El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través del Secretario Privado de la Casa de Nariño, Enrique Carlos Riveira Bornacelli, le respondió al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la carta con el cuestionario de 60 preguntas sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba.
Por instrucciones del Primer Mandatario, Riveira envió un texto a Ordoñez donde sienta la posición del Gobierno, respecto a los cuestionamientos del Procurador y le dice que su carta se trata más de un acto de proselitismo o política, que de ejercicio de las funciones del ente de control. Al final, Santos no resolvió las 60 preguntas del jefe del Ministerio Público.
“Por encontrarlo improcedente a la luz de la normativa constitucional vigente, he recibido instrucciones para devolver sin trámite su oficio del pasado 1 de agosto», dice el comunicado del Gobierno.
Para la Presidencia de la República resulta evidente que la intención del cuestionario del Procurador no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones en La Habana, que es pública, sino la de adelantar una actividad de control político con el presidente de la República, más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público. Lea aquí la Carta completa con Las 60 preguntas del Procurador.
«Algunas de las preguntas por ejemplo discuten porque no se han hecho convenios adicionales, o de otro tipo, o con otro alcance, o indagan por asuntos cuyas explicaciones emanan directamente de los acordado entre el gobierno y los representantes de la insurgencia. Otras contiene afirmaciones que revelan una posición política acerca de los negociado con las FARC, para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en que el señor procurador caprichosamente estima conveniente», ratifica la Presidencia.
Según la carta, muchos de sus interrogantes pretenden confundir a la ciudadanía, pues sugieren que lo convenido con las FARC «les permite continuar en su actividad delincuencial o insinuan que las autoridades publicas se abstendrán de cumplir con sus funciones en la persecución del delito», le aclara Riveira a Ordóñez y le recuerda que el Presidente Santos tiene la potestad, por norma constitucional, para llevar a cabo diálogos de paz con las FARC o cualquier otro grupo al margen de la ley en Colombia.
«Debe recordarse, señor Procurador, que el Presidente en su calidad de Jefe de Estado y jefe de Gobierno es el responsable de conservar el orden público en todo el territorio nacional y que derivado de dicha obligación tiene la potestad exclusiva para adelantar los diálogos de paz y para definir los mecanismos necesarios para la reincorporación de los delincuentes políticos a la vida civil», puntualiza la misiva de la Casa de Nariño.
Para muchos expertos, la respuesta de Santos, a través de su Secretario Privado, es diplomática porque la carta de Ordóñez se trató de un acto político, pero para otros es una salida fácil del Primer Mandatario para no responder a cabalidad las 60 preguntas del Procurador.
