  “empresa criminal” que violó la intimidad de cientos de personas cuando se accedió a sus conversaciones de Whatsapp, sus correos, sus llamadas telefónicas, entre otros.

El escándalo que  nos ocupa en esta ocasión,  también involucra al  senador Armando Benedetti, visible y polémico,  quien mantiene una controversia personal con el Fiscal general de la Nación, Doctor Néstor Humberto Martínez, al punto que recientemente lo llamó de manera inapropiada  y grosera “rufián”, que significa “hombre vil y despreciable que vive del engaño y de la estafa”, sobrepasando los límites del lenguaje crítico y las propias atribuciones que como senador tiene para insultar y atentar contra la honra y buen nombre  de cualquier funcionario público.

Los Congresistas tienen que ejercer control político pero deben ser decentes y razonables sin utilizar un  lenguaje aberrante.

El problema es mucho más grave y desde el mismo Estado  el fenómeno es  institucional.  En tratándose de procesos judiciales, por ejemplo, observamos que la reserva de las actuaciones  procesales e investigativas contempladas en la ley no se cumplen y muchas veces son los mismos funcionarios judiciales quienes “filtran”  la información a los medios de comunicación, generando un proceso paralelo que la mayoría de las veces afectan la presunción de inocencia de los investigados. En Colombia se sanciona  la violación de la Reserva Sumarial, y no conozco la primera condena por este delito, a pesar de su frecuente ocurrencia dolosa.

Aquí surge una tensión entre el derecho a  informar y ser informado  sobre los hechos que se investigan y  la reserva sumarial, que es una garantía judicial del debido proceso y derecho a una defensa técnica. La ponderación que se debe realizar en todos los casos debe otorgar preponderancia a la reserva sumarial ya que su violación afecta sin duda la dignidad humana, principio fundante de nuestro Estado democrático.  Si no fuera esta la interpretación correcta no existiría el mencionado tipo penal que protege este derecho fundamental.

Lo que está prohibido, muchas veces la Administración de Justicia lo vuelve tolerable e incluso, lo estimula, mostrando un mal ejemplo que produce un efecto inverso  en la prevención general y específica que debe tener la ley penal,  bajo el principio repetido incansablemente por el Presidente Duque: En materia de delito, quien la hace la paga.

Finalmente,  es relevante para el tema las interceptaciones del celular del ex Presidente Uribe, dentro de la investigación  que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el parlamentario Nilton Córdoba, calificadas como un “error”,  un  “hallazgo imprevisto e inevitable”, pero que por ser esta actividad trascendente y relevante para el proceso que se sigue contra Uribe, por manipulación de testigos,  la información obtenida por las interceptaciones se trasladó a su caso. Preocupante, y las razones de la Corte en vez de validar su actuación  crea incertidumbre en la opinión pública, a pesar  de la manifestación reiterada del propio procesado Uribe, quien sostiene que a él no lo incomoda que lo intercepten, sólo buscaba pruebas para desmontar las acusaciones y  que los testigos dijeran la verdad para restablecer su honra.  Una defensa dialéctica, cierta y eficaz. Aún así, la actuación de la Corte no deja de ser truculenta.

Pareciera que Colombia padece una patología,  un propósito de espiar generalizado, un voyerismo informático que genera incertidumbre y vuelve trizas la honra y buen nombre de muchos ciudadanos. Es necesario,  ante todo, que las instituciones del Estado controlen eficazmente estos desafueros y sus  funcionarios respeten la ley para que garanticen una vida digna a los ciudadanos dentro de una sociedad democrática.

Loading...

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here