El espionaje digital constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el espionaje digital contra periodistas y medios en varios países de las Américas y calificó esta práctica como “un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Una reciente investigación del The New York Times, basada en un informe de varias organizaciones civiles, reveló que el gobierno de México habría espiado entre 2015 y 2016 a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción mediante el uso del programa informático israelí Pegasus que accede a las llamadas, mensajes de texto, correos, micrófono y cámara de los móviles, entre otras formas de invasión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, expresó su condena por “el uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Entre los periodistas afectados se encuentran Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Ellos, junto a activistas perjudicados, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de expresar que “el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación”.
Rock, director del portal mexicano de noticias, La Silla Rota, agregó que “esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificación judicial es además un delito criminal”, con sanciones de entre seis y 12 años de prisión en México.
Desde hace varios años la SIP viene repudiando la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y organizaciones de noticias. La organización ha denunciado en casos de Argentina, Ecuador y Venezuela, entre otros países, la participación de organismos del Estado en la ejecución de estos delitos informáticos, que violan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que consigna que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, además de estar prohibido en la mayoría de la constituciones.
En Estados Unidos el Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de unas 20 líneas telefónicas de periodistas de la agencia Associated Press en 2012, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa de la Cámara de Representantes en el Capitolio.
En Venezuela el Estado utiliza el espionaje cibernético para vigilar a la prensa y a la oposición a través del uso de herramientas digitales y piratas cibernéticos contratados para interceptar todas las comunicaciones en los dispositivos móviles (celulares y tabletas) y computadoras.
Esta misma situación ha sido denunciada en Argentina y Ecuador, donde entre octubre de 2016 y marzo de 2017 fueron hackeadas 25 cuentas de periodistas en Twitter y ocho sitios web, según el informe de libertad de prensa presentado en la más reciente reunión de la SIP.
En 2015 en Colombia también se condenó la interceptación ilegal de comunicaciones de varios periodistas por parte de la Policía Nacional. En 2014 en Panamá se conoció que el gobierno contrató los servicios de la compañía italiana Hacking Team, especializada en tecnología de vigilancia para espiar conversaciones por WhatsApp.
Con la colaboración de Armando Martí – Miembro de la SIP
