La Otra Cara con Acción Popular tumbó licitación que permitía llamadas extorsivas desde cárceles

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El Tribunal de Cundinamarca, acogiendo la demanda de nuestra Veeduría Ciudadana, dictó medidas cautelares contra la millonaría contratación que pretendía hacer el Inpec con firmas de telefonía para brindales comunicación a los presos, pero en la que no se incluía el bloqueo a las llamadas delincuenciales desde los penales. El Instituto revocó la licitación.

El pasado 15 de octubre de 2017, La Otra Cara con su Veeduría Ciudadana “La Otra VerdadPI” interpuso una Acción Popular contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por abrir la licitación pública No. 02 de 2017 con el fin de prestarles el servicio de telefonía a las personas privadas de la libertad, pero no incluyó el Bloqueo a las llamadas extorsivas desde las diferentes cárceles del país, donde se cometen a diario cientos de delitos. 

La Acción Popular fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó una Medida Cautelar el 21 de noviembre, solicitada por la La Otra VerdadPI contra el Inpec para que suspendiera la licitación por 10 días y explicara porqué no se hace el respectivo bloqueo a las llamadas delincuenciales de algunos internos.

“Revisados los documentos de dicho proceso de contratación, se puede concluir que el mismo excluye de su objeto la prestación del servicio de bloqueo y/o inhibición de señales móviles para las personas privadas de la libertad, PPL, con lo cual es notorio que se incrementará la actividad delincuencial que se genera desde los penales, en especial, la comisión de delitos como la extorsión”se explica en la Acción.

Las llamadas desde las cárceles las prestan hoy, sin bloqueo, los operadores privados en 137 penales del país, especialmente en Valledupar, Picaleña, Cali, Pereira, Pedregal, Puerto Triunfo, Acacías, Bucaramanga, La Modelo, Cúcuta y Barranquilla. En esas prisiones, ese servicio vale más de 12 millones de dólares y los privados lo entregan gratis a cambio de que el Gobierno Nacional, a través del Inpec, les otorgue la concesión.

Sin embargo, son cientos los casos de delitos de extorsión, chantaje, atentados, secuestros o asesinatos, planeados y ejecutados desde las diferentes cárceles de Colombia y así están registrados por las autoridades desde hace décadas, pero no se les ha puesto freno a este tema y los casos van en aumento.  La propia Fiscalía General de la Nación ha alertado públicamente en varias ocaciones que el 50 por ciento de las llamadas extorisivas del país salen de las prisiones, en cabeza de reos de alta peligrosidad.

Por eso, La Otra VerdadPi,  dirigida por Sixto Alfredo Pinto, con el fin de apoyar a la ciudadanía, interpuso esta Acción Popular para que se protegieran los “los derechos colectivos a la seguridad pública, a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa”.

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Lo que más llama la atención es que el Estado en este caso pretendía gastar miles de millones de pesos del Erario, pues las empresas de telefonía que se ganaran la licitación, solo iban a prestar el servicio de llamadas, sin el bloqueo, el cual tenía que ser implementado por el Inpec, que debía sacar esos recursos de su bolsillo, o sea, de los impuestos de todos los colombianos para bloquear a los presos extorsionadores.

Esto se paró, gracias a la petición de medidas cautelares que nuestra Veeduría pidió sobre dicha licitación:

A raiz de nuestra demanda, el Inpec revocó la licitación y anunció que adelantará nuevos estudios técnicos, financieros y jurídicos para realizar un nuevo proceso de contratación, al parecer a comienzos del 2018 porque los contratos vigentes con las empresas de celulares se vencen en marzo de ese año.

Todos sabemos que esas grandes multinacionales de la telefonía no se va a quedar quietas porque son 12 millones de dólares los que están en juego y el Inpec volvería abrir la contratación, ojalá con el bloqueo a las extorsiones incluidas y sin micos. En todo caso, nuestra Veeduría Ciudadana estará ahí vigilante.

Si conoce algún caso de corrupción o violación de los derechos de la ciudadanía en nuestro portal lo escuchamos y denunciamos.

Por Sixto Alfredo Pinto

Director de La Otra Cara

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